Texto: Jesús Saavedra
Chilpancingo, Gro., 20 de julio de 2022.- Los ocho supervisores de la zona de Telesecundarias de la Montaña Alta de Guerrero pidieron la intervención de la gobernadora, Evelyn Salgado Pineda ante las “graves irregularidades” que se han registrado en cambios de adscripción, donde aseveran hay complicidad de altos funcionarios de la Secretaría de Educación en Guerrero (SEG).
Los supervisores de las zonas de Telesecundaria 021, 048, 065, 066, 077, 078, 079 y 080 de la Montaña enviaron un escrito a la gobernadora y al titular de la SEG, Marcial Rodríguez Saldaña en donde hacen esta denuncia pública.
Denunciaron “graves irregularidades” en el proceso de una decena cambios de centro de trabajo y “los jefes de las distintas áreas involucradas no han cumplido con las premisas de su gobierno, no robar, no mentir y no traicionar”.
Explicaron que esos 10 cambios de adscripción argumentan “situaciones de inseguridad en la región montaña alta, entre docentes se comenta que es la forma más rápida para salir de la región, ya que UESICAMM no funciona”.
Señalaron que esos cambios “son solapados” por el titular de la unidad de Asuntos Jurídicos de la SEG, Roberto Cuevas Bahena quien el 4 de enero pasado firmó una circular donde se indican los requisitos para el análisis de tales situaciones y emitir una opinión jurídica a la comisión técnica estatal de cambios y permutas sobre la verificación y reubicación.
En esa circular, en el punto 7 solicita como requisito un “informe, sobre el caso, del supervisor escolar o director, donde haga constar que tiene conocimiento de los hechos”.
Explicaron que en esos “cambios irregulares los informes no se han emitido por los supervisores o directores, siendo ellos quienes conocen de primera mano el contexto local, al contrario, se ha hecho saber a la autoridad que las condiciones de seguridad son óptimas para los docentes”.
Indicaron que en el Ministerio Público de la Montaña “las carpetas de investigación se pueden conseguir sin pruebas que avalen los hechos, la unidad de Asuntos Jurídicos ha dictaminado a favor de los casos sin uno de los requisitos principales, la opinión de supervisores o directores. Se supone que emite una opinión basada en el análisis de los documentos, no hacen una investigación profunda de la veracidad de los hechos. Lo que ha provocado esta práctica es que nuestro subnivel educativo sea el que presente el mayor número de solicitudes de reubicación por asuntos de inseguridad con respecto a los otros niveles”.
Calificaron de “vergonzoso que las autoridades se presten para dejar en el abandono total a cientos de alumnos indígenas que se encuentran en un profundo estado de rezago educativo en nuestra región. Desafortunadamente una vez más somos testigos de la ineficacia de los procesos y la inexistencia de las autoridades”.
Indicaron que la autoridad encargada de sancionar estas acciones arbitrarias por los distintos jefes de área es la Contraloría Interna de la SEG, “la cual no ha realizado lo propio para sancionar a las autoridades correspondientes que arbitrariamente utilizan su cargo para beneficiar a algunos docentes”.
Informaron que el pasado 8 de junio sostuvieron una reunión con el subsecretario de Planeación Educativa, Benjamín Adame Pereyra donde se comprometió a dar respuesta a las incidencias demostradas y que hasta la fecha no las ha resuelto.
En esa reunión se impugnaron algunos dictámenes de cambio otorgados a profesores que alegaron inseguridad, oficios de reincorporación de los docentes que no tenían dictamen alguno de cambio y sin embargo ya no están laborando en las zonas escolares afectadas.
Y que a la fecha “ninguno de los acuerdos ha sido respetado” y que inclusive se informó oficialmente de esos 10 cambios por “inseguridad”.
Agregaron que hay otros 4 cambios “restantes quienes no se han presentado a laborar ni se han comunicado con supervisores o directores y el departamento de telesecundaria no ha aplicado la normativa vigente”.
Advirtieron que ante la falta de maestros padres de familia de los menores su profesores, por esos cambios de adscripción podrían movilizarse y por eso urgieron la intervención de la gobernadora.