Texto: Juan Blanco
Chilpancingo, Gro., 15 de agosto de 2022. – Desalojar a los civiles armados que se hacen llamar policías comunitarios de las carreteras del estado a pesar de que se les ha relacionado con grupos delictivos, podría generar problemas sociales e ingobernabilidad en Guerrero, señaló el titular de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, Evelio Méndez Gómez.
También informó que los seis ejecutados, dos de ellos decapitados, encontrados entre las comunidades de Tolixtlahuaca y Tejerías, municipio de Quechultenango, el 5 de agosto pasado, son producto de una pugna que dos grupos rivales iniciaron en esa zona de la región Centro de la entidad.
Este día, el funcionario asistió al evento de Entrega de Equipo, Suministros y Materiales en el Registro Público Vehicular (Repuve), en esta ciudad, que presidió la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, a cuyo acto oficial también acudieron funcionarios de seguridad federales.
Entrevistado al término del evento, Méndez Gómez habló acerca de los ataques a tiros que sufrió el sábado y el domingo la comunidad de San Jerónimo Palantla, municipio de Chilapa de Álvarez, y dijo que en cuanto se tuvo el reporte, la Base de Operaciones Mixtas (BOM) conformadas por la Policía Estatal, Guardia Nacional y Ejército Mexicano, se desplegó en esa zona de la Montaña Baja.
Informó que durante los recorridos no hallaron a personas muertas ni heridas y no se suscitaron enfrentamientos, y que hoy el director de Gobernación Estatal, Francisco Rodríguez Cisneros acudió a la comunidad para entablar mesas de negociación.
Y es que el Frente Popular de la Montaña «Francisco Villa» y la Policía Comunitaria de la Paz y la Justicia denunciaron que quienes perpetraron los ataques en contra de ellos y de los habitantes, fueron policías comunitarios de la CRAC-PC-PF y el Cipog-EZ, de Alcozacán, ubicado también en Chilapa, cuyas organizaciones armadas mantienen una disputa añeja.
Respecto a los retenes de civiles armados que se hacen llamar policías comunitarios que mantienen en las carreteras del estado a pesar de que se les ha relacionado con grupos delictivos y que por lo tanto son ilegales y deben ser retirados, principalmente los de la UPOEG de la carretera federal Acapulco-Costa Chica-Pinotepa, respondió que quitarlos generaría problemas sociales e ingobernabilidad.
«No podemos llegar con la Policía Estatal y quitar a estos grupos de civiles armados que tiene una base social muy grande y generar una situación de ingobernabilidad que afectará a toda la sociedad», dijo, pero reconoció que todas las policías comunitarias que se encuentran en la Tierra Caliente, la Sierra, la Montaña Baja, la zona Centro y en la Costa Grande, son ilegales.
Aclaró además que «es un tema que tiene que ver, no con la Policía Estatal, sino con la Secretaría General de Gobierno para seguir las políticas que dicte la gobernadora».
Agregó: «Tendría que ser una estrategia que se tome en la Mesa para la Construcción de la Paz para retirar a estos grupos de civiles armados, que por denuncias de la gente sabemos que cometen actos indebidos».
Por otra parte, el secretario reconoció que se tiene una situación de inseguridad complicada en el municipio de Quechultenango donde fueron asesinadas seis personas, entre ellas dos decapitadas, entre las comunidades de Tolixtlahuaca y Tejerías, municipio de Quechultenango, el 5 de agosto pasado.
«Tenemos información de que hay una pugna entre grupos armados, el grupo que denomina esa área que es ‘Los Ardillos’, con el grupo de la sierra que está bajando. Esa es la información que tenemos porque primero se manejó que se trataba de un asunto de tierras, pero la información que arrojó Inteligencia, sí nos dice que fue un enfrentamiento entre estos dos grupos armados», señaló.
Ante ello, informó que agentes de la Secretaría de Seguridad Pública en coordinación con el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, están llevando a cabo recorridos en el área «para mantener la paz y no se vean afectadas terceras personas de la población», explicó.