Texto: Jesús Saavedra
Chilpancingo, Gro., 26 de agosto de 2022.- El ex alcalde perredista de Iguala, José Luis Abarca Velázquez, dirigentes del grupo criminal Guerreros Unidos (GU) y “algunas otras autoridades” ordenaron el asesinato y desaparición de los 43 normalistas la noche del 26 de septiembre del 2014, aseveró el presidente de la Comisión para la Verdad y la Justicia en el caso Ayotzinapa, Alejandro Encinas Rodríguez.
El también subsecretario de Gobernación en materia de Derechos Humanos, sostuvo que hay una “gran diferencia” entre la “verdad histórica” que concluyeron en la extinta Procuraduría General de la República (PGR) que encabezaba, Jesús Murillo Karam y las conclusiones preliminares que presentó el jueves de la semana pasada, “nosotros no torturamos a nadie, fue un trabajo científico”, afirmó.
Encinas Rodríguez estuvo este viernes en la conferencia matutina en Palacio Nacional para abundar sobre las conclusiones que presentó la semana pasada y que derivaron en varias órdenes de aprehensión de la Fiscalía General de la República (FGR), una de ellas precisamente contra Murillo Karam y se prevé que en los próximos días haya más detenciones en el fuero civil y en el fuero militar, adelantó.
En la conferencia el funcionario federal, sostuvo que el trabajo de la Comisión se basó en la “reconstrucción y análisis dos momentos contexto antecedente de los hechos, personas y autoridades que participaron en la desaparición de los estudiantes y las repercusiones que se tuvieron en las semanas posteriores; una segunda parte es el análisis de la intervención de autoridades de distintos órdenes de gobierno en el encubrimiento de los hechos de esa trágica noche”.
Defendió que los resultados preliminares de esa Comisión, “es el resultado de un proceso técnico, un análisis técnico y científico que contó con el apoyo y asesoría de un comité científico asesor, la ciencia y la tecnología deben estar al servicio de la verdad”.
Aceptó que el informe tiene también un “contenido político, pues esclarecer un crimen y más un crimen de estado, además de que es una responsabilidad del gobierno, es un asunto que hemos encarado con convicción y voluntad política para ir al fondo de los hechos”.
Subrayó que el informe se basa en 13 fuentes de información básica y mencionó a la Secretaría de Gobernación, la Sedena, Marina, Seguridad, la Comisión Nacional de Inteligencia, la Procuraduría de Justicia de Guerrero, la PGR, FGR, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), la CNDH, los testimonios y colaboración de 115 personas “que conocen, estuvieron involucrados en los hechos”.
Hizo una comparación de la “verdad histórica” de la extinta PGR “se sustenta que los estudiantes acudieron a Iguala a boicotear el informe de la presidenta del DIF (María de los Ángeles Pineda Villa) lo cual es falso, el objetivo de los estudiantes era tomar camiones, cuando llegan a Iguala ya había concluido este evento”.
Descartó que esa noche haya habido “enfrentamientos entre estudiantes y policías municipales, eso no existió, fueron agresiones de los policías municipales contra los estudiantes; se dice que la policía de Iguala entregó a GU a los estudiantes quienes fueron ultimados e incinerados en el basurero de Cocula y sus restos depositados en bolsas de plástico en el río San Juan, lo vamos a demostrar que en ningún momento los estudiantes estuvieron juntos, hubo un operativo especial que dispersó a los estudiantes en distintas regiones del perímetro de Iguala y sí hubo actos de agresión en donde el grupo de GU en complicidad con autoridades y fuerzas de seguridad del estado municipal y federal: ultimaron y desaparecieron a los estudiantes”.
Señaló que existe “una diferencia sustancial de fondo, la verdad histórica se sustentó en las declaraciones obtenidas mediante tortura, en la fabricación de pruebas y la manipulación de la escena del crimen. Nosotros no torturamos absolutamente a nadie”.
Mostró unas láminas de llamadas y mensajes telefónicos que permitió reconstruir cómo se fraguó la agresión y desaparición de los 43 normalistas, donde destacó la actuación de sicarios de GU, autoridades estatales, municipales e inclusive del Ejército, quienes mantuvieron comunicación en los momentos claves de esa noche.
A través de un diagrama mostró “cómo se fue tejiendo la red de complicidades de GU con distintas autoridades para la operación de la persecución, violencia, detención y desaparición de los muchachos y pudimos establecer la red de vínculos en el caso Ayotzinapa de GU con policías de Cocula, Iguala, Tepecuacuilco y Huitzuco, hubo 6 núcleos combinados de halcones, sicarios, policías municipales y otras autoridades en distintos puntos, se demuestra que los estudiantes en ningún momento estuvieron juntos después de su salida de la central de autobuses fueron cinco autobuses que tomaron rutas distintas y fueron dispersados después de la intervención de distintas policías municipales y se descarta que fueron entregados todos juntos a GU”.
En ese diagrama se mostró que el capitán, José Martínez Crespo (quien se encuentra detenido por el fuero militar y sujeto a proceso judicial por delincuencia organizada) mantuvo comunicación con el entonces alcalde de Iguala, José Luis Abarca Velázquez.
Alejandro Encinas mostró que en el análisis de contexto que hicieron del caso hay 4 elementos, la privación de la libertad y asesinato del dirigente perredista, Arturo Hernández Cardona en junio del 2013 y que originó movilizaciones, una de ellas de los normalistas de Ayotzinapa, quienes tomaron la alcaldía de Iguala en demanda de presentación del dirigente, “ese homicidio se atribuye a José Luis Abarca que está detenido por ese delito, no por la desaparición, a partir de ese momento los estudiantes fueron amenazados por el alcalde y GU que no regresaran a esa ciudad o se atendrían a las consecuencias”.
Volvió a mencionar el contexto de la disputa de la plaza entre Los Rojos y GU, “hay un antecedente es 10 junio del 2014 un retén del Ejército, la PGR decomisó 107 kilos de heroína pura de los cuales solo entregaron 24 kilos”.
También que la desaparición de los 43 normalistas, “pudo haberse evitado, las omisiones de la autoridad propició esos hechos, existencia de un normalista miembro del Ejército, integrante de las fuerzas armadas, que desapareció y en ningún momento la autoridad estableció el mecanismo de búsqueda que marca el protocolo de la Sedena que de haberse aplicado para garantizar la integridad física de Julio César López Patolzin”.
Señaló que posterior a la desaparición de los normalistas, se tejió “una acción concertada desde el más alto nivel del aparato del gobierno para tergiversar los hechos, alteró la escena del crimen, escondió los vínculos de autoridades con GU, generaron vicios y deficiencias que obstaculizaron el acceso al derecho de la verdad y la justicia, es un crimen de estado porque no solamente se trata de la desaparición y pérdida de vida de los estudiantes, se conjugan 4 delitos graves y violaciones a los derechos humanos: desaparición forzada, privación ilegal de la libertad, homicidio, participación e involucramiento de agentes estatales con consentimiento del estado, la negativa, ocultamiento y manipulación de investigaciones por parte de instituciones gubernamentales que propició la impunidad”.
Reiteró que los normalistas fueron agredidos, asesinados y desaparecidos porque se llevaron un autobús con “mercancía” que era droga o dinero y que los mandos de GU ordenaron a sicarios, policías municipales y otros cómplices del Ejército, “recuperar la mercancía y darles un castigo ejemplar a los estudiantes” y mencionó que los destinos donde se los llevaron fueron hacia el Río Balsas, el pozo de Pueblo Viejo hacia la mina de Taxco.
Sostuvo que tienen información que “mandaron cocinar (a disolver en ácido) a 10 de los estudiantes e incluso hay la información corroborada que 6 de los estudiantes de los 43 desaparecidos estuvieron retenidos y con vida 4 días después de los hechos del 26 de septiembre, en lo que llaman la bodega vieja y de ahí fueron entregados al Coronel (del Ejército), José Rodríguez Pérez quien se hizo cargo de esos muchachos”.
Indicó que 3 estudiantes “están plenamente identificados y no fueron encontrados en el río San Juan, sus restos fueron encontrados en distintos puntos del ejido de Cocula”.
Sostuvo que la tesis de la extinta PGR que la desaparición de los estudiantes se trató de “un asunto local, es totalmente absurdo, participaron diversas instituciones, hubo intervención de autoridades del estado en la desaparición de los muchachos”.
Alejandro Encinas subrayó que “no hay indicio alguno, lamentablemente que los estudiantes se encuentren con vida y que por el contrario todos los testimonios y evidencias establecen que fueron arteramente ultimados y desaparecidos y que es necesario continuar en la búsqueda en la rivera del río Balsas, en la laguna de Nuevo Balsas en Atzcala, municipio de Cocula, barranca de Tonalapa en el municipio de Tepecuacuilco, brecha de Lobos y paraje Suriana en Iguala, inmediaciones de Tepehuaje”.
Aseveró que no van “a solapar ningún abuso, violación a los derechos humanos e injusticia alguna, finalidad de la Comisión es saber qué pasó y dónde están los muchachos, corresponde a FGR hacer acusaciones con base a las evidencias para su judicialización, los imputados pueden defenderse y las víctimas pueden participar a través de sus representantes”.
Hizo un llamado a las personas que tengan información de esa desaparición forzada, cooperar con la Comisión y dar esa información “para esclarecer esos deleznables hechos”.
A pregunta directa de quién dio la orden de asesinar y desaparecer a los 43 normalistas, Encinas Rodríguez respondió, “fue ‘A1’ quien presuntamente es José Luis Abarca Velázquez, los dirigentes de GU, en coalición con algunas otras autoridades.
Señaló que los 43 estudiantes “fueron objeto de una labor cruel de desaparición y se está tratando de ubicar los sitios donde hay testimonios de las personas involucradas de que incluso fueron removidos los restos a otro lugar después de la noche de la desaparición”.
Del comité de madres y padres de los muchachos desaparecidos, dijo que han “convenido con ellos de decirles la verdad por dolorosa que ésta sea, le daremos a conocer a ellos antes que a nadie la información que tenemos de ese informe, que lo analicen con detenimiento y podamos conocer sus preocupaciones”.
Añadió que han aportado la información a la FGR para el deslinde de responsabilidades, “no somos policías, ministerios públicos, será la autoridad quien defina la responsabilidad, involucra a autoridades, que crearon una verdad con actos de tortura, que la autoridad haga su trabajo” y que el Ejército también tendrá que deslindarlas dentro de sus filas y con los señalamientos directos a mandos y soldados que participaron en esos hechos.