Texto: Jesús Saavedra
Chilpancingo, Gro., 17 de octubre de 2022.- Un centenar de organizaciones sociales y defensores de derechos humanos del país y del extranjero, manifestaron su solidaridad con los integrantes del Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan”, Abel Barrera Hernández, Vidulfo Rosales Sierra y Rogelio Teliz García, además del dirigente del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la presa La Parota (Cecop), Marco Antonio Suástegui Muñoz.
En un documento firmado por más de cien organizaciones sociales y de defensa de derechos humanos, repudiaron que el Ejército intente vincular con actividades criminales a los tres integrantes de “Tlachinollan” y al dirigente del Cecop.
Luego que el grupo Guacamaya, interviniera el sistema informático de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), lograron obtener miles de documentos clasificados del Ejército en donde vinculan a Rosales Sierra con el Cecop, como una organización dedicada al cobro de cuotas, extorsiones y secuestros; en ese informe de inteligencia del Ejército también se involucra a Barrera Hernández, Teliz García y Suástegui Muñoz.
Por esa razón este lunes se había convocado a una marcha en respaldo a las cuatro personas en mención, pero fue cancelada y reprogramada para el próximo miércoles.
En el documento criticaron que el Ejército mantenga una “estrategia de contrainsurgencia no solo se utiliza en contra de movimientos armados insurgentes, sino también en contra de todo aquel que lucha por la verdad, la justicia y la reparación del daño, como lo hacen algunas y algunos defensores de Derechos Humanos, periodistas y luchadores sociales”.
Dijeron que es preocupante que el Ejército señale “la presencia de tres organizaciones civiles que cometen diversos ilícitos y una está ligada a Vidulfo Rosales, abogado de los familiares de Ayotzinapa” y del Cecop, “que según el Ejército, es una organización dedicada a cometer distintos ilícitos”.
Sostuvieron que ese informe interno del Ejército, “contiene errores, es falsa y exhibe la incapacidad de los cuerpos de inteligencia del Ejército al confundir una organización campesina con una instancia gubernamental”.
Manifestaron estar preocupados, “que desde las fuerzas armadas tengan una percepción cuya tendencia es criminalizar a las personas defensoras de derechos humanos y catalogarlas junto a grupos criminales”.
Señalaron que no dudan “que se prepara una inminente acción judicial contra el defensor que se hará efectiva en la medida que las madres y los padres de nuestros 43 compañeros de Ayotzinapa desaparecidos el 26 y 27 de septiembre de 2014 se acerquen a la verdad. A la fecha todas las investigaciones apuntan a elementos del ejército, gobernantes y políticos de alto nivel. La defensa del compañero Vidulfo ha sido decisiva en esta lucha por lo que el Ejército busca neutralizarlo y silenciarlo y no dudará ejercitar acciones penales o de otra índole en su contra”.
Dijeron que la lucha de los padres y los abogados, “afecta intereses, económicos y políticos de las élites que recurren a la calumnia, a la difamación, criminalizando y deslegitimando nuestra lucha. La lucha de las madres y padres de los 43 amenaza con colocar al ejército en el banquillo de los acusados y la voz y denuncia permanente del compañero Vidulfo ha sonado con estridencia al grado que molesta al poder militar que ahora da un manotazo para acallar voces incómodas y vigilar a los que considera enemigos realizando impunemente señalamientos infundados”.
Sostuvieron que el acuerdo de las fuerzas armadas con el presidente, Andrés Manuel López Obrador “les asegura inmunidad y se creen con el derecho de señalar y atentar contra luchadores sociales y defensores de derechos humanos, mientras tanto a las bandas delictivas les permiten que actúen libremente y en muchos casos se asocian con ellos para delinquir, tal y como lo muestra el caso Ayotzinapa”.
En ese caso, señalaron se comprobó que delincuentes de Guerreros Unidos “convivían y se reunían con altos mandos militares del 27 Batallón de Infantería con sede en Iguala, mientras tanto, fichaban y hostigaban a defensores y luchadores sociales asociándolos con actividades ilícitas que ni siquiera comprobaron y que son falsas”.
Por ello demandaron el “cese el hostigamiento y la inminente represión contra el compañero Vidulfo Rosales, Abel Barrera, Marco Antonio Suástegui Muñoz y Rogelio Teliz García, que se den garantías para que continúen con su labor de defensores de derechos humanos y se realicen investigaciones contra el ejército mexicano por realizar operaciones de seguimiento y vigilancia ilegales”.