Texto: Juan Blanco
Chilpancingo, Gro., 14 de noviembre de 2022. – El titular del Órgano de Control Interno del Ayuntamiento de Chilpancingo, Erick García Ocampo dio a conocer que la Auditoría Superior de la Federación (ASF), les hizo llegar un requerimiento en contra del ex alcalde priísta Marco Antonio Leyva Mena, para que regrese 10 millones de pesos que nunca solventó durante un procedimiento que lo alcanzó.
En conferencia de prensa matutina de la alcaldesa Norma Otilia Hernández Martínez, el funcionario dijo que no sólo tienen procedimientos abiertos en contra del perredista Antonio Gaspar Beltrán sino también contra el ex primer edil interino Jesús Tejeda Vargas y el ex presidente Mario Moreno Arcos.
Señaló que este último, quien fuera candidato a la gubernatura de Guerrero durante el proceso electoral 2020-2021, «está siendo investigado por un tema ahí del fertilizante; Tejeda, quién sucedió a Marco Leyva, también tiene unos procedimientos abiertos”, detalló.
Agregó que «también sus respectivos secretarios de Finanzas y las áreas que generan ingresos y ejecutan, como Obras Públicas son las secretarías que siempre son investigadas, y hay más funcionarios investigados».
Sin embargo, resaltó que uno de los casos más relevantes se dio apenas la semana pasada, cuando la ASF les hizo llegar un requerimiento en contra del ex alcalde priista Marco Antonio Leyva Mena, para que regrese 10 millones de pesos que nunca comprobó.
«Es algo que nosotros ya le dimos vista, y es algo que nosotros vamos a iniciar de manera inmediata el procedimiento para fincar responsabilidad porque también ya es un procedimiento muy avanzado que no logró solventar», dijo García Ocampo.
Manifestó que «no es una cuestión partidista, no es una cuestión selectiva en contra de sólo algunos ex presidentes» sino que «aquí el combate a la corrupción va de afuera hacia adentro y de adentro hacia afuera».
En su intervención, la alcaldesa Norma Otilia Hernández Martínez aseguró que todos estos procedimientos no tienen nada que ver con una «cacería de brujas» sino que son resultados que arrojan las auditorías ejecutadas por las instancias fiscalizadoras.
“La Contraloría no tiene la misión única y exclusiva de meter a Toño Gaspar a la cárcel; No somos fiscalía, no somos Ministerio Público, no es nuestra función perseguir o la persecución del delito, esa labor es del Ministerio Público del Fuero Común», aclaró en su segunda intervención el titular del Órgano de Control Interno.
Lo anterior, respecto al estado legal que se encuentra en contra del ex primer edil perredista, quien en reiteradas ocasiones ha sido señalado por la actual administración de haber incurrido en observaciones relacionadas con manejo de recursos humanos.