Texto: Jesús Saavedra
Chilpancingo, Gro. 28 de febrero de 2023.- Concejo Indígena y Popular de Guerrero Emiliano Zapata (Cipog-Ez) exigió la liberación total de los detenidos en Buenavista de la Salud, que pertenecen a la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Pueblos Fundadores (CRAC-PF), pues solo han liberado a 4 de los 7 que fueron apresados en un operativo policiaco y militar el pasado 18 de febrero.
Ese día el gobierno federal y estatal iniciaron un operativo en Buenavista, municipio de Chilpancingo y concluyó en Tierra Colorada, municipio de Juan R Escudero, donde liberaron la carretera de retenes que habían instalado civiles armados desde hace varios años.
El Cipog-Ez, informó que en ese operativo se causaron “destrozos en varias casas y temor entre la población, así como la detención de los compañeros José Antonio Maldonado Cisca actual coordinador del Sistema Comunitario de Buenavista de la Salud; a José Maldonado Gómez segundo comandante del Sistema Comunitario y a los policías Comunitarios José Luis Barrera Sandoval, Víctor Jaime Bautista Morales, Miguel de Jesús Jiménez, Ignacio Ávila Miranda y Guadalupe Echeverría Parral”.
Señalaron que los 7 “fueron detenidos injustamente, argumentando portación de armas exclusivas del ejército y fueron trasladados al Centro Regional de Readaptación Social en Chilpancingo”.
Informaron que este domingo por la madrugada, “después de varias entrevistas a los delegados, comisarios y promotores de las comunidades que conformamos la Casa de Justicia de los Pueblos Fundadores y al Cipog-Ez, se acreditó que los compañeros de Buenavista se integraron al Sistema de Justicia Comunitaria de la CRAC-PF el pasado 16 de enero de 2023, para brindar seguridad a su comunidad”.
Y que por esa razón obtuvieron su libertad “José Luis Barrera Sandoval, Víctor Jaime Bautista Morales, Miguel de Jesús Jiménez, José Antonio Maldonado Cisca; sin embargo, el Estado decidió mantener presos a José Maldonado Gómez, Ignacio Ávila Miranda, Guadalupe Echeverría Parral, acusándolos de portación de armas de uso exclusivo del ejército”.
Indicaron que es “preocupante que los sistemas comunitarios que fueron creados para proteger la vida y la integridad física de las personas de nuestras comunidades, seamos perseguidos, sometidos y víctimas de la fabricación de delitos por parte de quien debería brindar protección”.
Condenaron “el trato que dan a nuestros hermanos tal como si fueran delincuentes es preocupante, pues los delincuentes son ‘Los Ardillos’, ‘Los Rojos’, así como las corporaciones del Estado vinculadas a ellos, pero éstos se mueven libremente, asesinan, secuestran, torturan, con total libertad e impunidad”.
Se quejaron que ninguna de las autoridades de los tres niveles de gobierno, pueda garantizar la seguridad en comunidades que están “asoladas por grupos criminales”.
Y mencionaron en especial a localidades de Chilapa de Álvarez y José Joaquín de Herrera, “no somos las únicas comunidades violentadas, no obstante los ataques sufridos responden a un patrón de agresión, a causa de que hemos decidido organizarnos para garantizar nuestra seguridad interna, puesto que el Estado Mexicano no ha proporcionado y garantizado la seguridad”.
Agregaron que van a “tomar las carreteras y desplegar acciones coordinadas para exigir la libertad de José Maldonado Gómez, Ignacio Ávila Miranda, Guadalupe Echeverría Parral, hasta su inmediata liberación”.
Y advirtieron que responderán “a la violencia de los grupos delincuenciales, pero también a la ineptitud y colusión de las instituciones del Estado con los grupos narco-paramilitares. Llamamos a todos nuestros hermanos y hermanas de Guerrero, de México y del mundo a estar atentos, pues vemos una persecución directa en contra de nuestra organización y Sistema de Justicia”.