Texto: Jesús Saavedra

Chilpancingo, Gro. 08 de junio de 2023.- El Consejo Regional de Autoridades Comunitarias, criticó severamente la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de avalar la consulta que realizó el Congreso del Estado para una reforma en materia de derechos y cultura indígena en Guerrero.

El pasado 5 de junio el pleno de la SCJN resolvió la acción de inconstitucionalidad 133/2022 que interpuso la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en contra de esa consulta que organizó el Congreso de Guerrero, “en su fallo consideró que el Congreso del Estado de Guerrero cumplió con las fases preconsultiva, informativa, diálogo, deliberación y decisiva que debe revestir la consulta, además dijo que esta fue libre, previa, informada, de buena fe y culturalmente adecuada”.

Este jueves las Casas de Justicia de San Luis Acatlán, Espino Blanco, Zitlaltepec y Las Juntas Caxitepec, condenaron esa resolución del pleno de la SCJN, “es un fallo emitido desde la comodidad de los escritorios de los ministros. Se limitaron a realizar un análisis de documentos fabricados por el Congreso del Estado en que se asientan diálogos, asambleas, deliberaciones y decisiones que no se realizaron de manera efectiva”.

Lamentaron que los ministros “no tomaron en cuenta las centenares de actas levantadas en los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas que daban cuenta que el Congreso del Estado nunca informó de la reforma indígena ni realizó diálogo alguno con los pueblos, tampoco participamos en la elaboración del protocolo de consulta. Trabajadores del Congreso y asistentes de los diputados pagados se desplazaron a varias comunidades para recabar firmas y realizar reuniones rápidas sin información para los pueblos mucho menos se permitió la discusión y análisis acucioso de la reforma que planteaban”.

Consideraron que esa resolución “flexibiliza los requisitos de la consulta a los Pueblos indígenas y Afromexicanos permitiendo que las autoridades con simples trámites burocráticos y el llenado formal de documentos simule consultas que nunca se realizaron en los pueblos y comunidades. Se privilegia los formalismos documentales prescindiendo de verificar si las comunidades fueron informadas, dialogaron, deliberaron y tomaron decisiones libremente. Ahora las autoridades podrán llevar a la SCJN un rollo de papeles diciendo que consultaron y tal proceder burocrático será validado sin reparos por los ministros y con ello se allana el camino para que gobiernos y empresas nos sigan saqueando y explotando”.

Indicaron que “otros aspectos de inconstitucionalidad de la reforma del Congreso no fueron analizadas de oficio por la SCJN, tales como la falta de armonización legislativa de las leyes locales con los tratados internacionales y la constitución política y el principio de progresividad que obliga a las autoridades a abrogar derechos ya reconocidos como es el caso de la Ley 701 del 2011 aprobada por la legislatura de ese tiempo”.

Afirmaron que la SCJN “se erige en el supremo poder neocolonial que pisotea a los pueblos indígenas y afromexicano desconociendo nuestros derechos, cual fiel capataz de las élites económicas y políticas da continuidad a la opresión y discriminación de nuestros pueblos y nos condena a seguir siendo vasallos de los ladinos y mestizos, ciudadanos de tercera, sobreviviendo en la pobreza extrema y exclusión social”.

Criticaron que los ministros, “sin rubor alguno resuelve favorable los amparos y otras acciones que promueven las elites políticas y económicas de este país contra los proyectos del presidente de la República, pero a los pueblos por ser indígenas y pobres somos aplastados por la bota judicial de los ministros con vocación neocolonialista”.

Por ello les señalaron a “los diputados de Guerrero, a los ministros y a los gobiernos neocoloniales les decimos, los pueblos indígenas hemos resistido por más de 500 años, somos herederos de grandes civilizaciones y formamos parte de este país, contribuimos a la conformación y consolidación del estado democrático, por lo tanto, no son los gobiernos e instituciones con modelos occidentales quienes reconozcan nuestros derechos, no les vamos a pedir permiso para ejercer nuestros derechos. Seguiremos cuidando nuestras tierras y territorios, no permitiremos la entrada de las empresas extractivistas, seguiremos brindando seguridad y justicia en nuestros pueblos sin

permitir que la delincuencia coludida con el gobierno penetre nuestros territorios, nuestras asambleas seguirán nombrando nuestros gobiernos comunitarios y seguiremos impulsando la creación de nuestros municipios indígena y Afromexicano”, agregaron.

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