Texto: Jesús Saavedra
Chilpancingo, Gro. 25 de julio de 2023.- El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) sostuvo que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) “oculta intencionalmente” información que posee de lo que sucedió la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre del 2014 en Iguala con la desaparición y destino de los 43 normalistas de Ayotzinapa, “lo cual impide seguir trabajando para llegar a la verdad”.
Este martes los integrantes del GIEI, Ángela Buitrago y Carlos Martin Beristain dieron un último informe público en la Ciudad de México y anunciaron que este miércoles sostendrán una reunión con los integrantes de la Comisión para la Verdad y la Justicia en el caso Ayotzinapa (Covaj) y que saldrán del país, “es técnicamente imposible continuar con nuestra labor, mientras la Sedena no muestre apertura para llegar a la verdad y se haga justicia”, aseveraron.
Ángela Buitrago explicó que este último informe se basa en un análisis técnico de 2 mil 800 llamadas al C4 de Iguala y se centra en 500 llamadas de la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre del 2014.
Explicó que en el C4 de Iguala había dos militares en las dos secciones, una donde se recibían llamadas y otra donde se manejaba y manipulaba las cámaras, “las cámaras fueron desviadas a propósito para que no se vieran las camionetas donde se llevaron a varios estudiantes”.
Indicó que también el Sistema de Información e Inteligencia de la Sedena hay información de lo que sucedió con la desaparición de los 43 muchachos, “segundo a segundo, de los disparos, de las detenciones y de la violencia, son registros que están reportados en toda su integridad, son 3 mil 900 registros, 2 mil 890 se centran en lo que sucedió el 26 y 27 de septiembre, cada registro narra los hechos que sucedieron en Iguala, desde la llegada de los estudiantes, la toma de autobuses, los disparos y los muertos”.
Afirmaron que los mandos militares de Iguala y de Guerrero, sabían de “la alerta y la alarma era clara, había comunicación permanente, había comunicación con otras personas que están debidamente identificadas y que por materia de investigación no se pueden revelar sus identidades”,
Señalaron que en estos hechos de violencia y de desaparición participaron policías estatales, federales, militares, trabajadores del volante, policías de tránsito, policías de Iguala, Cocula y Huitzuco, policías Ministeriales.
Señalaron que también el Centro de Investigación y Seguridad (Cisen) “hizo seguimiento completo de actividades de los chavos, de ese día solo hay dos informes que eran jóvenes y que iban a tomar autobuses para marcha” pero hay testimonios que en los dos ataques armados que hubo esa noche contra los normalistas, agentes del Cisen estaban en el lugar.
Denunciaron que “se ha ocultado su participación e incluso interrogatorios y actos de tortura, hay videograbaciones donde aparece Tomás Zerón y el ex jefe Seido, hay un agente del Cisen que no ha sido detenido es una consignación que la FGR puso en marcha y no se ha detenido” y revelaron que han pedido a la Fiscalía que se cite a declarar a quien fuera secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong de quien dependía el Cisen.
Carlos Martin Beristain criticó que se haya actuado de manera violenta contra normalistas y civiles que dejaron varias personas heridas, asesinadas y 43 estudiantes desaparecidos, “¿Cómo fue posible que sucediera esto en una ciudad pequeña (como Iguala) con dos Batallones, con cerca de 600 militares?; la respuesta es por colusión con el narcotráfico con mandos militares, con policías, con agentes del Estado, eso explica su comportamiento durante esos tristes hechos”.
Aseveró que también el Ejército tiene “una visión contrainsurgente que señala a los jóvenes con ser parte de la guerrilla, los estigmatizaron de manera negativa. N o hay un solo documento de los que hemos analizado que señale que los jóvenes estuvieran coludidos con el narcotráfico, en cambio hay informes oficiales y militares que señalan e indican que policías y alcaldes estaban coludidos con el narcotráfico, de eso si hay constancia en documentos”.
Denunció además que los militares “se han ido adecuando sus declaraciones, han ido cambiando según las revelaciones del GIEI, no habían dicho que habían ido a Barandillas, que habían ido a palacio municipal”.
Señaló que el Ejército tiene informes y escritos de lo que sucedió esa noche, “nosotros tuvimos acceso a esas conversaciones interceptadas y transcritas 7 años después, no dispusieron de esa información, nosotros accedimos por el trabajo realizamos; afirmamos de manera fehaciente que hay acceso parcial y se oculta información de lo que pasó y del posible destino de los normalistas, no hay cumplimiento de las órdenes (del presidente), venimos a este país porque había un compromiso de acceder a información y no se ha cumplido en su totalidad”.
Ángela Buitrago aseveró que hay un Centro Regional de Fusión de Inteligencia (CRFI) del Ejército en Iguala “nos han negado la existencia de ese Centro y afirman que se creó a partir del 2015, pero tenemos documentos que indican que operaba en Iguala desde marzo del 2014, han negado insistentemente esos hechos, bajo el análisis de sus propios documentos han dicho mentiras, negaron la realización de monitoreo, hay 16 documentos que hacen relación de esas movilizaciones, se seguía a muchas de esas personas, hay informes y reportes, existen, nos respondieron que no hay más información”.
Subrayó que en agosto del 2022 los archivos que tiene la Sedena del caso “fueron movidos a otro lugar, hemos pedido que identifiquen, Sedena dice que es imposible, el Estado Mayor de la Sedena sabía de esa información y sabía de lugares donde habían sido emboscados o llevados al menos 17 jóvenes de Ayotzinapa”.
Buitrago también informó que la Marina oficialmente actuó para dar seguridad perimetral en los días posteriores de la desaparición de los muchachos, “sabemos que detuvieron y torturaron a varios detenidos y en base a esas declaraciones se hizo verdad histórica (de que los muchachos fueron quemados en el basurero de Cocula)”.
Detalló que un grupo de la Marina realizó actuaciones con un grupo especial de “inteligencia” del que no sabemos quiénes eran y de quién dependían; marinos y ese grupo realizaron detenciones y torturas, dos personas murieron en esos operativos, hay un reporte oficial. Hay cosas que no se han contado de la actuación de la Marina quienes intervinieron de manera ilegal en el basurero de Cocula” e inclusive instalaron un puesto naval en esas fechas en la comunidad de Coatepec Costales, municipio de Teloloapan, “hicieron un escaneo de comunicaciones y realizaron labores de inteligencia, pero no se sabe nada de esos archivos”.
Ángela Buitrago sostuvo que el “destino y paradero de los muchachos no puede verse separada del conjunto del hecho, de la responsabilidad directa del crimen organizado, de la participación de agentes del Estado en esas redes criminales, del ocultamiento de información que dificulta dar una respuesta a todo lo que sucedió en el camino, del asesinato de responsables; lamentablemente aún hay miedo y control que existe es parte de este problema”.
Señaló que de acuerdo al análisis que han hecho, a los 43 estudiantes los dividieron en dos grupos en un primer momento y posteriormente un tercer grupo después, “después de eso habrían sido repartidos en otros grupos, no fueron llevados al mismo lugar, ni desde luego al mismo escenario, ni tampoco al basurero de Cocula”.
Detalló que hubo unos 16 o 17 estudiantes detenidos y que fueron llevados a Barandillas en Iguala, “donde fueron detenidos golpeados, maniatados y tumbados en el suelo, los sacaron policías de Iguala y Cocula, hay versiones que los llevaron a Lomas del Coyote, otras versiones que se los llevaron la salida a Taxco; otros estudiantes se los llevaron por la carretera hacia Huitzuco o Chilpancingo, sin saber en qué lugar se los llevaron”.
Dijo que hay un soldado del Ejército que hizo un reporte 1202 del CRFI que habla de “11 detenidos en donde una persona le pregunta a otra (en un monitoreo telefónico) ‘comadre te tocaron 11 detenidos del desmadre de ayer o sabes ¿Dónde están los detenidos que llevaron a Chilpancingo?’, es un grupo de 11 detenidos que se los llevaron en la carretera a Chilpancingo” y que su destino podría haber sido en la zona de Mezcala.
Puntualizó que las personas detenidas en el caso, están acusadas de delincuencia organizada, de delitos contra la salud, pero no por desaparición forzada, “sigue siendo una demanda de los padres, de sus abogados, del GIEI”.
Denunció que si no hay independencia en la investigación “la verdad se puede ver comprometida por cuestiones políticas; casi se cierra el caso con la verdad histórica que buscaba llevar al mínimo las responsabilidades, es parte de lo que hay que seguir trabajando para llegar a la justicia”.
Manifestaron que les preocupa la salud de las madres y padres de los 43 muchachos, “la asistencia humanitaria en unos casos y reparación integral no son sustitutos de verdad y justicia, son formas de reconocimiento de la dignidad de las víctimas, se debe de hacer frente a las dramáticas consecuencias de la desaparición forzada, debe evitarse discriminación y estigmatización”.
Añadieron que los factores que impiden una investigación efectiva, “es el ocultamiento e insistencia en negar cosas que son obvias por parte de la Sedena; hemos llegado a este informe hasta el límite de lo que se ha podido investigar, es imposible seguir nuestro trabajo y si las cosas no cambian damos por terminado nuestro trabajo. Se prometió abrir todos los archivos, si bien es cierto se abrieron parte de los archivos, pero hay más información y es clave para avanzar, se necesita disponer de toda la información de los hechos y conocer el destino y paradero de los jóvenes de lo que se hizo y se dejó de hacer en el Estado”.
Advirtieron que “el riesgo es que la mentira se institucionalice como respuesta lo cual es condenable, saben y sabían lo que paso que busca ocultar responsabilidades del estado en la desaparición de los jóvenes, esas negaciones son un impacto negativo para los familiares”.
Agregaron que la Sedena “tiene una intencionalidad de negar información que evita llegar a la verdad, no se cierra esta investigación porque no se puede seguir investigado, es un delito permanente, el dolor sigue mientras no haya verdad y justicia para los familiares, hay un futuro en México que está amenazado por la violencia y el miedo”.