Texto: Jesús Saavedra
Chilpancingo, Gro. 30 de agosto de 2023.- Frente Popular de la Montaña (FPM) acusó al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de tender un “manto de impunidad” luego que el juez del Tribunal Unitario de Enjuiciamiento Penal de Tlapa, Emanuel Reyna Vélez dictó una sentencia absolutoria a favor de Marco Antonio García Morales a quien se le acusa de ser el autor intelectual de la desaparición forzada y asesinato de Arnulfo Cerón Soriano.
Reyna Vélez dictó esta sentencia absolutoria en el juicio oral 15/2023 en contra de Marco Antonio García Morales considerado como autor intelectual de la desaparición y asesinato del defensor indígena Arnulfo Cerón Soriano.
La resolución se dictó este martes en Tlapa, donde el juez Emanuel Reyna Vélez “consideró que había insuficiencia probatoria y que la fiscalía no aportó prueba suficiente para corroborar que el autor intelectual ordenó la desaparición y asesinato del defensor indígena, declarando inocente al acusado”.
El FPM consideró a través de un comunicado que el juez “de manera indebida hizo una valoración aislada de las pruebas de la Fiscalía. Le restó valor probatorio a la propia declaración ante-morten de Arnulfo Cerón Soriano en la que refiere expresamente haber sido amenazado por Marco Antonio García Morales y el entonces presidente municipal y los responsabiliza de lo que le pueda ocurrir, tampoco tomó en consideración otros medios de prueba contra el acusado”.
Acusaron al juez que durante el juicio oral, “fue parcial y en todo momento favoreció a la defensa del acusado, varias incidencias y objeciones fueron resueltas a su favor inclinando la balanza para Marco Antonio García Morales”.
Lo acusaron que en las etapas previas al juicio los jueces de control “cambiaron en dos ocasiones la medida cautelar de prisión preventiva en un primer momento a prisión domiciliaria y posteriormente a una medida de libertad, cuando el presente caso se trata de un delito grave. Existía riesgo de fuga y que el procesado influyera en testigos obstaculizando el proceso, como en efecto sucedió”.
Afirmaron que varios “testigos fueron amedrentados, otros más, se les ofreció dinero a cambio de que no declararan, tal como ocurrió con miembros de Tlachinollan y la esposa del defensor indígena a quienes se les ofreció beneficios a cambio de su silencio e inacción en el proceso, lo que fue rechazado tajantemente. Por estos motivos muchos no acudieron al juicio”.
Afirmaron que “las graves irregularidades que se dieron durante el proceso evidencian un sesgo en la administración de la justicia para favorecer al autor intelectual. Pudo más el poder económico y político del acusado que la justicia para los que luchan y defienden a los pobres”.
Agregaron que el fallo absolutorio “es un mensaje de este gobierno y particularmente del poder judicial para todos los luchadores sociales asesinados. Hoy el poder judicial tiende el manto de impunidad para que los agresores sigan silenciando a los que luchan por educación, salud y justicia. El autor intelectual se paseará libremente por las calles mientras el defensor indígena seguirá esperando que llegue la justicia, al tiempo que su familia sufre los estragos y el dolor de la desaparición y muerte de un hombre que su único delito fue luchar por los que menos tienen”.
Advirtieron que el fallo no es definitivo, “la Fiscalía y las víctimas lo impugnarán esperando que el Tribunal Superior corrija los desaciertos e irregularidades del Juez Emanuel Reyna Vélez que siempre mostró una actitud parcial en el juicio”.
Desde ahora demandaron que la Sala Penal del TSJ revise el fallo absolutorio “apegándose a los principios de imparcialidad e independencia y considerando la condición de defensor de Derechos Humanos de Arnulfo Cerón Soriano”.