En un comunicado suscrito por Angela Buitrago Ruiz y Carlos Martín Beristain, aseguran que el trabajo hecho “demostró que la llamada verdad histórica no era cierta»
Texto Jesús Saavedra
Chilpancingo, 3 de octubre de 2023.- Los exintegrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), Angela Buitrago Ruiz y Carlos Martín Beristain, descartaron que su labor haya llevado a “politizar” la investigación que realizaron por la desaparición de 43 estudiantes en Iguala en septiembre del 2014. “Nuestro compromiso es con la verdad, que es lo que las madres y padres de Ayotzinapa requieren y demandan con su dignidad”, señalaron en un comunicado.
Explicaron que el GIEI ha plasmado en seis informes “su trabajo, avances en la investigación, revelaciones de nuevas verdades ocultas, y propuesto líneas de investigación que han hecho avanzar el caso. No hemos permitido en ningún momento la politización de nuestro trabajo, a pesar de las presiones que recibimos”.
Destacaron que el GIEI fue quien “demostró que la llamada verdad histórica no era cierta, que el escenario del basurero y del río San Juan habían sido creados para cerrar el caso, que la investigación se basaba en torturas y trataba de desviar la responsabilidad de los hechos y ocultar lo sucedido”.
Denunciaron que en el gobierno de Enrique Peña Nieto el GIEI sufrió “una campaña negra, acusándonos de ser ‘extranjeros’ y ‘antimilitares’ auspiciada por las propias autoridades del Estado, hasta el punto de tener que salir del país sin poder continuar la investigación y acompañamiento a los familiares”.
Que volvieron en 2020 a invitación del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, como coadyuvante en la investigación con la Unidad Especial que se formó en la FGR y la Comisión para la Verdad y la Justicia en el caso Ayotzinapa y que en dos años y medio lograron “el acceso a nuevos testigos e informaciones de archivos que han ayudado a avanzar en el esclarecimiento de los hechos. El GIEI desde sus inicios insistió a las autoridades de México que se necesitaba pedir a EEUU las escuchas de Chicago sobre la actuación de Guerreros Unidos”.
Afirmaron que debido a “ese trabajo y confianza para romper pactos de silencio con diferentes personas, testigos protegidos de la Fiscalía e instituciones, lo que llevó después a encontrar los restos de otros dos normalistas a partir de las declaraciones de un testigo protegido de la fiscalía”.
Señalaron que cada avance y revelación que encontró el GIEI fueron compartidas con la Unidad de la FGR, la Covaj y el presidente, López Obrador, quien puntualizaron fue “quien dio la orden de abrir los archivos a los que se tuvo acceso por parte de la Covaj y el GIEI. En varias ocasiones su mensaje fue de aliento y de impulso en la investigación. Tenemos todos los detalles y la trazabilidad de estas acciones y si es necesario las podremos poner a disposición de las autoridades y del pueblo de México”.
Indicaron que el “trabajo de derechos humanos y la investigación de hechos atroces de esta naturaleza es una enorme carrera de obstáculos. En el último año, esos obstáculos llevaron a la salida del fiscal del caso (Omar Gómez Trejo) y la suspensión de órdenes de captura ya concedidas por un juez. Posteriormente, y a pesar de un escenario adverso, el trabajo del GIEI ha llevado a que se retomen dichas órdenes al menos parcialmente en los últimos meses, mostrando la evidencia existente en el expediente, así como a documentar los casos contra Tomás Zerón o Murillo Karam y otros cargos de la PGR. Hemos entregado a la nueva Fiscalía seis documentos con cerca de 90 propuestas de investigación, diligencias y acciones para esclarecer el caso, muchas de ellas aún pendientes”.
Subrayaron que sus seis informes “no muestran opiniones, sino hechos probados y cuentan con todas las fuentes en las que nos basamos. Invitamos a autoridades, medios de comunicación, académicos a analizarlos y responder a los hallazgos no con opiniones o descalificaciones, sino con el rigor que requiere la verdad. La verdad no se declara, se prueba, y todas las afirmaciones que incluyen nuestros informes tienen sustento probatorio”.
Se refirieron a las respuestas que ofreció el Ejército, en el sentido que el Centro Regional de Fusión de Inteligencia (CRFI) de Iguala “no existía, que dependía del CISEN, que no realizaban interceptaciones telefónicas cuando los documentos muestran parcialmente los textos de las mismas, que desconocen quienes las realizaron, y otras respuestas que se nos dieron, simplemente no responden a la verdad. Las pruebas están a disposición de las autoridades, que además las conocieron de antemano y están publicadas en el último informe de Ayotzinapa”.
Añadieron que regresaron a México no por su voluntad, “sino por petición de las autoridades y familias, bajo el mandato de la CIDH. Hemos dado cuenta de todos los avances y obstáculos. Todo el país ha sido testigo de ello en estos años. Las víctimas de este caso tienen voz propia y las autoridades deben escucharlas. No es hora de confusión y ruido. La verdad se empeña porque hay quien la empuja como lo hacen las familias, y seguirá saliendo, ya sea como una bocanada de aire fresco que México necesita o surgiendo entre las rendijas”.