La lideresa de la Sección 62 del SUSPEG, Margarita Sánchez Asabai, dijo que desde hace dos meses vienen gestionando un incremento del 14 por ciento y su respectivo retroactivo
Texto Bernardo Torres Morales
Chilpancingo, 16 de octubre de 2023.- Miembros de la Sección 62 del Sindicato Único de Servidores Públicos del Estado de Guerrero (SUSPEG) tomaron la Ciudad Judicial y bloquearon el boulevar René Juárez Cisneros (Encauzamiento Huacapa) en exigencia de aumento salarial y pago de bonos.
De acuerdo con la Secretaría General de la Sección 62, Margarita Sánchez Asabai, llevan alrededor de dos meses gestionando recursos extraordinarios para el incremento del 14 por ciento al salario y su respectivo retroactivo pero han sido atendidos por ninguna autoridad estatal.
Habían emplazado a que el pasado viernes les informaran sobre los avances o el depósito correspondiente de los recursos, pero nuevamente no encontraron respuesta y se vieron obligados a protestar de esta manera.
Alrededor de las 7 de la mañana un grupo de trabajadores intentó cerrar los accesos al edificio de Ciudad Judicial al sur de la capital, pero se encontraron con el resguardo de la Policía del Estado con equipo antimotines que se los impidieron.
Minutos después finalmente los trabajadores se apostaron en el acceso principal y también bloquearon los dos carriles del Boulevard René Juárez Cisneros, en espera de que llegara personal de Finanzas del Gobierno del Estado.
La dirigente sindical indicó que el presidente del Poder Judicial ya hizo las gestiones correspondientes mismas que fueron aprobadas por la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, pero desconocen el motivo por el cual el recurso no se dispersado.
Otro de los pendientes, dijo, es un recurso complementario para el pago de los bonos por los Días de la Madre y el Padre, así como el adelanto del bono decembrino correspondiente a este año.
Abundó que del Poder Judicial son alrededor de 500 trabajadores de base y mil extraordinarios que no han recibido estos beneficios, y tiene conocimiento que en la misma situación de encuentran servidores públicos de la Comisión de Derechos Humanos del Estado y la Fiscalía.
La secretaria general lamentó tener que afectar a terceras personas con la movilización, pero la falta de información y voluntad política de los funcionarios estatales no les dejaron más opciones que manifestarse.