Un mes antes de la liberación de 8 militares implicados en Caso Ayotzinapa, Luisa María Alcalde Luján envió un escrito a la ministra presidenta de la SCJN donde le pide estar estar «atenta a la situación»
Texto Jesús Saavedra
Chilpancingo, 23 de enero de 2024.- Desde hace un mes, el gobierno federal a través de la Secretaría de Gobernación había pedido por escrito a la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Lucía Piña Hernández, estar atenta a la situación jurídica de ocho militares implicados en la desaparición forzada de 43 normalistas en Iguala.
El 12 de diciembre del año pasado, la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde Luján envió un escrito a la ministra presidenta de la SCJN, donde le informaba de la “resolución adoptada en la sesión del jueves 30 de noviembre del 2023 del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito en la Ciudad de México, integrado por los magistrados Francisco Javier Sarabia Ascencio, Juan José Olvera López y Horacio Armando Hernández Osorio (ponente)”.
Le explicó que en esa sesión “los magistrados estimaron fundado el agravio aducido a los 8 militares inculpados dentro de la causa penal 1/2023 del índice del Juzgado Segundo de Procesos Penales Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca”.
Alcalde Luján abunda que “la ejecutoria no ha sido formalmente notificada y en consecuencia determinó modificar y conceder la suspensión para el efecto de celebrar una nueva audiencia a fin de que se emita una medida cautelar diferente a la prisión preventiva oficiosa decretada” a los ocho militares inculpados en esta desaparición forzada.
Se trata del subteniente Omar Torres Marquillo, del sargento segundo Roberto de los Santos Eduviges, sargento segundo Ramiro Manzanares Sanabria, sargento segundo José Andrés Flores Lagunas, sargento primero Gustavo Rodríguez de la Cruz, cabo Uri Yashiel Reyes Lasos, cabo Eloy Estrada Díaz, cabo Juan Sotelo Díaz, quienes el sábado pasado obtuvieron su libertad bajo caución, luego de pagar 50 mil pesos y seguir su proceso judicial en libertad.
La secretaria de Gobernación, advierte a la ministra que “al modificar la prisión preventiva oficiosa existe un alto riesgo de sustracción de la justicia, por ejemplo, que se vuelvan ilocalizables o huyan del país”.
Le recuerdan que la desaparición de esos 43 muchachos en Iguala, “es un asunto de la mayor importancia y trascendencia para el Estado por las graves violaciones a los derechos humanos que se cometieron en contra de los jóvenes desaparecidos, así como de las madres y padres que los buscan”.
Y agrega que en el poder Ejecutivo confían “en que el Poder Judicial de la Federación velará por el Estado de Derecho, garantizará los derechos humanos de las víctimas y sancionará a los responsables a fin de no generar en la sociedad un mensaje de impunidad e injusticia”.
A pesar que desde el año pasado el gobierno federal ha exhibido a jueces federales por haber ordenado “la liberación de delincuentes” a la fecha la SCJN no ha emitido ninguna postura al respecto y menos con este señalamiento tras la liberación de los ocho militares acusados de participar en la desaparición forzada de 43 normalistas de Ayotzinapa. (Fotografía archivo)