El Centro de Derechos Humanos de la Montaña presentó su 29 informe anual; el director Abel Berrera recordó que López Obrador se comprometió con los padres a indagar quiénes eran responsables
Texto Jesús Saavedra
Chilpancingo, 29 de enero de 2024.- El Ejército en México no le rinde cuentas a la Constitución y menos a su jefe supremo, Andrés Manuel López Obrador, quien ha mantenido una actitud de “complacencia y protección” a la solicitud de los padres de los 43 normalistas desaparecidos, quienes están exigiendo que el presidente cumpla su palabra y resuelva este caso de desaparición forzada en México.
Este lunes se presentó el 29 informe anual del Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan” en un salón de esta capital, al que llamaron “La verdad vestida de verde olivo”. En el acto los participantes se centraron en el informe anual, pero se enfocaron de manera especial en el caso de la desaparición forzada de los 43 normalistas y coincidieron que “no hay buenas señales” de López Obrador para avanzar en la resolución de este caso.
El director de Tlachinollan, Abel Barrera Hernández recordó que López Obrador se comprometió con los padres “a indagar quiénes eran responsables de las instituciones del estado y que el Ejército debería ser regresado a sus cuarteles, pero de manera contradictoria asumió otra actitud y se ha transformado en el defensor del Ejército y a cambio de eso, ha desviado la atención para desacreditar el trabajo de Centro Pro, de la ONU, de la CIDH y blindar al Ejército. No nos imaginábamos que íbamos a llegar a este nivel, ahora quiere imponer otra narrativa que le da el Ejército impunidad”, advirtió.
El investigador de la UNAM, Sergio Sarmiento Silva, dijo que en el caso Ayotzinapa “no hay muchas luces de lo que se pretende hacer en cinco meses que concluya el gobierno y quieren hacer lo que no hizo en cinco años para descubrir la verdad en Ayotzinapa. Cinco años pasaron y no hubo voluntad”.
Señaló que por el contrario “se ha otorgado gran fuerza y poder a los militares, hay un avance mínimo, el Ejército no está dispuesto a abrir sus archivos se va reducir a un informe de lo que quiera dar el Ejército y no vamos a descubrir mucho más allá de lo que se quisiera. El presidente sabe jugar sus cartas y ahora está metido en la campaña pensando que su candidata debe triunfar; eso no implica quedarse de brazos cruzados, la lucha sigue y hay que seguir dándola”.
El abogado de los padres, Vidulfo Rosales Sierra, lamentó que el presidente insista “en decir que el Ejército es una instancia incorruptible, pero claramente el caso Ayotzinapa nos deja ver que no es así; en el 27 Batallón de Infantería de Iguala hay prueba plena y contundente que estaban coludidos con el crimen organizado”.
Dijo que de manera concreta los ocho militares liberados la semana pasada y que están acusados de haber participado en la desaparición de los normalistas “respondían a intereses del grupo delictivo que operaba en Iguala, pero el gobierno los defiende y los deja en libertad; ese caso nos refleja la impunidad en el país, no ha habido justicia por asesinatos, represiones. Hubo cambio de gobierno y no se crearon mecanismos de justicia transicional”.
Señaló que han evidenciado “la militarización, impunidad, colusión, la crisis de las instituciones de seguridad pública que deben velar por la seguridad de la ciudadanía se han coludido para desaparecer y asesinar, es la generalidad en el país y se ilustra a través del caso Ayotzinapa; en síntesis, el Ejército es una institución que no le rinde cuentas a la Constitución y a ninguna autoridad”.
Doña Cristina, madre de uno de los normalistas desaparecidos, dijo que siguen en la búsqueda de sus hijos “por el amor que les tenemos y seguimos de pie, se han ido compañeros sin saber de sus hijos, vemos difícil que esto suceda”.
Señaló que le falta poco tiempo para que López Obrador concluya su mandato, “y no ha dado verdad y justicia por tres normalistas asesinados, uno más que está en coma, por 43 estudiantes desaparecidos, no se puede ir sin que cumpla su palabra se comprometió a esclarecer el caso, los necesitamos más que nunca”.
Don Mario, padre de otro normalista, aseveró que en estos más de nueve años en la lucha por encontrar a sus hijos “nos topamos con esta vestimenta de los militares y comprobamos que no quieren decir la verdad; el Ejército sabe bien qué ocurrió con nuestros hijos, estuvieron enterados desde que salieron de la escuela, son cómplices de crímenes tan horrendos; acompañan y son cómplices del crimen organizado”.
Y le dijo al presidente, López Obrador que “aunque desprestigie a los padres, a los abogados, a los expertos internacionales, nosotros le decimos que solo queremos la entrega de los 800 folios que tiene el Ejército y que nos la dé él personalmente esta información”.
El representante de la oficina de Derechos Humanos de la ONU en México, Alan García Campos, y la abogada del Centro Pro, María Luisa Aguilar, coincidieron en que en el país hay una situación de violencia institucional que tiene un impacto ante la indiferencia de las autoridades y la respuesta es profundizar en un modelo de seguridad que está comprobado, ha sido fallido y ha traído más agravios para la sociedad.