La viuda Carolina Mena y las hijas del extinto dirigente, María Soledad, Carolina y Reina, han tenido que salir de Iguala por el hostigamiento, denuncian en un comunicado
Texto Bernardo Torres Morales
Chilpancingo, 26 de mayo de 2024.- La representación legal de la familia del activista Arturo Hernández Cardona asesinado en 2013, dio a conocer que el caso está a punto de llegar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) una vez agotados todos los procesos legales para su esclarecimiento.
Este domingo a través de un comunicado firmado por organizaciones, redes de defensa de los derechos humanos y activistas encabezado por el obispo emérito Raúl Vera López, dieron a conocer detalles del estado que guarda el caso.
A 11 años de su asesinato manifestaron su solidaridad a su familia integrada por su viuda Carolina Mena Marchan, sus hijas María Soledad, Carolina y Reina Hernández Mena.
Hernández Cardona era líder de la Unión Popular Campesina Emiliano Zapata (UPEZ) y además presidia la coordinación de organizaciones llamada “Unidad Popular” (UP).
Arturo luchaba por que se hicieran realidad las demandas sociales de familias de escasos recursos, de campesinos de la zona norte de Iguala; se caracterizó por exigir justicia para las victimas de la masacre de Aguas Blancas ocurrida el 28 de junio de 1995 cometida por elementos de la Policía del Estado en el municipio de Coyuca de Benítez, región de la Costa Grande.
Se solidarizó y lucho por la libertad de los presos políticos de la masacre de El Charco en Ayutla de los Libres; Efrén Cortes Chávez y Ericka Zamora Pardo, y exigió justicia por las víctimas de esta masacre que fueron detenidas, por los diez indígenas nu savis y el joven estudiante de la UNAM, Ricardo Tapia, masacrados en estos hechos por integrantes del Ejército mexicano el 7 de junio de 1998.
Además, apoyó de manera permanente en sus luchas a los estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, junto con Pablo Sandoval Cruz, Bertoldo Martínez Cruz y organizaciones sociales exigieron y lograron que él 24 de noviembre de 2009, les fuera entregado el cuerpo de Omar Guerrero Solís «Comandante Ramiro” (quien era dirigente de una columna del Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERP), para darle una sepultura digna.
Destacan en el documento que como parte de su labor de defensa a los más desprotegidos se enfrentó al entonces presidente municipal de Ayutla, José Luis Abarca, a quién Arturo junto con otros activistas denunciaron penalmente ante el Ministerio Público por amenazas de muerte el día 29 de mayo de 2013.
Sin embargo, Arturo junto con miembros de la Unidad Popular y sus simpatizantes, realizaron una manifestación para exigir solución a la demanda de fertilizantes para el campo; ese día desaparece Arturo junto con los activistas sociales; Héctor Arroyo Delgado, Efraín Amates Luna, Gregorio Dante Cervantes, Ángel Román Ramírez, Nicolás Mendoza Villa y Rafael Bandera Román, en el tramo federal de la carretera México-Acapulco, en un paraje en el kilómetro 170 de la carretera federal Iguala-Chilpancingo.
El 3 de junio de 2013, estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, junto con otras organizaciones se manifestaron frente al Palacio Municipal de Iguala para exigir la presentación con vida de Arturo y sus compañeros desaparecidos, y poco después se difunde la noticia de que fueron encontrados los cuerpos de Arturo, Félix Rafael y Ángel en la carretera federal Chilpancingo-iguala los cuerpos de los activistas; el cuerpo de Arturo se encontraba con los ojos vendados y claras señales de tortura.
La representación legal de la familia, la Organización Red Solidaria Década Contra la Impunidad A.C. (RSDCIAC), solicitó las medidas cautelares a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en junio de 2013 para la familia de Arturo y el activista social testigo de la ejecución de Arturo, ya que las amenazas de muerte en especial a María Soledad iniciaron cuando las organizaciones y los estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, tomaron el Palacio Municipal de Iguala, estas medidas cautelares fueron otorgadas en diciembre de 2014 y que actualmente se encuentran vigentes.
Las hijas de Arturo han tenido que salir de Iguala, para resguardar su vida y en el año 2018, RSDCIAC solicita la Petición de Admisibilidad a la CIDH. En julio del 2022, la CIDH otorgó al Estado un plazo de cuatro meses, prorrogable hasta un máximo de seis meses, contados a partir de la fecha de la notificación, para presentar sus Observaciones sobre el Fondo, subrayando que el plazo de seis meses era improrrogable.
Sin embargo, el Estado no presentó observaciones, por lo que la familia Hernández Mena y su representación se encuentran en espera del Informe de Fondo, para que este caso sea trasladado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Actualmente la familia Hernández Mena, sigue hostigada por su exigencia de justica al caso de Arturo, por lo que solicitan a la CIDH que emita a la brevedad el Informe de Fondo del caso Arturo Hernández Cardona y este caso además sea trasladado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. (Fotografía Facebook)