El director de ese Centro de Derechos Humanos, Abel Barrera Hernández, recordó que el fenómeno se presenta cada año en estas fechas y «ninguna autoridad los monitorea, de cómo viajan, si tienen salud”

Texto Jesús Saavedra

Chilpancingo, 21 de julio de 2024.- El Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan” hizo un llamado a las autoridades estatales para que den acompañamiento y vigilen que no haya abusos a centenares de familias jornaleras que están saliendo a trabajar a los campos de cultivos del norte del país.

El director de ese Centro, Abel Barrera Hernández recordó que ese fenómeno de migración se presenta cada año en estas fechas cuando miles de personas de comunidades indígenas abandonas sus hogares en búsqueda de empleo y dinero para el sostenimiento familiar.

Informó que esta semana alrededor de mil familias de Cochoapa, Metlatónoc, Copanatoyac, Acatepec, Tlacoapa, Tlapa, salieron de sus hogares en comunidades “indígenas junto con sus hijos a trabajar a los campos agrícolas del norte del país donde puedan tener trabajo, deben pagar sus viajes en autobús y ninguna autoridad los monitorea, de cómo viajan, si tienen salud”.

Dio a conocer que tan solo en mayo pasado “salieron 411 niños indígenas sin que se les verificara su situación de salud, esta descoordinación de las autoridades es total porque nadie se responsabiliza de la seguridad, de la vida, de proteger los derechos laborales de las familias, están en total indefensión”.

Barrera Hernández consideró que “eso es importante que se atienda a estas familias migrantes” y que las autoridades den seguimiento a su viaje, a las condiciones en las que son contratados y que se respeten sus derechos humanos.

Indicó que este fin de semana en la casa del migrante y con cifras del Consejo de Jornaleros Agrícolas de la Montaña “hay 98 personas y salieron dos camiones que se va a los campos agrícolas a trabajar, son personas que no se les atiende, son centenares de familias migrantes que están abandonadas por las autoridades”.

Señaló que como Centro de Derechos Humanos han “insistido que debe haber una política pública que atienda a la población jornalera porque es una población pobre, son familias que no tienen tierras, vivienda, son los más pobres entre los pobres, no hay ni una autoridad que los atienda, es algo muy grave”. (Fotografía archivo)

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