«¿Qué objetivo tendría ir a buscar si ya se hizo en el año 2019 sin resultados?”, señaló sobre la búsqueda en el batallón de Iguala el abogado de familiares de normalistas de Ayotzinapa
Texto Luis Daniel Nava
Chilpancingo, 2 de julio de 2024. El abogado del caso Ayotzinapa, Vidulfo Rosales, aseguró que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha hecho crecer a un pequeño grupo de padres coordinador por el exvocero Felipe de la Cruz para legitimar su estrategia de lavarle la cara al Ejército ante su responsabilidad en la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa en 2014.
El abogado de los padres de los 43 consideró que el papel de Felipe de la Cruz y un grupo disidente de padres es fragmentar la unidad de la mayoría de los papás de las víctimas.
Y reveló que la búsqueda en el 27 Batallón de Infantería surgió de manera espontánea por parte del mandatario en la reunión del 29 de julio en Palacio Nacional.
“Es una pretensión de lavarle la cara al Ejército. Surge de manera espontánea de decir: ‘Sí es cierto lo que dicen, vamos a buscar al batallón’ y ahí instruyo; no pensamos que eso fuera a tomar forma. Los padres desde ese momento querían referir que esa búsqueda es infructuosa porque ya se hizo en junio de 2019 en junio sin resultados”.
En la reunión, dijo, el debate estaba por el testigo que señaló que 25 estudiantes fueron ingresados al batallón. “Y de pronto dijo el presidente: ‘Pues bueno, hagamos una diligencia. Nosotros como gobierno la vamos a hacer y ya si puede ir un grupo de ustedes, que vaya’. ¡Arturo (Medina Padilla), encárgate de eso'».
Agregó que un testigo protegido hizo alusión que 25 normalistas fueron ingresados, pero su presencia fue temporal en el batallón. Ahí fueron torturados y después fueron sacados.
“Entonces por qué tendríamos que buscar ahí en el batallón, qué objetivo tendría ir a buscar si ya se hizo en el año 2019 sin resultados”, recalcó.
“La acción del gobierno es una situación desesperada y de distracción que pretende limpiar la imagen del Ejército hoy acusado y señalado de haber participado en la desaparición”.
Rosales Sierra consideró que un grupo de cuatro padres de las víctimas está siendo utilizado por López Obrador para legitimar su estrategia de defender al Ejército y su gobierno ante la falta de resultados.
“Primero, el gobierno lo ha hecho crecer, le ha dado mucha legitimidad; incluso más que a los demás padres, incluso que a la representación legal que está acreditada y que en los expedientes judiciales están autorizados para participar en cualquier reunión», dijo.
“Porque se trata de análisis de expedientes, de analizar el caso; entonces los abogados de los padres están legitimados y tienen actuación y margen legal para cualquier reunión y el análisis de cualquier expediente o diligencia, pero por parte el presidente se ha negado”, agregó.
Y cuestionó: «Pero a Felipe (de la Cruz) se le permite una diligencia, ¿por qué? ¿él es padre de uno de los 43? ¿tiene una acreditación legal dentro de los expedientes para estar participando en estas reuniones?”.
Dijo que ese grupo de padres no existía, pero insistió que el gobierno de López Obrador lo ha hecho crecer.
Acto mediático
Rosales Sierra recordó que ese grupo de padres que lidera Felipe de la Cruz fueron expulsados porque participaron en una marcha para defender al exalcalde de Iguala José Luis Abarca, preso por delincuencia organizada.
El papel de Felipe de la Cruz, dijo el abogado, hoy en día es fragmentar la unidad de los padres de familia.
“Su único papel es dividirnos y el gobierno le ha dado el empoderado a este grupo. Es una prueba que se está usando a algunas de las madres y padres de familia para deslindar al Ejército, en lugar de hacer otras diligencias para corroborar que sí entraron ahí los estudiantes”.
El defensor legal insistió en que es un acto mediático, más que efectivo. Decir: ‘Mira, aquí estamos buscando y está participando el Ejército; estamos abriendo las puertas’, pero sí hay dato objetivo que ahí estén los estudiantes’.
Dijo que a él como abogado no fue notificado de la diligencia; desconoce si fueron convocadas los abogados de otras organizaciones que dan acompañamiento a los padres como el Centro Agustín Pro Juárez, Serapaz y Fundar.
“Como Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, no se recibió ninguna notificación”.
Esa diligencia nunca fue consensuada ni analizada por las madres y padres de familia, sino que fue una acción unilateral del presidente.
En cambio, consideró, que las búsquedas en campo han sido permanentes y son más objetivas.
“Tienen más razón de ser esas búsquedas y son apoyadas; tenemos un representante permanentemente en esas búsquedas que son en base a informantes y testigos colaboradores que refieren a dónde fueron llevados los estudiantes. Esas búsquedas tienen más lógica, son apoyadas por madres y padres. Y está (la búsqueda en el batallón) no. Esto solo es un show”, finalizó.