La Red Solidaria Década Contra la Impunidad señaló que el gobierno se comprometió entre otras medidas a la dotación de un botón de pánico e instalación de equipos de seguridad

Texto Jesús Saavedra

Chilpancingo, 13 de agosto de 2024.- La Red Solidaria Década Contra la Impunidad solicitó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que se hagan efectivas y se amplíen las medidas de seguridad a tres hijas y la viuda de Arturo Hernández Cardona secuestrado y asesinado extrajudicialmente en mayo del 2013 en Iguala.

Este martes la Red dio a conocer una carta dirigida a la secretaria de la CIDH, Tania Reneaum Panszi en donde le solicitan que se haga efectiva las medidas de seguridad a María Soledad Hernández Mena, hija de Hernández Cardona y se amplíen esas medidas de seguridad a sus otras dos hijas, Carolina Hernández Mena y Reyna Hernández Mena, así como a su viuda, Carolina Mena Marchan.

El 31 de mayo de 2013 cuando realizaban una protesta en la caseta de la Autopista de Iguala a Taxco fueron privados de su libertad Arturo Hernández Cardona, Héctor Arroyo Delgado, Efraín Amate Luna, Gregorio Dante Cervantes, Ángel Román Ramírez, Nicolás Mendoza, Rafael Banderas y Jimmy Castrejón.

De ellos asesinaron y sepultaron en una fosa clandestina cerca de Mezcala a Arturo Hernández Cardona, Rafael Balderas y Ángel Román Ramírez; de ese hecho logró salir vivo, Héctor Delgado Arroyo.

Por esos crímenes fue acusado el entonces alcalde de Iguala, José Luis Abarca Velázquez quien a la fecha sigue en prisión y ha tramitado amparos para salir en libertad.

En ese contexto se realiza esta petición y luego de varios hechos graves como la irrupción y robo de domicilios en Iguala y Ciudad de México de Arroyo Delgado y de los deudos de Hernández Cardona.

En el 2022 la CIDH atrajo el caso de Hernández Cardona y desde esa fecha hace evaluaciones y recomendaciones al Estado mexicano; en mayo pasado se cumplieron 11 años de esa ejecución extrajudicial y no se ha hecho justicia han reclamado los familiares del fundador del PRD en Guerrero y en Iguala.

Denunciaron sobre la implementación de las medidas de protección a favor de María Soledad Hernández Mena, “se ha hecho de manera ineficiente y únicamente se encuentra activo el botón de pánico y de forma muy irregular; por ejemplo, tiene más de un mes que el botón no le funciona”.

Informaron que el gobierno se había comprometido entre otras medidas a la dotación de un botón de pánico, instalación de equipos de seguridad, rondines domiciliares intermitentes, acompañamiento, escoltas y otros servicios ofrecidos por la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), lo cual no se ha cumplido y por ello decidieron enviar esta solicitud a la CIDH. (Fotografía ilustrativa)

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