“Pretenden suplantar la voluntad popular al elegir a la mujer u hombre que vaya a presidir el Tribunal Superior de Justicia y el Tribunal de Disciplina Judicial a partir del año 2027″, acusó
Texto Jesús Saavedra
Chilpancingo, 14 e abril de 2025.- El exdiputado federal de Morena, Rubén Cayetano García presentó una “alerta Constitucional” ante la Mesa Directiva del Senado y de la Cámara Federal de diputados, pues a su consideración el Congreso de Guerrero violó los preceptos de la reforma Constitucional en materia Judicial.
Cayetano García ofreció una conferencia este lunes en donde aseveró que los legisladores de Guerrero “pretenden suplantar la voluntad popular al elegir a la mujer u hombre que vaya a presidir el Tribunal Superior de Justicia y el Tribunal de Disciplina Judicial a partir del año 2027, para seguir ninguneando desde el poder político caciquil a la administración e impartición de justicia en Guerrero para así de esta manera salvaguardar sus intereses y mantener la impunidad que ofende a las y los guerrerenses”.
Detalló que en la reforma al Poder Judicial que aprobó el Congreso de la Unión “se ordenó a todas las entidades federativas adecuar o armonizar sus constituciones locales para democratizar y elegir por voto libre, secreto y directo a las personas juzgadoras del Poder Judicial de la Federación y de los estados de la república”.
Pero que la reforma en Guerrero, establece “que no será el pueblo el que, en el año 2027, por mayoría de votos decidirá quién presidirá el Tribunal Superior de Justicia y el Tribunal de Disciplina Judicial” y que serán los propios magistrados quienes asuman esa determinación.
Consideró que los legisladores locales “quieren una simulación, mantener el privilegio de seguir siendo el poder político, que aquí es lo mismo que el poder caciquil, al imponer a los titulares de ambos órganos del Poder Judicial de Guerrero”.
Sostuvo que en materia de derechos laborales “para servidores públicos y trabajadores Poder Judicial en Guerrero, no están garantizados ‘el pago de las pensiones complementarias, apoyos médicos y otras obligaciones de carácter laboral’ especificadas para el PJF en el artículo 10° transitorio del Decreto del 15 de septiembre de 2024 y que, en Guerrero, desaparecen en el Décimo Cuarto Transitorio”.
Calificó como “un remedo de armonización» que se mantengan los procedimientos «del viejo régimen, del cacicazgo ramplón y los retrocesos democráticos desalentando el avance de la transformación de la vida pública; en Guerrero prevalecen los intereses caciquiles, contrarios a los más altos principios de la justicia”.
Advirtió que en caso de que esta reforma se concrete “recurriremos a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para que, dentro de los plazos legales, ejerza sus atribuciones y presente la correspondiente controversia constitucional para revertir esta decisión caciquil y arbitraria que busca burlar la decisión democrática y mayoritaria del pueblo de Guerrero, suplantando la voluntad popular por la de unos cuantos y así mantener el control del Poder Judicial Local, el más corrupto del país para seguirse blindando de impunidad”.