Texto: Staff
Chilpancingo, Gro. 20 abril 2020.- El Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos, programa conjunto de la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT), hicieron un llamado urgente al gobierno federal y de Guerrero para que se brinde protección al director del Centro «Morelos», Manuel Olivares Hernández y el corresponsal de Proceso, Ezequiel Flores Contreras, quienes fueron amenazados por el grupo de civiles armados Frente Unido de Policías Comunitarias del Estado de Guerrero (FUPCEG),
Este lunes por la tarde ese Observatorio hizo pública una carta dirigida al presidente, Andrés Manuel López Obrador y al gobernador, Héctor Astudillo Flores donde denuncian los «actos de intimidación y amenazas» del FUPCEG en contra de Olivares Hernández y Flores Contreras.
Recuerdan que el defensor de derechos humanos y el periodista, fueron amenazados a través de la página de Facebook del FUPCEG donde dieron la instrucción de detenerlos para “someterlos a un proceso de reeducación basado en usos y costumbres”.
En esta misma publicación, el FUPCEG amenazaba de muerte a todos los miembros del Centro Morelos, así como a todas las personas desplazadas a las que acompañan, indicando que serían “perseguidos y exterminados por nuestras fuerzas de élite” por su supuesta vinculación con un grupo criminal».
El Observatorio expresó «su profunda preocupación por la escalada en los ataques y amenazas de muerte recibidas por los miembros del Centro de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón por su trabajo legítimo en la defensa de los derechos humanos, y teme por la integridad física y personal del Sr. Olivares y la Sra. Rosales.»
Por este motivo, el Observatorio instó «con urgencia a las autoridades mexicanas a adoptar las medidas necesarias para garantizar la protección, seguridad e integridad física y psicológica de la Sra. Teodomira Rosales, el Sr. Manuel Olivares, el Sr. Ezequiel Flores, así como las de todos los integrantes del Centro Morelos, y a realizar una investigación independiente, inmediata, exhaustiva e imparcial sobre las amenazas de muerte contra los miembros del Centro Morelos, con el fin de identificar a los responsables, llevarlos ante un tribunal competente, independiente, justo e imparcial y aplicarles las sanciones penales y/o administrativas previstas por la ley».
Manifestaron además «su preocupación por el contexto adverso en el cual las personas que defienden los derechos humanos realizan su labor en México y, particularmente en el Estado de Guerrero».
En ese sentido piden a las autoridades, «tomar de manera inmediata las medidas más apropiadas para garantizar la seguridad y la integridad física y psicológica de la Sra. Teodomira Rosales, del Sr. Manuel Olivares, del Sr. Ezequiel Flores, así como la de todas las personas defensoras en Guerrero y en el resto de México».
Les piden además a las autoridades «realizar una investigación independiente, inmediata, exhaustiva e imparcial sobre las amenazas de muerte mencionadas arriba con el fin de identificar a los responsables, llevarlos ante un tribunal competente, independiente, justo e imparcial y aplicarles las sanciones penales y/o administrativas previstas por la ley».
Sostienen que es necesario además implementar «políticas de reconocimiento, incluyendo el reconocimiento público tanto por parte de las autoridades del Estado de Guerrero como a nivel federal, sobre la legitimidad de las personas que defienden derechos humanos en México».
Y «asegurar la aplicación de lo dispuesto por la Declaración sobre los Defensores de los Derechos Humanos, adoptada por la Asamblea General de la ONU el 9 de diciembre de 1998; de manera general, garantizar el respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales en todo el país de conformidad con las normas internacionales de derechos humanos ratificadas por México».
El escrito también va dirigido a la secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero; al secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubon; al secretario de Seguridad Pública, David Portillo Menchaca; al Fiscal, Jorge Zuriel de los Santos Barrilla y al presidente de la Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humanos, Ramón Navarrete Magdaleno.