Texto: Staff
Chilpancingo, Gro. 28 mayo 2020.- Una docena de Organizaciones no gubernamentales de mujeres urgieron a la Secretaría de Gobernación (Segob) a emitir una declaratoria de alerta de género por agravio comparado en Guerrero y denunciaron que ese incumplimiento «ha generado que persista un contexto grave de violencia contra las mujeres guerrerenses».
Así lo manifestaron a través de un documento que hicieron llegar a la Segob las organizaciones Católicas por el Derecho a Decidir (CDD); Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF); Justicia, Derechos Humanos y Género; Observatorio Ciudadano de las Violencias contra las Mujeres en Guerrero (OBVIO); Mujeres, Voz y Rostro de la Montaña; Red Feminista Revolución Violeta; Ddeser Guerrero; RDefine Guerrero; Aliadas por la Justicia; Martha Sánchez Néstor, AC; Grupo Interdisciplinario por la Igualdad y la Asociación Guerrerense contra la Violencia hacia las Mujeres.
Este jueves esas agrupaciones indicaron que en el marco del Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres y a un año de que la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) notificara a los titulares de los poderes Ejecutivo, Legislativo y a la Fiscalía del Estado de Guerrero las recomendaciones emitidas en el Informe de la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVG) para el Estado de Guerrero por Agravio Comparado, «que evidencian la situación discriminación contra las mujeres y la falta de acceso a servicios especializados de Salud, que incluyen la interrupción legal del embarazo, la Alerta de Género por Agravio Comparado no ha sido decretada».
Recordaron que quienes hicieron esa petición fueron las organizaciones: Justicia, Derechos Humanos y Género AC y el Observatorio Ciudadano de las Violencias contra las Mujeres en Guerrero (OBVIO), con el acompañamiento del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) y Católicas por el Derecho a Decidir AC, pero «desconocen si la Conavim ha solicitado al gobierno del estado información sobre la implementación de las recomendaciones durante el plazo de seis meses establecido en el Reglamento de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia».
Subrayaron que también se desconoce si esta información ya ha sido presentada por las autoridades estatales y si fue remitida al Grupo Interinstitucional y Multidisciplinario (GIM) para la realización del dictamen sobre la implementación de las propuestas emitidas en el Informe de la Alerta de Género.
Abundaron que ese Reglamento citado «se establece que cuando no se implementen las propuestas contenidas en las conclusiones del Informe de la Alerta de Género, la Secretaría de Gobernación, por conducto de la Conavim, debe emitir la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género en un plazo no mayor a diez días naturales contados a partir de la fecha en que se reciba la notificación del dictamen».
En ese sentido denunciaron que «el incumplimiento de las recomendaciones por parte del estado, ha generado que persista un contexto grave de violencia feminicida en Guerrero. De acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de enero de 2019 a abril del 2020 se registraron en la entidad 312 casos de violación, 389 casos de abuso sexual y 11 denuncias por aborto».
Y pusieron como ejemplo el caso de Esmeralda, una menor de 14 anos de edad, que padece una «discapacidad intelectual, que quedó embarazada después de haber sido víctima de violación sexual. A pesar de que el embarazo ponía en riesgo la vida de Esmeralda, no se le realizó una interrupción legal del embarazo (ILE)».
Señalaron que la hija de Esmeralda, «murió al nacer por un choque séptico, sepsis neonatal y de neumonía; hace un mes, tras realizar una visita de seguimiento, el personal de Salud pudo constatar que la hermana menor de Esmeralda, quien también tiene discapacidad cognitiva, es victima de violación».
Explicaron que OBVIO, «insistió a la Procuraduría del Menor del DIF estatal para que brinde atención a la hermana de Esmeralda, e incluso se solicito la intervención del Instituto Municipal de la Mujer en Acapulco, la visita domiciliaria se realializo sin respetar el protocolo de atencion a victimas de violencia, y se hizo tardia pues usaron como pretexto la pandemia por Covid-19».
Por ello hicieron un llamado urgente al gobernador del estado, Héctor Astudillo Flores y al secretario de Salud, Carlos de la Peña Pintos «para que atiendan a la menor de manera integral e inmediata» a este terrible caso de abuso sexual y de indolencia de las autoridades de Salud.
En ese sentido demandaron a la Segob a «declarar la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres para el Estado de Guerrero por Agravio Comparado»; al gobierno del estado le exigieron «hacer públicos los avances e indicadores de cumplimiento de la Alerta de Género previa»; al Congreso del Estado le demandaron reformar el artículo 159 del Código Penal del Estado, fracción I, con relación a La Ley General de Víctimas, la NOM-046 y el artículo 10 Bis de la Ley General de Salud, para que se garantice el acceso de las mujeres a la ILE de manera segura.
Además exigieron a la Secretaría de Salud fortalecer el Programa de Prevención y Atención de la Violencia Familiar y de Género en Guerrero, «enn particular, se deben fortalecer las vertientes de prevención por violencia sexual, embarazos no deseados, VIH, Infecciones de Transmisión Sexual (ITS), prevención del suicidio, así como la vertiente de atención para la violencia sexual (tratamiento especializado médico, kit profiláctico, tratamiento psicológico especializado para la violencia extrema, psicológico y psiquiátrico), teniendo como uno de los indicadores de cumplimiento, la elaboración e implementación de una guía de atención a solicitudes de ILE».
También pidieron a la Fiscalía General del Estado (FGE) fortalecer «la atención de las mujeres víctimas de violencia sexual, reorientar recursos económicos y materiales para la mejor operación de la fiscalía especializada, capacitar sobre la NOM-046 -desde el marco de los derechos humanos, con enfoque de género y multicultural- a las y los servidores públicos de las instituciones de procuración de justicia encargados de atender a mujeres víctimas de violencia sexual, revisar y dar seguimiento a las carpetas de investigación (en proceso) de casos de mujeres consignadas por el delito de aborto en la entidad».
Finalmente exigieron a las autoridades de los tres niveles de gobierno, «garantizar la vida, integridad y seguridad de las mujeres guerrerenses sin dilación y de manera efectiva» y que obtengan una respuesta inmediata a la petición que han hecho de manera directa a la Segob.