Texto: Staff
Chilpancingo, Gro., 02 de junio de 2020.- Entre 35 mil y 40 mil víctimas de violaciones a derechos humanos, así como de delitos de desaparición forzada, ejecución extrajudicial, tortura, detención arbitraria, feminicidio y trata, entre otros, se verán gravemente afectadas por las medidas de austeridad que ha ordenado implementar el presidente, Andrés Manuel López Obrador.
Guerrero será uno de los estados más afectados del país en donde se brinda atención a 7 mil 200 personas mensualmente, reveló la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), quien este martes fijo una postura ante esos recortes ordenados en la federación a su presupuesto anual que aceptó tácitamente «frenará sus actividades esenciales y paralizará su funcionamiento».
A través de un boletín la CEAV, indicó que esos recortes representarán «un impacto mayúsculo en su funcionamiento. La CEAV no es propietaria de ningún inmueble en los que opera, la mayoría de los servicios son subcontratados, gran parte del personal fue contratado –desde el origen de la institución– de manera irregular, con plazas eventuales y de outsourcing. Además, heredados por administraciones anteriores, la CEAV enfrenta 453 juicios de amparo en su contra y 46 juicios laborales por montos millonarios».
Señalaron que la CEAV dio argumentos para que no se aplicarán recortes drásticos, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) «determinó la reducción del 75 por ciento del gasto corriente de la Comisión, el cual asciende a 139.4 millones de pesos, sin considerar que esta institución tiene la obligación de garantizar, promover y proteger los derechos humanos de las personas víctimas de violaciones a derechos humanos, así como de delitos como desaparición forzada, ejecución extrajudicial, tortura, detención arbitraria, feminicidio y trata, entre otros».
Y refrendaron su «compromiso con la defensa, promoción y protección de los derechos humanos y lo honrará hasta el límite de sus capacidades físicas y financieras, bajo los principios de dignidad, legalidad, máxima protección, transparencia y rendición de cuentas».
Luego enlistaron ejemplos de los rubros que se verán afectados con el recorte del 75 por ciento del presupuesto e informaron que va a provocar primero un «ajuste en la nómina debido a que la mayor parte del personal es eventual o de outsourcing y, desde 2012, sus salarios son pagados con los recursos de las partidas 2000 y 3000, con la autorización de la SHCP. Sólo en las oficinas centrales, de los 388 puestos de trabajo existentes, casi el 60 por ciento está en esta situación».
Ese recorte impedirá además «pagar la renta ni los servicios de agua, luz, telefonía ni internet de las oficinas centrales ni de los 32 Centros de Atención Integral que hay en todos los estados del país. El incumplimiento de 43 contratos por 121.9 millones de pesos, muy probablemente detonará demandas contra la institución y generará pasivos millonarios para el Estado».
Subrayaron que se perderán «el alojamiento y resguardo del Registro Nacional de Víctimas (RENAVI), con todos los datos personales de más de 34 mil 215 víctimas, así como todos los servidores, computadoras e impresoras. El área de traslados desaparece, por lo que será imposible tramitar 9 mil 862 traslados anuales para que las víctimas acudan a las audiencias ante el MP, Juzgados, la CNDH o diligencias de búsqueda. Los asesores jurídicos, peritos y acompañantes psicosociales tampoco podrán asistirlos durante dichas diligencias».
Además que habrá una reducción del 30 por ciento asesores jurídicos impedirá brindar asesoría jurídica y apoyo legal a mil 874 víctimas que atienden en promedio cada año; no podrán tramitar la entrega de las medidas de ayuda para más de 5 mil víctimas al mes.
Y recordaron que en promedio se atienden mensualmente a 7 mil 200 víctimas en los 32 Centros de Atención Integral que hay en todo el país, no tendrán un sitio a dónde acudir para recibir atención psicológica, social, médica y orientación jurídica.
Señalaron además que el área Jurídica «no estará en condiciones de defender judicialmente los intereses del Estado mexicano en los 453 juicios de amparo –154 de ellos están en etapa de cumplimiento– y todos los asuntos laborales promovidos contra la CEAV».
Agregaron que sin defensa legal, la CEAV «incurrirá en incumplimiento de sentencias, las cuales consumirán rápidamente el Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral (FAARI), por lo que no habrá recursos para ayudar a las víctimas con medidas de alimentación, alojamiento, gastos funerarios, indemnizaciones ni compensaciones».
Consideran preocupante además que «no habrá los abogados suficientes para emitir resoluciones y hacer los análisis jurídicos técnicos de derechos humanos en indemnizaciones por daños, lo cual terminará por impedir que las víctimas puedan acceder a la compensación».
Además que «no habrá habrá condiciones para implementar las reparaciones colectivas dictadas por el Comité Interdisciplinario Evaluador (CIE), los juzgados, tribunales u organismos de derechos humanos. No será posible avanzar en el rezago de resoluciones por compensaciones y medidas de ayuda del CIE que prevalece desde 2017».
La CEAV manifestó que quedarán «pendientes las mil 100 resoluciones y 610 procedimientos judiciales en trámite, algunos de los cuales se refieren a recomendaciones de la CNDH, Corte Interamericana, Comisión Interamericana, Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas en México y atracciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sobre casos como Ayotzinapa, Guerra sucia, Atenco, Tanhuato, ABC, Tlatlaya, Casino Royale, entre otros».
«Quedará pendiente la elaboración de un nuevo modelo de compensaciones a nivel nacional, con estándares homologados, criterios internacionales y un enfoque de protección de derechos humanos. Desaparecerá el área que administra el RENAVI y atiende un promedio de 500 solicitudes mensuales», aseveraron.
Explicaron que con esos recortes «no será posible tener control y vigilancia del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral (FAARI), debido al desmantelamiento del área, por lo que se incumplirán las recomendaciones de la Auditoría Superior de la Federación sobre el fortalecimiento del control interno.
Precisaron que tan sólo la Oficialía de Partes de la CEAV, «recibe entre 150 y 200 documentos diarios, ya no tendrá personal para atender y dar seguimiento a las notificaciones de Juzgados y Tribunales federales, CNDH, FGR, Comisiones Ejecutivas de Atención a Víctimas estatales, organismos internacionales, dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, entre otras.
Finalmente aseveraron que la CEAV «considera que atender a las víctimas del Estado y garantizar sus derechos, es el único camino hacia la restauración del tejido social y la construcción de paz» pero en las condiciones de limitación presupuestal, los dejan en la incapacidad de atender a las víctimas en este país.