Texto: Staff
Chilpancingo, Gro. 07 junio 2020.- A cinco años del asesinato del dirigente del Movimiento Popular Guerrerense (MPG) en Tlapa, Antonio Vivar Díaz sus familiares y activistas de derechos humanos exigieron al gobierno federal, del estado y a las Fiscalías General de la República (FGR) y General del Estado (FGE), que cumplan con la tarea de investigar y detener a los responsables de ese crimen.
Este domingo se cumplieron cinco años del asesinato de Antonio Vivar, justo el día de la elección de gobernador en Guerrero y cuando un grupo de la policía del Estado y de la Federal irrumpieron en un desalojo violento en la iglesia de El Tepeyac en la cabecera municipal de Tlapa.
Este domingo, un hermano de Antonio hizo un pronunciamiento público vía redes sociales y donde dijo que Antonio era «un defensor de los derechos humanos de los pueblos indígenas, que estaba luchando por la causa de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, era la voz del pueblo que era integrante del Movimiento Popular Guerrerense (MPG)».
Señaló que se trataba de un líder social «que nunca se negó a darle algo a la gente, a ser solidario; han pasado 5 años de su asesinato y está en la impunidad este crimen, no hay ningún responsable detenido, no hay avance en los casos».
Indicó que en estos cinco años la familia de Antonio Vivar, «lo único que hemos recibido son amenazas e intimidaciones de quienes quieren que dejemos en paz este caso, pero no lo vamos a hacer, no lo vamos a olvidar a nuestro hermano que peleaba por una causa justa, su lucha incomodó a muchos».
Recordó que el entonces gobernador interino, Rogelio Ortega Martínez fue quien ordenó «un operativo para reprimir esta movilización, esperemos que algún día caiga un culpable material e intelectual de este asesinato porque no vamos a parar hasta que encontremos justicia por mi hermano a quien silenciaron con su asesinato».
Al respecto el director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña «Tlachinollan», Abel Barrera Hernández señaló que a cinco años de este asesinato en Guerrero «hay acciones de fuerza desmedida que se han normalizado y se han hecho comunes y sigue habiendo impunidad sin que se castigue a ningún responsable».
Dijo que a cinco años de este crimen, «lo que exigimos es una investigación exhaustiva y el cumplimiento de las recomendaciones de la CNDH que exige al gobernador, a la FGR y a la FGE que se investigue y se dé con los responsables de este crimen artero, exigimos justicia y emplazamos a las autoridades que ya no más activistas y defensores de los derechos humanos sigan siendo criminalizados y asesinados», finalizó.