Texto: Staff
Chilpancingo, Gro. 21 junio 2020.- Casi 400 organizaciones de todo el país, centenares de académicos, defensores de derechos humanos y activistas firmaron un documento público en donde exigen al presidente, Andrés Manuel López Obrador a detener los «ataques» al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación en México (Conapred) y que en lugar de ello lo que se requiere es «reforzar su misión y fortalecer su trabajo con mayores asignaciones presupuestarias y el compromiso de respetar y promover su valiosa misión».
El documento público lo firmaron casi 400 agrupaciones y centenares de personas, entre ellas 8 agrupaciones del Frente Feminista Nacional Capítulo Guerrero, del Centro de Derechos Humanos de la Montaña «Tlachinollan» y otras agrupaciones de la entidad.
Lo anterior luego de la polémica de la semana en donde el presidente consideró que debe desaparecer el Conapred y revisar el funcionamiento de órganos autónomos, que conllevó a la renuncia de la titular del Conapred, Mónica Maccise el pasado viernes.
En el posicionamiento público, sostienen que el Conapred «es una de las pocas instituciones habilitada en el país para conocer casos de discriminación de empresas y particulares, además de casos con responsabilidad de servidores públicos federales y la única cuyas decisiones son jurídicamente vinculantes. Cada año atienden alrededor de 6 mil quejas a personas que consideran haber sido discriminadas. Además de sus funciones de atención a quejas y sanciones, ha impulsado diálogo, legislación, políticas y acuerdos de coordinación entre dependencias y órdenes de gobierno, en beneficio de las personas más excluidas, que muchas veces son también las más pobres».
Y le recordaron al presidente López Obrador que en su administración el Conapred, «impulsó cambios en las leyes de seguridad social y federal del trabajo para reconocer los derechos de las trabajadoras del hogar. Impulsó con organizaciones afro el reconocimiento de los pueblos y comunidades afromexicanas en el artículo segundo constitucional, como pueblos originarios de la nación mexicana».
Además, le indicaron al presidente que el Conapred «resolvió casos de educación inclusiva y de discriminación laboral hacia personas con VIH que atrajo la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y respaldó la decisión del Conapred. Acompañó las discusiones en la SCJN sobre casos de derechos de personas trans y trabajadoras del hogar, que finalmente lograron sentencias protectoras de derechos humanos».
De igual manera certificó mediante la Norma Mexicana en Igualdad y No Discriminación a 471 centros de trabajo públicos y privados para proteger contra la discriminación laboral a mujeres embarazadas, personas mayores, jóvenes, indígenas y otras poblaciones.
Y que coordinó un programa gubernamental «en el que participa toda la Administración Pública Federal, para eliminar la discriminación y cumplir el mandato de no dejar a nadie atrás y a nadie afuera. Desarrolló, con la Secretaría de Salud y organizaciones de la sociedad civil, la Guía para la Protección de la Salud de las Personas con Discapacidad en el contexto de Covid-19. Formuló recomendaciones a la Secretaría de Economía para generar políticas de recuperación económica incluyentes».
Señalaron que el Conapred propició «un acercamiento entre organizaciones defensoras de migrantes y el Instituto Nacional de Migración, tras el intento de éste por cerrar las estaciones migratorias a organizaciones y defensoras–e impulsó una estrategia de prevención y atención al riesgo sanitario por Covid-19 a migrantes y solicitantes de asilo. Coordinó a diversas instancias y gobiernos locales para atender de forma integral a las mujeres víctimas de violencia doméstica, especialmente durante el confinamiento mandatado como parte de la emergencia sanitaria por Covid-19».
Subrayaron además que ha sido una instancia «clave para generar información y estadística confiable para generar evidencia concreta de la discriminación en México. Además de apoyar y conducir las encuestas nacionales sobre discriminación, y coordinar la primera encuesta sobre discriminación por orientación sexual e identidad de género, impulsó que la encuesta intercensal de 2015 y este año el censo 2020 cuenten a la población afromexicana».
Agregaron que el Conapred «ha construido esta agenda y resultados tangibles, no obstante contar con una estructura limitada para procesar el amplio conjunto de quejas que atiende cada año y con muy pocos recursos para levantar más encuestas e instrumentos de medición y a pesar de tener que convencer a otras dependencias de la pertinencia de sus recomendaciones por no ser éstas vinculantes».
En ese sentido, consideraron que lo que se requiere en el país es «fortalecer al Conapred, no considerar su desaparición. Y apostar por reforzar su independencia (es un organismo descentralizado adscrito a la Secretaría de Gobernación) y capacidad de gestión. Suscribimos el llamado de su Asamblea Consultiva y hacemos un llamado a su Junta de Gobierno para presentar un diagnóstico de capacidades y necesidades sobre las cuales fortalecer la capacidad de atención y resolución de quejas, y sus funciones de prevención por medio de políticas, recomendaciones y campañas de difusión y divulgación».
Afirmaron que es necesario fortalecer esa institución para «avanzar en la reducción de la discriminación y la desigualdad. Retos que requieren un Conapred fortalecido. Y un compromiso con los y las ciudadanas más pobres, más discriminadas y menos visibles», finalizaron.