Texto: Fabiola Ramos Gallo
Fotografía: Tlachinollan
Chilpancingo, Gro. 28 junio 2020.- Hace 25 años, la memoria de los pueblos se vio marcada por una serie de violaciones a los derechos humanos a manos del Estado. La Matanza de Aguas Blancas fue el resultado y golpe contundente de una persecución que tenía precedentes.
Un mes atrás se presentó un evento que desde luego sería parteaguas en lo que se desencadenaría más tarde. Algunos funcionarios se habían reunido con integrantes de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS) para anunciarles que el gobernador iría a visitarles e intentaron en 2 ocasiones convencerlos para recibirlo cálidamente.
El día 3 de mayo de 1995 finalmente la OCSS recibió en Tepetixtla al entonces gobernador Rubén Figueroa Alcocer, acompañado por el comandante de la novena región militar, el General Enrique Tomás Salgado Cordero. Lejos del recibimiento anhelado por el gobernador, los pobladores gritaban consignas de lucha, para posteriormente dar espacio a Gilberto Romero Vázquez, vocero de la OCCS quien dio lectura a un pliego petitorio con el que planteaban las necesidades de los pueblos y exigían la salida del ejército de sus pueblos.
Algunos de los presentes aseguraron que Figueroa Alcocer y Tomás Salgado se retiraron muy molestos.
Quince días después, el 18 de mayo, los integrantes de la OCSS se dirigían hacia Atoyac para tomar el Ayuntamiento, al llegar, la entonces Presidenta municipal María de la Luz Núñez Ramos quiso negar la participación y se escudó diciendo que no eran pobladores de Atoyac los que se manifestaban.
Fue el 21 de mayo cuando comenzó un fuerte despliegue militar en la Costa Grande, militares y policías locales establecieron retenes y realizaban recorridos en vehículos blindados, portando armamento de alto poder. Esto sin duda, alarmó a los pobladores. Tres días después, el 24 de mayo fue desaparecido el vocero Gilberto Romero Vázquez, asestando así un duro y conciso mensaje para la organización.
Está demás decir que fue una desaparición forzada a manos del Estado, ante la indignación y la injusticia cometida, decenas de integrantes de la OCCS decidieron partir hacia Coyuca de Benítez para tomar el Ayuntamiento para hacer la exigencia de aparición de su compañero. Los 2 camiones de carga tomaron el camino de “el vado” a 3km de llegar al poblado de Aguas Blancas, el primer vehículo se encontró con un retén de unos 400 cuerpos de seguridad pública, estos les obligaron a descender del vehículo, ya abajo los golpearon y sometieron contra el suelo. Al llegar al lugar el otro vehículo aplicaron la misma estrategia, sólo que esta ocasión no dieron tiempo a que bajaran completamente cuando comenzaron a disparar.
La balacera duraría aproximadamente 20 minutos y dejaría un saldo de 17 campesinos muertos y 14 heridos, a los sobrevivientes los obligaron a regresar a sus pueblos, posteriormente los policías sembraron armas a los cuerpos, pues en un primer momento, la policía reportó que habían repelido una agresión contra un grupo armado, esto fundamentaba la versión del supuesto enfrentamiento. Después, se confirmó a través de un video no editado de la masacre, que los campesinos estaban desarmados y que las armas les fueron sembradas por los mismos policías del estado.
Un año después, el 28 de junio de 1996 aparece públicamente el Ejército Popular Revolucionario (EPR), en respuesta a la matanza de Aguas Blancas, ese mismo día, en Zumpango de Neri, guerrilleros del EPR bloquearon la carretera federal que se dirigía a Chilpancingo, que dejó como saldo 3 policías heridos.
Poca fue la resolución y justicia para el caso, a nueve meses de la masacre, el 12 de marzo de 1996 con sólo tres años de gobierno, solicitó licencia al Congreso de Guerrero, y fue sustituido por Ángel Aguirre Rivero como mandatario interino.
Pese a que algunos policías fueron detenidos y sentenciados, hasta el día de hoy no se ha logrado una reparación del daño ni juicio contra los que, de acuerdo a la resolución emitida por la Suprema Corte de la Justicia, son responsables de esta grave violación a los derechos humanos, como: los licenciados Rubén Figueroa Alcocer, José Rubén Robles Catalán, ex-Secretario General de Gobierno; Antonio Alcocer Salazar, ex-Procurador General de Justicia, entre otros funcionarios.