Texto: Fabiola Ramos Gallo
Chilpancingo, Gro. 08 de julio de 2020.- Entre las iniciativas llevadas ante la Comisión Permanente del Congreso del Estado, destacaron las 3 iniciativas en materia de salud presentadas por el diputado morenista, Marco Antonio Cabada Arias quien en su discurso hizo la petición de llevar a cabo reformas en el Código Penal del Estado de Guerrero para poder tipificar nuevos tipos de violencia que han tomado presencia sobre todo en este periodo extraordinario de emergencia sanitaria.
Una de estas reformas propone tipificar la “violencia física simple», puesto que se han presentado casos en los que ciudadanos acuden a realizar una denuncia por violencia y les es requerido presentar evidencias de golpes o heridas provocadas por la/el agresor, por ello pide calificar e incluir como violencia simple las bofetadas, empujones, escupitajos, humillación y otras señales de agresión para que puedan proceder las denuncias que propone tengan una pena de 1 a 3 años de prisión.
Asimismo, pidió tipificar como delito de “peligro de contagio” a aquella acción de transmitir alguna enfermedad que ponga en riesgo la condición de salud y vida de otros por medio de “relaciones sexuales, u otro medio transmisible o de contagio” la pena máxima que podría alcanzar en caso de ser aprobada dicha iniciativa sería de hasta 10 años de prisión o hasta 200 días de multa, por el contrario si se comprueba que la transmisión o contagio “ocurre de manera dolosa o es incurable”, podrían imputarse de 2 a 10 años de prisión y de 100 a 500 días multa.
Por otra parte, y con el mismo tiempo de condena busca adicionar al código penal el artículo 370 bis y 370 bis I al código penal para el estado libre y soberano de Guerrero número 499, dicha adición buscaría implementar el delito de “pánico sanitario” mismo que consiste en castigar a quienes divulguen y/o reproduzcan en cualquier medio o sistema de comunicación, información falsa sobre las contingencias sanitarias.
Dichas iniciativas fueron turnadas por la Comisión Permanente a la Comisión de Justicia del Congreso del estado para su análisis.