Texto: Staff
Chilpancingo, Gro. 09 julio 2020.- Una veintena de organizaciones civiles de defensa de derechos humanos, de consejos autónomos y académicos del país enviaron una carta al Congreso del Estado en donde piden a los diputados que hagan un pleno reconocimiento de los derechos colectivos de los pueblos indígenas y afromexicano en la Constitución del estado de Guerrero.
Este jueves las organizaciones, Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz), Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan”, Oxfam México, Consultoría Técnica Comunitaria, Abogadas y Abogados para la Justicia y los Derechos Humanos, Servicios para una Educación Alternativa, Tequio Jurídico, Centro de Estudios Municipalistas «Heriberto Jara», Red de Litigio Estratégico en favor de comunidades indígenas y campesinas de la Península de Yucatán, Colectivo de abogad@s.
Además del Consejo Indígena de Nahuatzen, Michoacán, Concejo de Gobierno Comunal de Comuachén, Michoacán; Union de Comunidades indígenas de la Zona Norte del Istmo, Oaxaca; Resistencia civil del Istmo-UCIZONI, Oaxaca; Servicios del Pueblo Mixe; Comunidad Indígena en Resistencia de San Francisco Xochicuautla, Guerrero y una decena de académicos del país, enviaron una misiva al Congreso local.
En la carta explican que son organizaciones y académicos que han estado abogando por el reconocimiento constitucional y legal de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas y equiparables en el país, «expresamos nuestro apoyo a la propuesta de reforma constitucional que fue presentada en diciembre pasado en el Congreso del Estado de Guerrero».
Indicaron que esos derechos están reconocidos en diversos instrumentos internacionales, «diversos relatores sobre los derechos de los Pueblos Indígenas se han pronunciado por el reconocimiento de estos derechos en los marcos jurídicos locales. En México, la reforma constitucional del 2001 representó un avance, aunque no reconoció de manera plena el derecho a la libre determinación y la autonomía. Hoy, los marcos normativos federal y estatales siguen sin reconocer a cabalidad los derechos de los pueblos indígenas».
Señalaron que han dado seguimiento al proceso de Reforma Constitucional nacional en materia indígena, así como a otros procesos legislativos que puedan tener un impacto en los derechos fundamentales de los pueblos, tanto a nivel nacional como local.
Y que en Guerrero, «como en el resto del país, los pueblos y las comunidades han ejercido en la práctica sus derechos a la libre determinación y autonomía. Destaca en particular la experiencia de la policía comunitaria, también conocida como Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC), que lleva casi un cuarto de siglo fortaleciendo su sistema se seguridad y justicia comunitaria».
Aseveraron que la «ausencia de una perspectiva intercultural de las instituciones ha conllevado una falta de certeza jurídica en el actuar de la policía comunitaria, con órdenes de puesta en libertad de las personas detenidas bajo el sistema comunitario, así como la criminalización de sus miembros en diferentes momentos. Ello ha sido acentuado a raíz de las reformas al artículo 14 de la Constitución y a la Ley 701 que, en el 2018, desconocieron su legitimidad, colocando a las instituciones comunitarias en una posición de subordinación a las instituciones estatales, lo cual violenta el derecho de los pueblos a la libre determinación y a la autonomía».
Que por esas reformas se presentaron juicios ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), «desde la academia, aportamos en la forma de diversos Amicus Curiae los resultados de nuestras investigaciones sobre los sistemas de seguridad y justicia en el Estado de Guerrero: su arraigo en la cosmovisión de los pueblos, su legitimidad y sus resultados para frenar la entrada del crimen organizado en su territorio».
Recordaron que el 20 de abril pasado la SCJN, «estableció la inconstitucionalidad del proceso de reforma, por violación del derecho de los pueblos a la consulta previa, libre e informada».
Señalaron que de manera paralela, «se llevó a cabo un proceso participativo histórico desde el congreso, pueblos y organizaciones, para determinar las aspiraciones centrales de los pueblos y comunidades, y posteriormente traducirlas en una propuesta de Reforma Constitucional integral. Varias de nosotras hemos presenciado y participado directamente en las sesiones de parlamento abierto que fueron la base de la propuesta que fue presentada en diciembre pasado».
Y destacaron que esa iniciativa tiene varias propuestas fundamentales, como «el reconocimiento de los pueblos indígenas y afromexicano como sujetos de derecho público, que les permite dialogar entre iguales con el Estado; el reconocimiento del pluralismo jurídico, central en una sociedad pluricultural y democrática; el reconocimiento del sistema comunitario de seguridad y justicia de la CRAC-PC, que mantiene la paz en las comunidades; la protección al territorio de los pueblos y comunidades frente a las empresas extractivas; la participación política de los pueblos, nombrando a sus representantes ante el congreso y los ayuntamientos en asamblea; así como el reconocimiento de los derechos lingüísticos de los pueblos».
Subrayaron que en caso de «ser reconocidos sus derechos en la Constitución del Estado de Guerrero, los pueblos y comunidades tendrán más posibilidades de fortalecer sus estructuras propias de gobernanza y por ende de acceder a una vida digna desde el desarrollo propio. En este contexto de pandemia (por el Covid-19), estamos convencidas y convencidos que el reconocimiento de los derechos de los pueblos y comunidades es impostergable, pues se trata de revertir, en parte, la deuda histórica del Estado mexicano hacia los pueblos originarios».
E hicieron un llamado a los diputados locales para que aprueben la propuesta de Reforma Constitucional y así reconocer de manera plena los derechos de los pueblos indígenas y afromexicano en su entidad.