Texto: Antonia Ramírez
Tlapa, Gro., 31 de julio de 2020.- El abogado de un comerciante indígena nahua denunció que su defendido sufrió extorsión y violación a sus derechos humanos por elementos de la Policía Investigadora Ministerial (PIM) de la Fiscalía General de Guerrero, quienes lo detuvieron por la supuesta posesión de un automóvil robado en la carretera federal Tlapa-Chilapa, cerca de la comunidad de Tres caminos, municipio de Tlapa.
De acuerdo al abogado, Salomón Miranda su defendido Enedino Galeana Ramírez fue detenido en la comunidad de Tres Caminos, sobre la carretera Tlapa- Chilapa por elementos ministeriales que se apostaron en ese lugar para revisar vehículos.
Contó que aproximadamente a las 8 de la mañana, del día jueves 30 de julio, cuando el comerciante Enedino acompañado de su esposa e hija se dirigían a las comunidades a vender verduras y chicharrón los ministeriales los pararon para revisarles el carro, y les dijeron que ese vehículo tenía reporte de robo por lo que lo detendrían y se llevarían el automóvil, pero que eso se podría arreglar si les daba 30 mil pesos, pero como les dijo que no tenía ese dinero, le rebajaron hasta 20 mil pesos pero como tampoco contaba con ello, lo detuvieron.
Como el comerciante les dijo que no tenía ese dinero, le dijeron que estaba detenido por estar en posesión de un auto robado y se lo trajeron a Tlapa, a las instalaciones de los ministeriales y ahí le siguieron insistiendo que se podían “arreglar”, con los 20 mil pesos y al llegar unos amigos para presentar la documentación que acreditaba la propiedad los ignoraron e insistieron en la cantidad, para eso ya daban las 10 de la mañana.
El abogado agregó que después de eso los ministeriales se negaron a que lo vieran, aislándolo y al no ceder con darles los 20 mil pesos, fue como a las tres de la tarde que iniciaron los trámites presentándolo al Ministerio Público y eso fue a las 3 de la tarde aproximadamente y en menos de 15 minutos lo sacaron para llevarlo a la dirección de Seguridad Pública de Tlapa.
Y el carro con el supuesto reporte de robo fue trasladado al corralón por una grúa, pero nadie les dio más información de la situación del comerciante nahua y ya eran las 7:00 de la noche de ayer jueves.
El abogado dijo que por eso con los amigos y familiares decidieron hacer su denuncia pública ante la violación a los derechos humanos, la extorsión de los ministeriales y la complicidad con la titular de la Agencia del Ministerio Público Maribel Morales García para retrasar e iniciar la carpeta de investigación que permitiera aportar los elementos de prueba “parece que hay colusión entre ambos para sacar dinero”, se quejó.
Finalmente, cerca de las 9:00 de la noche le dijeron al abogado que el comerciante haría su declaración lo que permitiría definir su situación de libertad.
Ante los señalamientos y la denuncia del abogado, la titular del Ministerio y el fiscal regional, Juan Jiménez respondieron de manera concreta que se integró la carpeta de investigación para que, de acuerdo al plazo no mayor a 48 horas se atendiera.
Y qué si había señalamientos de petición de dinero por parte de los ministeriales para no detener ni quitarle al comerciante el vehículo, lo desconocían porque ahí no lo dijeron, sin embargo, el fiscal regional dijo que platicaría con el coordinador regional de la PIM porque “eso no se debe hacer y el como jefe inmediato debe atenderlo”.
El pasado 19 de julio fueron retenidos tres policías ministeriales en la comunidad indígena na savi de Alacatlatzala, de acuerdo a los pobladores los policías pretendían extorsionar a unos habitantes por lo que las autoridades locales los retuvieron quitándoles su armamento y la camioneta en que se trasladaban.
Y fueron liberados dos días después, hasta que acudió el Fiscal Regional, Jiménez Romero y el delegado regional de Derechos Humanos, Celso Vivar Vázquez y el delegado regional de Gobernación estatal, Jorge Rodríguez Ponce y abogados del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan.