Texto: Fabiola Ramos Gallo
Chilpancingo, Gro., 07 de agosto de 2020.- Luego del comunicado emitido por la Junta de Coordinación Política del congreso local en el que emitieron la iniciativa promulgada desde diciembre 2019 por la cual se busca reformar la Constitución Política local en materia de derechos indígenas y afromexicanos presenta deficiencias en cuanto a la documentación expedida por parte del Comité Técnico Comunitario de la que informaron «no acredita que la iniciativa fue sometida a una consulta ciudadana que cumpla con los parámetros de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación».
Vidulfo Rosales, integrante del comité comunitario vertió su postura en entrevista para este medio y aseguró que “es preocupante la posición de los diputados porque, el comunicado lo que es que el argumento de los diputados de que no se entregaron los anexos correspondientes entorno a la consulta, es un argumento mediante el cual pretenden justificar la omisión para que ellos legislen en materia de los derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos».
En contraparte, el abogado dijo que lo que debió acontecer en este tiempo es que los diputados debieron darle curso legislativo a este proceso, para que una vez presentada la iniciativa y turnada a la comisión respectiva para su análisis y debate se elaborará un proyecto de dictamen y si resultaba necesario los anexos correspondientes para sustentar la consulta realizada ellos lo pudieran haber requerido, sin embargo nunca lo comunicaron.
Además, consideró que los diputados pretenden que las consultas hechas por los pueblos no tengan un asidero, por ello están poniendo pretextos formales para iniciar el proceso legislativo de la iniciativa. “Ahora resulta que ellos, diputados y Junta de Coordinación Política se erigen o se pretenden erigir en el órgano que interpreta los tratados internacionales y que interpreta la Constitución ¡Háganme el favor! Ellos no tienen facultades para interpretar la validez o invalidez de una consulta hecha por los pueblos indígenas” expresó inconforme Rosales.
De la misma manera, denunció que los legisladores se han negado a mantener un diálogo con el Comité Técnico Comunitario “Ya les hemos dicho nosotros que analicemos los textos que establezcamos las mesas técnicas y que en las mesas arreglemos lo que tengamos que arreglar, si hay disensos en cuanto al contenido de la iniciativa ahí lo podemos ver, nos han negado totalmente a que se lleven a cabo las mesas de trabajo” aseguró el abogado.
Respecto al no consenso de los pueblos a través de consultas por la cual se ha informado la iniciativa no ha trascendido, Vidulfo Rosales recuerda que las consultas se realizaron de manera basta y que incluso los pueblos indígenas crearon de manera inédita un mecanismo de consulta previo, libre e informado.
Se llevaron a cabo 4 sesiones de Parlamento Abierto entre enero y febrero de 2019; posteriormente, tuvieron lugar 10 foros de consulta en las regiones con población predominantemente indígena, tal es el caso de la comunidad del Paraíso en Ayutla, Metlatonoc, Tlapa de Comonfort, Paraje Montero de Malinaltepex, San Luis Acatlán, Tlacoachistlahuaca y Marquelia –en estos predominó la participación de los pueblos afro-, seguido de Acatepec, Tepecoacuilco en Xalitla y finalmente en Acapulco.
Cabe señalar que cada uno de estos foros registraron gran aforo, el mayor de todos se obtuvo en el Paraíso donde participaron alrededor de unos 8000 a 9000 personas, donde hubo una participación más baja fue en Tlacoachistahuaca y Marquelia donde asistieron entre 3000 a 4000 personas.
Por esto, el integrante de Tlachinollan aseveró que el rezago de esta iniciativa se debe a una falta de voluntad política asegurando que “se entrecruzan ahí intereses políticos partidistas de otra índole que no tiene nada que ver con cuestiones legales, más bien son intereses políticos, racistas, discriminadores, de parte de un Congreso del Estado que tiene diputados que no están comprometidos con el reconocimiento de los pueblos indígena».
Reprochó que la preocupación de la clase política del estado se base en que con la iniciativa aproximadamente un 30 a 35% del total de municipios serían regidos bajo el Sistema Normativo de Usos y Costumbres de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos, por lo que «dejaría de tener preponderancia el sistema de partidos políticos para regresarles a los pueblos indígenas y afromexicanos un papel más protagónico en el ejercicio de sus derechos políticos” manifestó Rosales.
Finalizó recordando a los diputados que tarde o temprano, sino es por vía legislativa se obtendrá por vía jurisdiccional, pero tendrán que reconocer los derechos indígenas y afro negados históricamente a los pueblos, porque ya hay criterios de la SCJN que obligan a los estados a armonizar sus legislaturas a efectos de reconocer esta pluriculturalidad política, agregó que “quedará claramente el precedente de que estos diputados se negaron a reconocer los derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos”.