Texto: Fabiola Ramos Gallo
Fotografía de archivo
Chilpancingo, Gro., 30 de agosto de 20.- En el marco del Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada es elemental recordar a los que bajo alguna circunstancia fueron víctimas del Estado y que fueron asesinados extrajudicialmente o que incluso al pasar de las décadas continúan desaparecidos, víctimas también de un sistema impune que demuestra con esto que la herida de la Guerra Sucia sigue abierta en la memoria de las familias y círculo social de los desaparecidos.
Guerrero, es una de las entidades que, a través de la historia, ha sido mayormente golpeada por esta técnica de terror, siendo la más conocida de estas etapas, la década de los sesentas, donde producto del hartazgo social se presentó una efervescencia de grupos guerrilleros en el estado que comenzaría una persecución política responsable de alrededor de 600 desapariciones.
Desaparición forzada: la milenaria práctica contrainsurgente
En primer lugar, se debe tener claro que, la desaparición forzada ha tratado de ser opacada y disuelta con los términos de ‘secuestro’ o ‘extravío’ con la finalidad de deslindar responsabilidad al Estado. Sin embargo, a diferencia de las anteriores, la desaparición forzada es el arresto, detención, secuestro o cualquier forma de privación de libertad, perpetrada por servidores públicos quienes valiéndose del poder que les confiere, utilizan las fuerzas de seguridad pública o grupos de personas que actúan bajo su autorización para realizar este ahora catalogado como crimen de lesa humanidad.
Si bien, como se dijo anteriormente, el periodo que comprende los años 60 y 70’s, es el más conocido y donde hubo un repunte de detenciones, secuestros y desapariciones contra la insurgencia popular, y también que con el fin de este se pretende negar la existencia actual y persistente de esta práctica, los datos y testimonios en el estado de Guerrero apuntan a que el hostigamiento se desprende hasta en 3 periodos distintos.
Primer periodo: Guerra Sucia
Bajo una inestabilidad en el poder ejecutivo de Guerrero, entre la pobreza, marginación, autoritarismo y represión exacerbada, es así que al inicio de los 60 surge un despertar de movimientos sociales y grupos insurgentes, no particularmente armados, sino ideológicos específicamente basados en el comunismo-socialismo como el Partido de los Pobres, liderado por Lucio Cabañas y la Asociación Cívica Nacional Revolucionaria (ACNR) fundado por Genaro Vázquez Rojas.
Frente al creciente temor de un estallido social, el Estado se encargó de poner en marcha un plan de contrainsurgencia, donde las ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y torturas fueron pilar y cerco para mantener el control social a través del terrorismo de Estado.
Los ataques en este periodo fueron de manera generalizada, pues para los que encabezaban este exterminio, era bien sabido que muchas comunidades, aunque no formaran parte de las filas insurgentes, sí apoyaban al movimiento con provisiones alimenticias debido a que simpatizaban con la ideología.
Esto se tradujo en un hostigamiento a poblaciones enteras, se plantaron cercos y se hizo u inventario sobre los integrantes de cada familia para tener el control sobre los alimentos que ingresaban al pueblo, la religión que profesaban eran datos elementales que el Estado no tardó en recabar a través de múltiples estrategias como las campañas de salud, que disfrazaban para la obtención de información.
Así fue el caso en las regiones Centro, Costa Grande y Costa Chica del estado de Guerrero, donde de acuerdo a las cifras del Informe histórico a la sociedad mexicana que se emitió en 2006 por la entonces Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femospp) especifica que de 1961-1979 se acumularon un total de 537 denuncias de desaparición forzada, de las cuales 398 casos se presentaron en Atoyac de Álvarez, municipio mayormente golpeado y también el que fue cuna de gran parte de los movimientos.
La desaparición forzada selectiva 1990- 2000
Para los años 1987 a 1993 llegaría al poder José Francisco Ruíz Massieu que no culminaría su periodo de gubernatura y por el contrario el cargo sería asumido por el hijo de uno de los caciques de mayor relevancia, gran poder e influencias en la esfera política, no sólo estatal, sino nacional; Rubén Figueroa Alcocer, hijo de Rubén Figueroa Figueroa.
El contexto de la década se tornaba tenso nuevamente, si bien los grupos insurgentes en Guerrero habían sido significativamente desarticulados aún existían remanentes, de los que aún se hablaba entre las instituciones de seguridad. El inicio también de una organización indigena con la presentación del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) en el 94, aglutinaría a este sector a una lucha social que consistía en el desconocimiento del Estado y buscaría la autogestión.
Es entre estos 2 periodos cuando la desaparición forzada vuelve a tener un repunte, siendo esta vez, a diferencia de la Guerra Sucia, una práctica sistemática y selectiva.
En México, surgen nuevas organizaciones como 500 años de resistencia indígena en Guerrero que, en su momento, lograron el aglutinamiento indígena en la entidad hasta la oleada represiva en contra de sus dirigentes específicamente contra su Asesor Gregorio Alfonso Alvarado López, también fundador del Unión de la Juventud Revolucionarias de México (UJRM), mismo que fue desaparecido la noche del 26 de septiembre de 1996, al salir de una reunión de las instalaciones del consejo 500 años, cerca de la alameda Francisco Granados Maldonado en Chilpancingo, Guerrero, Desapareció el y el móvil en el que se transportaba, un Volkswagen color negro. Los hechos ocurrieron el mismo día, pero 24 años atrás de la más reciente desaparición forzada perpetrada contra Normalistas de Ayotzinapa en Iguala, siendo el gobernador el mismo en las dos ocasiones, Ángel Aguirre Rivero.
La represión aumento pues cualquier organización o movimiento social era visto como una posibilidad de un foco guerrillero por lo acontecido en Chiapas y la aparición pública del Ejército Popular Revolucionario en Guerrero tuvieron como respuesta la continuidad de la escuela alemana nazi de “oscuridad y niebla” (desaparición forzada) como una estrategia continua para desarticular y propagar el terror en la sociedad.
Es este el periodo que se caracteriza por carecer de cifras, pero basta en testimonios, siendo considerado un periodo ‘fantasma’ al tratarse de casos de desaparición forzada que han sido aislados y poco difundidos.
La fallida Guerra contra el narcotráfico y el Caso Ayotzinapa, 2006- 2013
El sexenio del panista Felipe Calderón, es recordado por la declarada Guerra contra el narcotráfico que ordenaría la facultad de sacar de los cuarteles a los cuerpos castrenses para combatir a los grupos delincuenciales. Más allá de abatir a la delincuencia organizada, lo que resultó de esta fallida guerra fue el desproporcional aumento de casos de desaparición y de asesinatos extrajudiciales a manos del ejército militar mexicano.
Los más de 60.000 desaparecidos que dejó esta guerra, colocaron a México entre los países con más casos de desapariciones forzadas en toda la historia de Latinoamerica, siendo entre los casos más recordados aquel cometido en 2010 contra los estudiantes del Tecnológico de Monterrey quienes fueron confundidos con sicarios y que según los ejecutores de la masacre “iban armados hasta los dientes”.
Después de que los militares sembraron armas y modificaron la escena del crimen para maquillar la masacre. La SEDENA determinó que las víctimas no portaban armas ni pertenecían a la delincuencia organizada.
Finalmente, 4 años después, ya estando López Obrador en el poder, el asesinato se resumió a una disculpa pública por parte del Estado mexicano, mientras tanto las investigaciones siguen en proceso en el Poder Judicial de la Federación.
Sin duda alguna, uno de los casos más recientes y donde hasta ahora se continúan las investigaciones sobre la responsabilidad de distintos servidores públicos como el ex presidente de la República, Enrique Peña Nieto, es el Caso Ayotzinapa, donde con apoyo de fuerzas municipales, estatales y militares fueron desaparecidos 43 Normalistas de la Escuela Normal Raúl Isidro Burgos, en Iguala, Guerrero.
En este lamentable caso, también se trató de encubrir a los responsables a través de la mal llamada ‘Verdad Histórica’ versión sostenida por el entonces Procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, quien buscando deslindar de responsabilidades al Estado, concluyó el caso aseverando que los estudiantes fueron privados de la libertad, privados de la vida, incinerados y arrojados al río San Juan, en Guerrero y adjudicando los delitos únicamente a los integrantes del grupo delincuencial ‘Guerreros Unidos’.
La desaparición forzada, es uno de los crímenes de lesa humanidad que continúa siendo en México uno de los más recurrentes y más lacerantes. De acuerdo a diversas organizaciones, la desaparición forzada es un abuso continuo, pues constituye una revictimización a las familias, amigos, compañeros, etc. Siendo que estos sufren la ausencia y el desconocimiento del estado del desaparecido, incluso algunos han referido que aún generaciones de hijos, nietos continúan sufriendo hostigamiento por parte del Estado.