Texto: Staff
La Libertad, Ayutla, Gro. 03 septiembre 2020.- Una veintena de familias desplazadas de La Laguna, municipio de Coyuca de Catalán alertaron que han recibido amenazas de muerte por lo que pidieron a las autoridades del gobierno del estado a reponer las medidas cautelares con presencia de policías del Estado para evitar una agresión armada.
Además denunciaron que a siete años de su desplazamiento forzado el gobierno federal y estatal no ha cumplido con darles condiciones de vida digna y con posibilidad de tener trabajo para sostener a sus familias.
En 2011 un grupo armado del municipio de Coyuca de Catalán obligó a salir a un centenar de familias de la localidad de La Laguna en la zona de la Sierra, quienes en una primera instancia se refugiaron en la localidad de Puerto Las Ollas municipio de Petatlan, la cual abandonaron por temor a agresiones.
Fue así que llegaron como desplazados en marzo del 2013 a este lugar del municipio de Ayutla de los Libres, que han llamado La Libertad y hasta donde llegaron en junio del 2013, tres sicarios armados con cuernos de chivo quienes pretendían asesinar a esa veintena de familias desplazadas.
Los tres fueron abatidos por policías comunitarios de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) y desde esa fecha se decidió brindarles medidas cautelares, con la presencia de un grupo de la policía del Estado, los cuales fueron retirados desde hace tres meses.
Este jueves los representantes de esas familias desplazadas ofrecieron una conferencia de prensa para denunciar que desde hace una semana han recibido amenazas que nuevamente habrá una incursión armada en su contra.
Dijeron que temen por la integridad de sus familias y pidieron al gobierno del estado, «que actúen de manera responsable y eviten que se siga derramando sangre de gente inocente, retiraron a la policía del Estado desde hace tres meses y ahora estamos expuestos a una nueva agresión», aseveró doña, Mariana Díaz Pérez.
La jefa de una familia desplazada, recordó que ellos fueron los primeros en que grupos armados los obligaron a salir de sus hogares desde el 2011 y luego desde el 2013 les dieron ese sitio donde les prometieron que les darían condiciones de vida, «no se nos ha cumplido nada».
Recordó que el Congreso del Estado aprobó por este caso la ley 487 de Desplazamiento Forzado Interno para establecer obligaciones legales de las autoridades con esas familias, «pero es letra muerta, no tenemos ni para comer, de manera forzad tuvimos que agarrar cada quien su camino y acá nos tienen sufriendo y sin atención integral», añadió.
Mariana Díaz Pérez recordó que las autoridades les dijeron que les iban a donar tierras para siembra, la construcción de viviendas, proyectos productivos, becas salud y seguridad, «pero hasta el momento no nos ha cumplido y sólo nos han engañado».
Explicó que ella empezó a tener ingreso económico como comerciante, pero ya no siguió con esa actividad luego que en el 2018 asesinaron a tiros a su hermano, Constantino en Ayutla, «tenemos miedo hasta de salir y no hay apoyo de las autoridades para mantener a nuestras familias».
Agregó que de manera extraordinaria han podido recibir ayuda de un Comité de Apoyo que lo conforma Gonzalo Molina González, Enriqueta Chávez y Hoguer Morales Miranda, quienes les han impartido talleres para elaborar pan, para hacer guaraches y cloro, con lo que obtienen algo de recursos para poder subsistir, «sabemos trabajar, queremos que nos den herramientas, no que nos mantengan las autoridades» añadió.
Doña María del Carmen Santana Alonso demandó también al gobierno del estado y federal la libertad de los señores: Gilardo Díaz Pérez y Ubaldo Santana Alonso que son parte de esas familias desplazadas y quienes se encuentran presos, «por delitos que les han inventado, son presos políticos los compañeros».
En la conferencia el profesor, Hoguer Morales Miranda dijo que esas familias están igual que como llegaron en el 2013 a este municipio de la Costa Chica, «acá viven 20 familias, solo 9 casas les han construido y el resto vive como puede y sobrevive como puede ta,bien».
Lamentó que el gobierno del estado no cumpla con sus obligaciones que establece la ley 487 de Desplazamiento Forzado Interno, «estas familias son los primeras desplazadas en Guerrero hace ya 9 años y el problema sigue creciendo, ya hay más desplazados en Chilapa, en Chichihualco, aquí mismo en Ayutla; es un problema fuerte a pesar que hay una ley que respalda a los desplazados».
Morales Miranda, explicó que esas familias necesitan de que les den «tierra para sembrar, ahora se acomodan con propietarios de terrenos para sembrar a la mitad en terrenos prestados, es dura la situación y se está agravando por esta pandemia del coronavirus», agregó.
Indicó que han llegado despensas pero por la contingencia sanitaria, «el resto del año no; la exigencia al gobierno del estado y federal es que ponga atención al desplazamiento forzado».
Aseveró que es preocupante que también estén siendo amenazadas estas familias, «aquí se sufre una situación de inseguridad a partir de la semana pasada hay una amenaza de volver a agredir a los compañeros que están en peligro, estamos hablando de adultos, niños y mujeres, exigimos al gobierno que restaure las medidas cautelares para evitar que haya muertes que lamentar».
Señaló que como Comité de Apoyo «vamos a decomisar a las empresas sus productos para darlos a los compañeros, no estamos robando y si el gobierno no cumple se tienen que hacer otro tipo de acciones el movimiento social y el movimiento armado ha buscado la manera que los compañeros que no tienen para comer y para vestir lo hace decomiso para dárselo a los compañeros».
Finalizó diciendo que están dialogando con el subsecretario de Gobernación en Derechos Humanos, Alejandro Encinas Rodríguez «para que haya atención de manera inmediata; hay órdenes de aprehensión contra personas que no han cometido delitos, los que deberían estar detenidos no están detenidos y los que no son delincuentes los tienen presos y con órdenes de aprehensión».