Texto: Jesús Saavedra
Chilpancingo, Gro. 07 de diciembre de 2020.- A diferencia de lo que reportan las autoridades estatales y federales de Salud, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña «Tlachinollan» dio a conocer que han documentado que en Tlapa tienen documentado que han atendido en hospitales públicos y privados a 800 personas y al menos 300 más han muerto a consecuencia de la pandemia del Covid-19.
Así lo dieron a conocer en el informe anual que rinde ese Centro, sólo que en esta ocasión se realizó a través de la plataforma de Facebook, debido precisamente a la pandemia del coronavirus y lo encabezaron el director, Abel Barrera Hernández y el abogado, Vidulfo Rosales Sierra.
Uno de los aspectos que informó Abel Barrera fue el tema de las remesas de dólares que envían los migrantes guerrerenses de la Montaña desde los Estados Unidos, «esas remesas son la columna vertebral de la economía indígena y campesina, estamos caminando en la oscuridad ante la ausencia de autoridades con el confinamiento de las instituciones que no saben dar respuesta la demanda de empleo y bienestar».
Sostuvo que Tlapa «es la expresión que la vida económica de la región depende de los migrantes en Nueva York, Michigan, Georgia, en promedio son 5 mil a 6 mil pesos de remesas a cada familia que envían cada quincena y ahora con la pandemia del coronavirus murieron 63 indígenas».
Señaló que se tuvo que crear un fondo de mil dólares que aportó la secretaría del Migrante del estado, «para pagar la cremación de esas personas y trasladar sus restos a las comunidades indígenas de origen de donde salieron a buscar una mejor vida en los Estados Unidos».
De este tema del Covid-19, subrayó que las cifras reales son muy diferentes a las oficiales de las autoridades sanitarias, «en Tlapa al menos 800 personas han sido atendidas debido a esta pandemia, hay documentados más de 300 fallecidos; acá en Tlapa sólo una semana se aplicaron pruebas de detección y no ha habido más campañas».
Se quejó que la gente está indefensa porque no hay ayuda de las autoridades y «ellos han tenido que tomar sus propias medidas de seguridad, ha habido muchas muertes de indígenas y la autoridad sólo ha guardado el confinamiento, porque las personas tienen que salir a trabajar para llevar comida a sus hogares».
Añadió que la pandemia y el confinamiento, también han agravado la violencia hacia la mujer en la Montaña «hay 7 casos de feminicidios que estamos acompañando, en total ha habido 19 casos de muertes violentas de mujeres en la región, hay 6 casos de mujeres desaparecidas; de esas cifras 5 niñas han sido asesinadas y 14 casos de agresión sexual, la violencia se incremento en contra de las mujeres este año en la Montaña».
Dijo además que la pandemia del Covid-19 ha expuesto al extremo a la «población más vulnerable que son las familias pobres, las familias Jornaleras agrícolas de la región de la Montaña. Tan sólo de febrero a octubre hemos documentado 12 mil 9 personas que han tenido que salir en la región en campos agrícolas de Sinaloa, Michoacán, Sonora para irse a trabajar 3 meses».
Barrera Hernández, señaló que no hay seguimiento de las autoridades de estas familias, «no siguen las guías para mantener la salud de estas personas, en las que van incluidos más de 5 mil niños que han salido con sus padres; hay una crisis grave de empleo por eso salen de la Montaña en busca de mejores oportunidades y estamos en una campaña para que se fije un salario mínimo de 300 pesos al día para estas familias».
De la violencia en la Montana, señaló que el asesinato del activista, Arnulfo Cerón Soriano exhibieron que «los grupos de la delincuencia tienen más poder que las autoridades y es grave; su desaparición y asesinato representa un momento muy crítico para los defensores de derechos humanos».
Añadió que en la región se han realizado acciones de búsqueda, donde han localizado junto con autoridades federales y estatales, además del Colectivo Luciérnaga, 7 cuerpos y 106 restos óseos en fosas clandestinas que ha utilizado el crimen organizado.
Agregó que en la Montaña los conflictos agrarios «no está en la agenda del gobierno federal y la violencia agraria es grave en las localidades de Malinaltepec y Alacatlatzala; Metlatónoc y Huexoapa, donde no hay interés del gobierno federal por intervenir y resolverlos», aseveró.
Como comentaristas del informe estuvieron la directora de Amnistía Internacional en México, Tania Reneaum Panszi; el representante en México del Alto Comisionado de la ONU en materia de Derechos Humanos, Jesús Peña Palacios y el escritor y periodista Luis Hernández Navarro.