Texto y fotografía: Jesús Saavedra
Chilpancingo, Gro., 20 de agosto de 2019.- Agremiados al Sindicato Único de Servidores Públicos del Estado de Guerrero (SUSPEG) y jubilados acordaron iniciar una jornada de lucha el próximo lunes para exigir a gobiernos municipales y Organismos Públicos Descentralizados (OPD’S) el pago de 772 millones de pesos que tienen con el Instituto de Seguridad Social de Servidores Públicos del Estado de Guerrero (ISSSPEG), en el que se contempla la toma de varios ayuntamientos encabezados por Acapulco y Chilpancingo, que son los que más adeudan.
Este martes en el auditorio del SUSPEG acordaron un plan de acción en el que pedirán que el gobierno federal destine recursos para capitalizar al ISSSPEG, pero también que se deslinde responsabilidades civiles y penales contra las autoridades que no reportan las cuotas que se descuentan a sus trabajadores y quienes hayan descapitalizado los fondos para jubilados en Guerrero.
Ahí los secretarios generales de las secciones del SUSPEG aprobaron el plan de acción que presentó su dirigente, David Martínez Mastache y a la que se sumaron varias asociaciones de Jubilados y Pensionados del ISSSPEG.
Ese plan de acción establece exigirle a los presidentes municipales y directores de organismos públicos descentralizados que tienen adeudos, «a regularizar las cuotas obrero patronales retenidas a trabajadores activas de manera inmediata».
Ese plan también establece un plantón el próximo 26 de agosto en las entidades deudoras activos y jubilados, además de «exigir al ISSSPEG que de a conocer los avances de las demandas interpuestas a las dependencias deudoras, así como los procedimientos legales ante las instancias judiciales llevando a cabo con las nuevas administraciones».
Además van a solicitar al Congreso del Estado los exhorto correspondientes a las «dependencias deudoras y que comparezcan ya que están violando los derechos humanos en la seguridad social de los trabajadores activos que cotizan y jubilados que son derechohabientes; solicitar al gobierno del estado que los convenios de pago que se establezcan con las entidades deudoras, se realicen a través de la Secretaría de Finanzas del gobierno del estado y el ISSSPEG; buscar un mecanismo que garantice legalmente la que la aportación del trabajador sea mediante retención domiciliada a través de una institución bancaria».
Además de presentar una queja en la Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humanos las asociaciones de jubilados porque se están violando los derechos humanos y mandar una carta abierta dirigida al presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador a la Comisión de Seguridad Social del Congreso de la Unión y la Comisión Nacional de Derechos Humanos para su intervención.
Martínez Mastache dijo en la reunión que ese plan de acción se tomó luego que el gobernador del estado, Héctor Astudillo Flores advirtió que este será el último año que se hará cargo de resolver la falta de liquidez financiera del ISSSPEG y que decidieron movilizarse «porque se firman convenios con los sindicatos y no los cumplen, los jubilados han marchado y no les hacen caso, hay que trabajar en unidad, que se interpongan demandas y denuncias a los presidentes que no cumplen con su deber».
El dirigente del SUSPEG dio a conocer que 16 ayuntamientos y una docena de OPD’S tienen un adeudo histórico de 618 millones de pesos y que esas mismas administraciones que entraron en octubre del año pasado no han pagado sus cuotas al ISSSPEG por 154 millones de pesos, en total son 772 millones de pesos los que no han ingresado a ese organismo.
Puso como ejemplo el caso del puerto de Acapulco donde el ex alcalde del PRD, Evodio Velázquez Aguirre dejó un adeudo de 322 millones de pesos porque dejó de reportar las cuotas que retenía a los trabajadores y no reportaba al ISSSPEG; pero que la actual alcaldesa de Morena, Adela Román Ocampo, no ha reportado esas cuotas desde octubre pasado y ya tiene un adeudo de 75 millones de pesos.
El otro caso es el del municipio de Chilpancingo, donde el ex alcalde priista, Marco Antonio Leyva Mena dejó un adeudo al ISSSPEG de 130 millones de pesos y el actual alcalde perredista, Antonio Gaspar Beltrán tampoco ha reportado las cuotas y ya acumula de octubre a la fecha un adeudo de 33 millones de pesos.
Esos dos municipios considerados de los más grandes del estado, van a ser blanco de las protestas el próximo lunes para exigirle a las autoridades que los encabezan que hagan frente a sus responsabilidades.
Otros municipios como Taxco en el que gobierna el edil panista, Marcos Efren Parra Gómez, 880 mil pesos y recibió un adeudo de 30 millones de pesos; el gobierno de Iguala está al corriente con el pago de sus cuotas de octubre a la fecha, pero mantiene un adeudo que le heredaron por 8 millones de pesos.
El gobierno perredista de Erika Alcaraz Sosa en Tixtla está al corriente de sus cuotas de octubre a la fecha, pero heredó un adeudo de 7 millones de pesos; el gobierno municipal de Atoyac debe de octubre a la fecha 955 mil pesos y adeuda 4 millones de pesos de la administración anterior; Leonardo Bravo debe un millón de pesos de octubre a la fecha y tiene un adeudo histórico de de 4 millones; Eduardo Neri debe de octubre a la fecha 134 mil y tiene un adeudo histórico de de 3 millones de pesos.
El municipio de San Marcos está al corriente de sus cuotas de octubre a la fecha, pero tiene adeudo histórico de más de 2 millones de pesos; Ometepec debe 400 mil pesos y tiene una deuda histórica de 2 millones 400 mil pesos; Cuajinicuilapa adeuda un millón de pesos de octubre a la fecha y mantiene adeudo histórico por más de 3 millones de Pesos.
Hay otros municipios como Benito Juárez, Arcelia, Buenavista, Copala, Ayutla, Tecoanapa, Huamuxtitlan, que tienen adeudos históricos y de las nuevas administraciones de menos de un millón de pesos.
Igual hay OPD’S como las Comisiones de Agua Potable de Acapulco, Tixtla, Chilpancingo, Iguala que mantienen adeudos históricos con el ISSSPEG y que también se exigirá que se pongan al corriente.
En el plan de acción aprobado no descartan que la toma de esos ayuntamientos el lunes sea de manera indefinida si no hay una respuesta favorable y también la posibilidad de realizar movilizaciones en la capital del país, para pedir la intervención del gobierno federal y haya un rescate financiero urgente.
Advirtieron que esa crisis financiera puede poner en peligro el pago de las pensiones de los jubilados del ISSSPEG y también el incumplimiento de obligaciones con los afiliados al SUSPEG.