Texto: Jesús Saavedra
Chilpancingo, Gro. 04 de enero de 2020.- Familias que viven bajo el asedio del grupo criminal «Los Ardillos», han planteado a organizaciones independientes de derechos humanos que les busquen asilo político en los Estados Unidos, pues consideran que el gobierno federal, estatal o municipal no les dan garantías de vivir con seguridad en las 18 comunidades de Chilapa en las que tienen como autoridad a la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Pueblos Fundadores (CRAC-PF).
Lo anterior luego que este lunes el subsecretario de Derechos Humanos de Gobernación, Alejandro Encinas Rodríguez publicará en sus redes sociales una fotografía con varios comisarios de pueblos indígenas de Chilapa, «para abordar el problema de la violencia que viven las comunidades», dijo brevemente en su publicación.
Ese encuentro con el funcionario se realizó después que el pasado 19 de diciembre fueron asesinados los indígenas María Agustín Chino, Amalia Morales Guapango, José Benito Migueleño y Miguel Migueleño, todos habitantes de la comunidad de Alcozacán.
En enero del año pasado fueron asesinados 10 músicos de esa comunidad nahua cuando regresaban de una presentación; de esa misma zona de influencia de la CRAC-PF, hay el recuento de al menos otros 14 asesinatos a manos del grupo Paz y Justicia, que sostienen son el brazo armado del grupo criminal «Los Ardillos».
A consecuencia del asesinato de las 4 personas en diciembre pasado, se bloquearon los accesos carreteros a esa zona nahua de la Montaña baja de la entidad y se mantiene una «delicadisima» situación en la zona que ha obligado a varias familias, cuando menos de Alcozacán a pedir a los abogados del Centro de Derechos Humanos «Morelos» de Chilapa que les busquen asilo político en los Estados Unidos.
La abogada de este Centro, Teodomira Rosales Sierra dijo vía telefónica que desconocía del contenido del encuentro de Alejandro Encinas y los Comisarios de Chilapa, «entiendo que el encuentro fue con autoridades de varias comunidades con los que estamos en pláticas para formar un frente común, donde estaría también el ‘Tlachinollan’, ante este panorama triste que se vive en esa zona de la entidad», sostuvo.
Dijo que ese frente común será para pedir con mayor fortaleza la intervención del gobierno Federal, del gabinete de Seguridad en especial y de la CNDH, «tenemos víctimas que acompañamos que están en esa comunidad Alcozacán y no pueden salir en una situación delicadisima; de plano hay algunas familias que nos han pedido que se les busque asilo político en los Estados Unidos porque las autoridades no hacen nada para garantizar su seguridad», agregó.
Teodomira Rosales, explicó que ellos como Centro «Morelos» tienen un padrón de 98 familias de esas 18 comunidades que están demandando la ayuda urgente y la intervención sería del gobierno federal y el gabinete de seguridad, es una bomba de tiempo la situación social que se vive en esa zona indígena», alertó.
Agregó que este frente se busca que se haga un padrón real de familias afectadas y que las autoridades tomen en serio sus testimonios de la violencia que están viviendo, «no hay ninguna garantía de seguridad en la zona, los militares, la Guardia Nacional se han retirado del lugar y la petición es que estén de manera permanente y que se sientan seguras las familias de esa zona» agregó.