Texto: Jesús Saavedra
Chilpancingo, Gro. 20 de enero de 2021.- Los abogados que acompañan a las madres y padres de los 43 estudiantes desaparecidos en Iguala hace más seis años, lamentaron la filtración de las investigaciones que realiza sobre el caso la Fiscalía General de la República (FGR) y donde se sostiene la declaración de un nuevo testigo del caso, quien confirma la participación del Ejercito.
Este miércoles en su edición impresa, la nota de ocho columnas del periódico Reforma retoma la declaración de un testigo protegido de la FGR y donde señala que los 43 normalistas, fueron desaparecidos junto con otras 30 personas, en un operativo conjunto donde participaron militares, policías y sicarios del grupo criminal Guerreros Unidos (GU).
De acuerdo al testimonio al que accedió Reforma, un grupo de estudiantes fue llevado a las instalaciones del 27 Batallón de Infantería en Iguala y otro grupo fue trasladado a una casa de seguridad de GU, donde fueron torturados y desmembrados.
Ese último grupo y los restos habría sido llevado a un crematorio de Iguala, donde fueron incinerados y sus restos fueron esparcidos en la zona suburbana de Iguala y otros restos más fueron llevados al basurero de Cocula donde también habrían sido vertidos.
Ante esta información, los abogados del Centro de Derechos Humanos «Tlachinollan», del Centro de Derechos Humanos «Miguel Agustín Pro Juárez», Fundar y Serapaz, quienes han acompañado a las madres y padres de los 43 normalistas desaparecidos fijaron una postura.
A través de un comunicado lamentaron, «las filtraciones de una investigación en curso, como en el pasado lamentamos publicaciones que retomaron esa misma información. Preocupa el daño que esto pueda hacer a la investigación. Nuestra solidaridad con las familias por el dolor que estas filtraciones genera».
También sostienen que la «evidencia reunida hasta ahora confirma que en la red criminal involucrada participaron no sólo policías municipales, sino también funcionarios estatales y federales, incluyendo entre éstos últimos a policías federales y militares».
Recordaron que entre las recomendaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) al gobierno de México, «destaca el no basar las conclusiones de las investigaciones sólo en testimonios, sino en pruebas científicas.
Ante nuevas declaraciones de informantes, hemos exigido como coadyuvantes que se agoten todas las líneas de investigación, con prueba fiable».
Finalmente señalan que «en tanto no sea esclarecido el paradero de todas las víctimas y sancionados todos los responsables, el caso no puede darse por cerrado».