Texto: Fabiola Ramos Gallo

Fotografía: Verpais

Chilpancingo, Gro., 12 de febrero de 2021.- Habitantes de Chichihualco, municipio de Leonardo Bravo denuncian que la tala inmoderada de pinos y encinos del bosque del ejido continúa, ahora de manera clandestina puesto que el pasado año venció el permiso que habían otorgado autoridades federales y estatales en 2011.

De acuerdo a un habitante quien prefirió omitir su nombre por temor a represalias, denunció que el ejido se encuentra secuestrado por los caciques del lugar, que además de que han impuesto por años a las autoridades ejidales sin la consulta de los pobladores, ahora amenazan con destruir el ecosistema por la tala inmoderada que realizan en el bosque del ejido de Chichihualco, municipio de Leonardo Bravo misma que ya comienza a causar estragos.

Esta problemática data de al menos una década cuando autoridades ejidales en contubernio con autoridades estatales y federales, específicamente de la Procuraduria Federal de Proteccion al Ambiente (PROFEPA) otorgaron un permiso para realizar la tala de pinos por 9 años, sólo con la autorización y firma de 79 personas, sin consultar en Asamblea.

Durante los 9 años, nunca se cumplió ningún requisito para realizar esta actividad como lo es la instalación de un vivero y reforestación; Sin embargo, aunque dicho permiso caducó el año pasado, actualmente el Presidente y Secretario del Ejido, Faustino Visoso Duque y Alfonso Duque Marino respectivamente -quienes ya habían fungido como comisariado ejidal en 2012- han dado continuidad a la tala inmoderada ahora de manera ilegal en la zona de Pozo Verde y Puente de Dios.

Esto logrado con el cobijo y tráfico de influencias del integrante de la Liga de Comunidades Agrarias de Guerrero y ex diputado local por el partido Movimiento Ciudadano, Evencio Romero Sotelo.

La deforestación que ha dejado la explotación del bosque ya comienza a ocasionar un daño ambiental significativo en el lugar, provocando derrumbes, incendios forestales y escasez de agua, puesto que los manantiales que rodean las hectáreas deforestadas comienzan a secarse.

Los habitantes temen oponerse a los Duque pues amenazan con quitarles el Programa de Apoyos Directos al Campo ‘PROCAMPO’. Aunado a esto, debido a la pandemia los afectados no han podido realizar una denuncia ante las oficinas de la PROFEPA por lo que han realizado denuncias vía telefónica y hasta la fecha no obtienen ningún tipo de respuesta.

Tan sólo de 2012 a 2014 se cortaron 4 mil metros cúbicos de madera por año, cantidad que aportaba aproximadamente 4 millones de pesos a los ejidatarios; por ello, los pobladores hacen pública nuevamente la denuncia y abuso de poder por el que atraviesa su localidad y hacen el llamado a las autoridades estatales y federales para que intervengan y frenen este ecocidio que en lo que va del 2021 se está practicando clandestinamente.

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