Texto: Fabiola Ramos Gallo
Chilpancingo, Gro., 23 de febrero de 2021.- La Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias- Policía Comunitaria y Pueblos Fundadores (CRAC-PC-PF) anunció esta mañana la destitución de los hermanos Sanchez Luna a quienes acusaron de corrupción y de ser los responsables de armar a los menores en la Montaña Baja en 2020, acto que va contra los principios de la autoridad comunitaria.
Según el comunicado, la CRAC-PC-PF a través de una asamblea, determinó algunos acuerdos entre los que destaca la destitución pública de David Sánchez Luna y Bernardino Sánchez Luna, quienes desde el 27 de agosto del 2020 dejaron de ser parte del sistema de seguridad y justicia comunitaria.
Esto, debido a que los pueblos coincidieron que la inseguridad que se vive en la Montaña Baja es responsabilidad de «malos gobiernos» y de elementos que se han cooptado dentro de la Casa de Justicia, como aseguran sucedió con los ya mencionados.
En ese sentido, recordaron lo suscitado en enero del 2020, cuando los hermanos Sanchez Luna fueron los responsables de armar a decenas de menores en la Montaña Baja, práctica que fue ampliamente difundida en medios y que especifican «representa una violación grave a los derechos humanos pero también a nuestro reglamento interno de usos y costumbres».
Aunado a esto, denuncian que David y Bernardino Sanchez Luna han lucrado con el dolor de las familias de asesinados y desaparecidos en la región, como prueba de ello mencionan las irregularidades que derivaron en 67 órdenes de aprehensión contra mujeres y hombres nahua de San Gerónimo Palantla, donde uno fue preso hasta la fecha.
De esto, la autoridad comunitaria denunció que los Sánchez Luna detuvieron las gestiones para la cancelación de dichas órdenes porque «sacaban beneficios económicos».
En tanto, decidieron notificar de esta situación a organizaciones sociales y de derechos humanos, pueblos, autoridades tanto comunitarias como municipales, estatales y federales pues los Sánchez Luna continuan usurpando funciones por lo cual incluso puntualizan:
«Los dejamos en manos de la Fiscalía General del Estado ya que tenemos pruebas de que continúan obligando a niños menores de edad a entrenamientos» externan en el comunicado.
Por otra parte, informaron que la CRAC-PC-PF determinó también instalarse desde hoy en la comunidad de Alcozacan para dar apoyo y seguridad al bloqueo que mantienen las comunidades de Chilapa desde el pasado 21 de diciembre, cuando rompieron el cerco narco paramilitar que las asedia.