Texto: Jesús Saavedra
Chilpancingo, Gro. 04 de marzo de 2021.- Guerrero se encuentra entre los siete estados del país que el gobierno federal ha colocado en un mapa de riesgo en la elección en curso y por ello han presentado un plan de protección a candidatos, para evitar que sean cooptados por algún grupo criminal a través de amenazas y tener influencia política a partir de la elección de representantes populares el próximo 6 de junio.
Este jueves en la conferencia matutina del presidente, Andrés Manuel López Obrador en Palacio Nacional presentó este plan que dijo se trata de «darle protección a candidatos, que no los amenacen, que no los agredan, que no los intimiden, que no los obliguen a declinar por amenazas, por intereses, por todo esto que se presenta en procesos electorales, y queremos ahora enfrentarlo para que se garantice la libertad de todos y que sean los ciudadanos los que elijan, no los grupos de intereses creados, no la delincuencia organizada, no la delincuencia de cuello blanco; que no haya candidatos a modo, que no haya grandes electores, es decir: ‘Este va a ser y hazte a un lado; si no, atente a las consecuencias’», aseveró el presidente.
López Obrador hizo un llamado a «todos los candidatos que actuemos con firmeza, con aplomo. La libertad no se implora, se conquista. Y, de todas maneras, va a haber protección. Se está hablando con los gobernadores para que haya una acción conjunta de protección; sobre todo, a candidatos a presidentes municipales, que son muchos los que se van a elegir, muchísimos candidatos».
El plan fue presentado por la secretaria de Seguridad Pública, Rosa Icela Rodríguez Velázquez quien explicó que se trata de «prevenir, sancionar la violencia política y proteger a candidatos o aspirantes amenazados por el crimen organizado y el crimen de cuello blanco».
Afirmó que tienen una herencia «de la delincuencia organizada y la delincuencia de cuello blanco. Hubo regiones del país donde decidían los candidatos y buscan actualmente seguir controlado mediante campañas de miedo. Para dar un ejemplo, de septiembre de 2020 a febrero de 2021 se han registrado 73 delitos relacionados con acontecimientos políticos, en los cuales lamentablemente hubo 64 personas víctimas de homicidio en algunas regiones del país».
Aseveró que a más de tres meses de la elección, el gobierno federal trabaja «para frenar el incremento de estos delitos porque las organizaciones criminales buscan fortalecer su operación mediante la intimidación y el aumento de su influencia política».
Rodríguez Velázquez indicó que «como ocurre con la incidencia delictiva en general, tanto la cooptación criminal como los asesinatos y demás actos de violencia se concentran en algunos estados, más de la mitad de los eventos de violencia política, como asesinatos y heridos se han presentado, en este periodo, en siete entidades: Oaxaca, Guanajuato, Veracruz, Guerrero, Morelos, Baja California y Jalisco».
La funcionaria federal, subrayó que en los estados de Morelos, Guerrero, Michoacán, Oaxaca, Veracruz, Sinaloa y Jalisco «vemos más riesgos de que los aspirantes y candidatos tengan cooptación por parte de la delincuencia. Por eso decimos que la delincuencia organizada y la delincuencia de cuello blanco cuentan con un repertorio variado de acciones para incidir en estas elecciones, ya sea mediante estrategias de complicidad o de presiones violentas».
Afirmó que en la elección el crimen organizado pretende también participar, «establecen campañas de miedo para intimidar a la clase política y al pueblo en general: asesinan, amenazan, cooptan, imponen y financian. Entre sus estrategias de violencia está el homicidio, los secuestros, la privación de la libertad, la intimidación de familias, la quema de domicilios y la extorsión; cooptan también acercándose a los precandidatos y se coluden con otros actores políticos de los partidos o gobiernos locales y desde antes del proceso electoral ofrecen financiamiento, donativos, en especie o les otorgan protección y personal, capital humano para sus campañas».
Aseveró que en algunas regiones del país «el crimen designa, está intentando designar candidatos de áreas completas de los municipios, tomando el control de las finanzas y extorsionan y piden moches, diezmos, tanto a los gobiernos como a sus proveedores. En otros estados se ha dado el caso de que bloquean a candidatos o partidos políticos que no responden a sus intereses».
Aseveró que con este plan buscan «detectar las amenazas, riesgos y vulnerabilidades para prevenir, evitar y sancionar las acciones del partido del crimen y la delincuencia que asesine, extorsiona, coopta, secuestra a aspirantes, candidatos y servidores públicos; sobre todo, sobre todo del ámbito municipal».
Señaló que «el nivel de gobierno más vulnerable es el municipal, más aún cuando están en zona de influencia del crimen organizado o de cuello blanco. Por ello, es necesario actuar con una guía clara. Hoy presentamos este plan que, en primer lugar, es hacer un llamado a partidos políticos y a autoridades electorales y otro tipo de autoridades para que los candidatos cumplan con los requisitos de ley».
Anunció que habrá mesas de trabajo entre la Secretaría de Gobernación, la de Seguridad, los partidos políticos, las fiscalías, autoridades locales, «para compartir alertas que permitan prevenir y atender casos de registro de candidatos con vínculos con la delincuencia organizada o vínculos con la delincuencia de cuello blanco. También consultaremos, estamos consultando con los gobernadores la aplicación de esta estrategia en sus entidades con énfasis en las medidas de protección a personas candidatas amenazadas».
Y que se reforzará la estrategia de seguridad en las entidades federativas y municipios de alto riesgo con presencia de las fuerzas de seguridad, «se brindará atención a aspirantes y candidatos amenazados por el crimen organizado previa apertura de carpetas y determinación de niveles de riesgo y protección. También debemos coadyuvar en la protección y la coordinación operativa con autoridades ministeriales e instancias competentes, tanto locales como federales».
Dijo que con los gobernadores, coinciden «en la necesidad de establecer protocolos territoriales especializados, según el nivel de violencia política, de incidencia delictiva y de riesgos para el proceso electoral», finalizó.