Texto: Jesús Saavedra
Fotografía: Internet / Expansión
Chilpancingo, Gro. 03 septiembre 2019. / El Centro de Derechos Humanos «Miguel Agustín Pro Juárez» aseveró que la liberación de Gildardo López Astudillo «El Cabo Gil» confirma el «fracaso judicial» de la investigación por la desaparición de 43 normalistas en Iguala en septiembre del 2014 y las carpetas de investigación que inició la extinta Procuraduría General de la República (PGR) en el gobierno de Enrique Peña Nieto.
Este lunes se pudo conocer que desde el pasado sábado
Gildardo López Astudillo abandonó la cárcel de máxima seguridad de El Altiplano
en el Estado de México donde estaba recluido, luego que fuera detenido en
septiembre del 2015 en la ciudad de Taxco en la zona Norte de la entidad.
«El Cabo Gil» de acuerdo a las investigaciones de
la PGR fue quien habría ordenado la detención de los 43 normalistas de
Ayotzinapa, la noche del 26 de septiembre en Iguala, donde fungía como operador
del grupo criminal Guerreros Unidos y enlace directo de las complicidades con
policías municipales de Iguala y Cocula.
Un juez federal desestimó las 81 pruebas que ofrecieron en su
contra la PGR, por considerar que se recabaron de forma ilegal, como tortura y
detención arbitraria, por lo que Gildardo López Astudillo pudo obtener su
libertad el fin de semana pasado.
Con esa resolución judicial, ya son 44 personas que fueron
detenidas por la PGR a quienes acusan de estar implicados en la desaparición de
los 43 normalistas, situación que consideran analistas del caso, ilustra lo que
ha sido la investigación que inició la PGR: un desastre.
Al respecto este martes el Centro de Derechos Humanos
«Miguel Agustín Pro Juárez», que se encarga de brindar asesoría
jurídica a los padres de los 43 muchachos desaparecidos hace casi cinco años,
recordaron que esa decisión del juez federal «es la primera sentencia
absolutoria dictada por el caso y confirma el fracaso judicial de la
investigación».
Aseveraron que la resolución judicial y la liberación de
«El Cabo Gil» es consecuencia «de las irregularidades y
violaciones graves a los derechos humanos cometidas por la PGR de la anterior
administración Federal y que hasta hoy siguen impunes».
Pero también endosa responsabilidad a la nueva Fiscalía General de la República (FGR) que encabeza, Alejandro Gertz Manero, «muestra que la actual FGR no ha tomado ninguna medida para corregir las deficiencias de dichas acusaciones, por lo que podrían también ser absueltos en breve más acusados que presumiblemente cuentan con información sobre el paradero de los estudiantes».
Agregaron que también evidencia «que aunque la administración de Andrés Manuel López Obrador ha dado pasos hacia el esclarecimiento pleno del paradero de los estudiantes, es indispensable que se actúe con mayor firmeza y prontitud, con mayor coordinación y con más respaldo de todas las instituciones a la labor de la Comisión Presidencial por la Justicia y la Verdad en el caso Ayotzinapa».