Texto: Jesús Saavedra
La Comisión Presidencial para la Verdad y la Justicia en el caso Ayotzinapa anunció que va a presentar denuncias ante el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) y la Fiscalía General de la República (FGR), para que se investigue a jueces y servidores públicos que podrían haber cometido delitos y omisiones para permitir que 53 personas presas por la desaparición de los 43 normalistas en Iguala hayan recuperado su libertad.
Y sostuvieron que con la decisión de un juez federal de dictar una sentencia absolutoria a Gildardo López Astudillo «El Cabo Gil» se ha sentado «un precedente muy grave», por el que podrían obtener su libertad otras 50 personas detenidas por esa desaparición forzada de esos muchachos, aseveró el subsecretario de Gobernación en materia de Derechos Humanos, Alejandro Encinas Rodríguez.
Este miércoles en la conferencia matutina del presidente, Andrés Manuel López Obrador en Palacio Nacional estuvo el subsecretario de Gobernacióny presidente de la Comisión, quien fijó una postura en torno a la liberación de «El Cabo Gil» operador del grupo criminal Guerreros Unidos (GU) de Iguala y quien habría ordenado la detención y desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
Lo anterior luego que el pasado 30 de agosto el juez Primero de Distrito en procesos penales federales de Tamaulipas, Samuel Ventura Ramos dictó una sentencia absolutoria en favor de Gildardo López Astudillo quien operaba como jefe de Plaza de Guerreros Unidos en Iguala al momento de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.
Recordó que el Juez Ventura Ramos determinó en su sentencia «que no existían elementos para acreditar el delito de delincuencia organizada, desestimó 44 pruebas en contra de ‘El Cabo Gil’ que buscaban acreditar el delito de secuestro, se circunscribio sólo en analizar 162 de los 772 tomos que forman parte de la averiguación y consideró que se había aplicado tortura a pesar que la PGR aplicó el protocolo de Estambul y demostró que no había sido torturado».
Alejandro Encinas consideró que esa resolución del juez, «es un precedente muy grave, una sentencia absolutoria de uno de los principales perpetradores de la desaparición forzada y lamentablemente no es el único caso se ha sentado precedente para que se puedan establecer sentencias absolutoria a los demás implicados y fortalece una tendencia que ya se había venido aplicando con la libertad de otros detenidos en el caso de Ayotzinapa».
Explicó que de septiembre del 2014 a agosto del 2018 se consignaron 169 personas vinculadas a esta desaparición forzada, «de las cuales fueron detenidas 142, particularmente civiles vinculados al cartel de GU, policías de Iguala y Cocula por delitos delincuencia organizada».
Abundó que de las 142 detenidas la extinta PGR procesó a 70 personas por el delito de secuestro de los normalistas, «a lo largo de estos años el proceso judicial contra estos detenidos basadas en 107 pruebas recabadas, sólo subsisten 44 de las 107 pruebas; a la fecha han sido liberados 53 presuntos delincuentes de los 142 detenidos y ahora con este precedente de la libertad absolutoria de Gildardo López Astudillo existen los elementos para que la autoridad judicial pueda liberar a otros 50 detenidos en este proceso».
Señaló que la liberación de 53 presuntos delincuentes, «evidencia una indebida integración de la investigación de las autoridades Ministeriales basadas en irregularidades y graves violaciones a la ley; la mal llamada verdad histórica se construyó en la simulación, en la fabricación de pruebas, en la tortura en beneficio de los perpetradores y en contra de las víctimas».
Encinas Rodríguez, aseveró que habiendo elementos «claros y suficientes para fincar y deslindar responsabilidades por los delitos cometidos, la actuación indebida de la autoridad judicial ha generado condiciones para que con una muy laxa interpretación de la ley se pueda retirar los cargos que se les imputaron a los detenidos».
E hizo un exhorto a la FGR para que «reencauce la investigación, subsane las omisiones, permita una investigación diligente para deslindar responsabilidades de autoridades civiles en esta desaparición», aseveró el funcionario federal.
anunció que acudirán a la FGR y el CJF a interponer «los recursos legales para que se inicie la investigación de funcionarios de FGR y jueces en el caso del poder Judicial Federal para deslindar responsabilidades en estos casos en donde en lugar de garantizar el derecho a la Verdad y la Justicia de las víctimas se está generando un pacto para favorecer el silencio y la impunidad».
Recordó que en el anterior sexenio la Visitaduría de la PGR inició un procedimiento en contra de quién fuera director de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), Tomás Zeron de Lucio por su actuación indebida en este caso y que derivará en el deslinde de responsabilidades «no solamente contra él, sino contra los funcionarios responsables de haber alterado el debido proceso en esta investigación».
Advirtió que en cuanto se deslinden responsabilidades para la construcción de la llamada «verdad histórica» que aseveró el ex titular de la PGR, Jesús Murillo Karam «va a alcanzar a todos los que construyeron este proceso», indicó.
Y agregó que la Comisión Presidencial para la Verdad y la Justicia en el caso Ayotzinapa «seguiremos en las diligencias que están en proceso y requerimos que la autoridad Judicial y la FGR hagan su trabajo y no permitan que esos hechos queden impunes».