Texto y fotografías: Jesús Saavedra
Chilpancingo, Gro. 08 de abril de 2021.- A 36 meses que su pareja Víctor Manuel Enríquez Lezama intentara asesinarla, Gloria Alejandra Mateos Jiménez continúa a la espera que se cumpla la sentencia que una juez dictó en contra de su agresor de 6 años y 6 meses de prisión, una multa de 425 salarios mínimos y la reparación del daño.
La sanción corporal y económica están en suspenso, luego que su agresor sentenciado solicitó un amparo ante el Tribunal Colegiado en Materia Penal y Administrativa del XXI Circuito de Acapulco y quedó en suspensión la aplicación de la sanción que dictó la juez, Tanya Alfaro Zapata y que Ratificó el magistrado, Raymundo Casarrubias Vázquez.
Gloria Alejandra ofreció una conferencia de prensa acompañada de activistas de defensa de los derechos de las Mujeres en Guerrero, donde hicieron un llamado a ese Juzgado Federal a que resuelva de inmediato y le niegue el amparo de la justicia Federal para que su agresor cumpla con su condena corporal, pues no tiene derecho a fianza.
Sostuvo que han sido 36 meses desde que Víctor Manuel Enríquez Lezama la intentara asesinar, «pero mi agresor sigue sin pagar su delito, tengo temor que actúe en mi contra porque de manera indirecta les ha dicho a conocidos en común a los que les ha dicho que ‘muerta la perra se acaba la rabia’ y que no va a ir a la cárcel, que no va a pagar nada».
Se quejó que la justiciero proteja a su agresor y que a pesar de ser un delito grave goce de libertad, «no tengo medidas cautelares, desde noviembre ratificaron la sentencia y estamos en abril pero no se me hace justicia; ha pasado tanto tiempo y no he conseguido absolutamente nada, se han burlado de mi por ir buscando una justicia que no existe y que no llega, mi vida la perdí hace 36 meses y mientras mi agresor sigue libre impunemente», aseveró.
En la conferencia, Eva García Estrada de la asociación civil Camino con Alas, dijo que los colectivos que acompañan a Gloria Alejandra esperaban que hubiese «justicia pronta, en cambio hay una violencia institucional en su contra y las instituciones son las que la han agredido desde hace 3 años cuando intentaron asesinarla».
García Estrada sostuvo que «el sistema le ha provocado violencia ante el temor de que su agresor esté en libertad, hacemos un llamado al Tribunal Colegiado le exigimos que actúe en contra de la persona que le provocó violencia Víctor debe ser sancionado, la no repetición debe ser un tema que deben trabajar las instituciones públicas se trata de actuar conforme a las leyes».
Por su parte, María Luisa Garfias Marín aseveró que el caso de Gloria Alejandra «es un ejemplo de la impunidad que existe en Guerrero y en el país, a las autoridades que les corresponde garantizar el ejercicio de los derechos humanos de las mujeres entorpecen y obstaculizan la garantía del ejercicio de esos derechos».
Sostuvo que hay «una violencia institucional a la que se enfrentan las mujeres cuando exigen que el Estado cumpla con sus obligaciones, hemos buscado las maneras que este gobierno que dice que apoya a las mujeres, hay una alerta de género en Guerrero y siguen como si no pasara nada si tanto cacaraquean una política de apoyo a las mujeres».
Marina Reyna Aguilar dijo que la falta de justicia en este caso, «es el ejemplo de lo que esta sucediendo en Guerrero, el caso tiene el mismo tiempo de la alerta de género por violencia feminicida, es una sobreviviente de feminicidio y tendríamos que estar observando en las autoridades una transformación a las víctimas y no las observamos no hay un impacto visible y objetivo, hay deficiencias y omisiones de funcionarios que violan los derechos humanos de las mujeres y las niñas, queremos que haya justicia efectiva, no queremos un caso más».
La dirigente de la Colectiva Nacional Feminista (Conafem), Yolitzin Jaimes Rendón aseveró que era «lamentable que ninguna institución garantice el acceso a la justicia y que está falta de justicia sea una invitación a los agresores a seguir lastimando a las mujeres», añadió.