Texto: Jesús Saavedra
Chilpancingo, Gro. 18 de abril de 2021.- La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) hizo un extrañamiento público al ex gobernador, Ángel Aguirre Rivero por un artículo de opinión que publicó este fin de semana en el periódico Milenio y donde acusa al abogado de las madres y padres de loa 43 estudiantes desaparecidos en Iguala de boicotear las investigaciones del caso y de haber entregado ese movimiento a la candidatura a gobernador de Morena.
A través de un comunicado publicado la tarde de este domingo, la CNDH insiste que en el caso de la desaparición forzada de esos 43 muchachos, «hasta hoy la única verdad histórica ha sido la impunidad» y que esperan que el caso se resuelva a partir de la creación por decreto presidencial de la Comisión para la Verdad y la Justicia en el caso Ayotzinapa.
En el escrito señalan que el pasado 21 de marzo la presidenta de la CNDH, Rosario Piedra Ibarra acudió a las instalaciones de la normal rural de Ayotzinapa donde, se comprometió con familiares y representantes de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos, » a trabajar de manera amplia y colaborativa para que, en el ejercicio de sus funciones, se realice la búsqueda en vida de los normalistas desaparecidos y coadyuvar con las investigaciones para esclarecer los lamentables hechos del 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala, a fin de que no quede en total impunidad».
Y consideran en el comunicado que con el artículo de opinión que publicó Aguirre Rivero el pasado sábado, les genera «preocupación por la reciente declaración pública del exgobernador, Ángel Aguirre Rivero, contra el defensor de derechos humanos, Vidulfo Rosales Sierra, quien ha sido por años y es representante de las madres y los padres de los 43 estudiantes desaparecidos».
Para ese organismo público, esas opiniones «contraviene la Declaración sobre el derecho y el deber de los individuos, los grupos y las instituciones de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales universalmente reconocidos, instrumento de la Organización de las Naciones Unidas».
Sostienen además que se trata de «ataque directo a la defensa de los derechos humanos, y muestra un patrón sistemático de exfuncionarios de Guerrero, como es el caso del ex titular de la Procuraduría General del estado de Guerrero, Iñaki Blanco Cabrera, para desacreditar el trabajo del defensor Vidulfo Rosales Sierra, quien ha sido objeto reiterado de ataques y amenazas por su labor en los diversos casos graves de violaciones a derechos humanos en Guerrero, como el de las víctimas de la represión en la jornada electoral de Tlapa de Comonfort en junio de 2015; el de la señora Inés Fernández Ortega; el de los estudiantes normalistas de Ayotzinapa, Jorge Alexis Herrera Pino y Gabriel Echeverría de Jesús, ejecutados en la autopista del Sol en diciembre de 2011, y desde luego, la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, los dos últimos durante el gobierno del declarante (Aguirre Rivero)».
Recordaron que la CNDH «tiene entre otras, la misión de promover y velar por la libertad de expresión de todas las personas. Sin embargo, esta instancia no puede permanecer omisa ante declaraciones tan relevantes que tienden a enrarecer el ambiente y ponen en riesgo no sólo las investigaciones del Caso Iguala, sino la integridad de defensoras y defensores de derechos humanos, contexto en el cual se insertan las declaraciones del
ex gobernador Ángel Aguirre Rivero».
Agregaron que desde su posición como ex gobernador «genera condiciones de vulnerabilidad y grave riesgo, ante la deslegitimación en particular de la labor del defensor Vidulfo Rosales Sierra, puesto que alienta las agresiones directas contra su vida e integridad. Por tal motivo, hacemos un llamado urgente a las autoridades para evitar que este tipo de conductas no distraigan la investigación del caso y que las familias puedan acceder a la brevedad posible a la verdad, a la memoria, y a la justicia».