Texto: Jesús Saavedra
Chilpancingo, Gro. 12 de mayo de 2021.- Cinco organizaciones nacionales e internacionales hicieron un llamado urgente a los tres niveles de gobierno para que atiendan la «grave» violencia, feminicidios, desapariciones forzadas y agresiones contra defensores de derechos humanos y periodistas en la región de la Montaña, hechos que se han agravado de enero del año pasado a la fecha.
En esa región el Centro de Derechos Humanos de la Montaña «Tlachinollan» ha emprendido desde hace un par de semanas la campaña «Mar de Agravios Montaña de Quebrantos», para llamar la atención de las autoridades de los tres niveles de gobierno y emprendan una campaña de atención a esos casos.
Por ello este martes y miércoles se trasladaron a esa región una misión de observación de organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales quienes recibieron documentación de esos casos y escucharon 8 testimonios de víctimas de desaparición forzada, 8 testimonios de agresiones a derechos humanos, 4 testimonios de violencia de género y 2 testimonios de periodistas, para elaborar una radiografía de lo que está sucediendo.
Tlachinollan ha documentado de marzo del año pasado a la fecha 20 casos de feminicidios, 15 casos de violencia sexual, 4 casos de desaparición forzada, 75 casos de violencia física contra mujeres y 73 casos de violencia económica contra mujeres.
El director de Tlachinollan, Abel Barrera Hernández sostuvo que esta campaña que iniciaron es para exponer las «angustias de las familias víctimas de violencia, de feminicidios, de desaparición forzada y de la indefensión en la que se encuentran niñas, jóvenes y adultas en la Montaña de Guerrero en un marco de impunidad, de violencia, de complicidades de las autoridades».
En la conferencia, Paola Pacheco de la organización de Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz) dijo que a la misión de observación le preocupa la «la falta de atención integral a los casos de desaparición forzada, por ello solicitamos a los tres órdenes que se realicen investigaciones imparciales y efectivas; que se haga procesos de identificación Forense de los cuerpos; que se garantice la seguridad a familiares en búsqueda de personas y se garanticen condiciones de seguridad para las familias que han denunciado esos casos y en particular del Colectivo Luciérnaga».
Por su parte, Mariana Mendoza de la Red Todos los Derechos para Todas y Todos señaló que en el caso de la violencia de género y feminicida, «hemos constatado y documentado la grave situación de violencia en contra de mujeres y que se ha agravado en este contexto de pandemia del Covid-19».
Lamento que en esos casos, «haya malas diligencias, corrupción que no abonan y permiten que esas violencias continúen en la impunidad; hay ineficiencia por la falta de protocolos en perspectiva de género con enfoque intercultural para atender la creciente violencia, llamado a que se garanticen condiciones de seguridad para que familiares emprendan esta búsqueda de justicia de la manera más pacífica».
Mario Hurtado de Espacio de Organizaciones de la Sociedad explicó que están aglutinadas 16 organizaciones que monitorean y acompañan defensores de derechos humanos y periodistas en el país y señaló que constataron «la grave situación de derechos humanos en esta región, nos solidarizamos con sus causas, hay limitaciones para el ejercicio de su labor de defensores y periodistas porque sufren actos de intimidación, hostigamiento, vigilancia y lo triste es que los principales agresores son agentes del estado, les pedimos que se abstengan y generen discursos de reconocimiento a esta labor de periodistas y defensores de derechos humanos».
Ángel Ruiz de la organización Fundar Centro de Análisis e Investigación, crítico que en la región de la Montaña en delitos y violaciones a los derechos humanos «persista la impunidad por la falta de justicia, ausencia de la investigación de como funciona la macro criminalidad, las instituciones públicas son utilizados para amedrentar a las víctimas, son un filtro y violan derechos humanos».
Por su parte, Lena Weber de Brigadas Internacionales de Paz (BIP) dijo que recibieron testimonios «sumamente preocupantes, hay problemas muy graves en los procesos de investigación, un aumento de violencia en la región y un nivel de impunidad casi total, ante esa situación recordamos a las autoridades que la Constitución tiene la obligación de garantizar los derechos humanos por las leyes mexicanas y tratados internacionales, tienen obligación de prevenir, sancionar y reparar violaciones de los derechos humanos».
En su intervención el abogado de Tlachinollan, Vidulfo Rosales Sierra aseveró que en la región hay «colusión de las autoridades con los grupos que delinquen y eso hace peligrosa nuestra actividad; hay dilación en el actuar de las autoridades, son indolentes, no tienen voluntad para que avancen las investigaciones por el pacto con los grupos delincuenciales».
Dijo que el objetivo es visibilizar «el dolor de las mujeres, han constatado la gravedad de los testimonios de feminicidios, de la violencia contra mujeres, de agresiones contra defensores y periodistas» y señaló que hay reacciones de las autoridades estatales y de la Fiscalía local para atender estas demandas públicas, pero del gobierno federal que encabeza, Andrés Manuel López Obrador «no hay ninguna reacción».
Recordaron que hace dos años acudió a un informe de Tlachinollan el subsecretario de Gobernación de Derechos Humanos, Alejandro Encinas Rodríguez quien hizo varios compromisos con víctimas de la región y que sólo se ha intervenido en el caso de la desaparición y posterior asesinato del activista, Arnulfo Cerón Soriano «fue la única ocasión de intervención firme y de ahí en fuera muy poca respuesta», aseveró.