Texto: Jesús Saavedra
Fotografía: Tlachinollan
Chilpancingo, Gro., 05 de agosto de 2021.- Del 2014 a la fecha en la región de la Montaña se tienen documentados casi un centenar de feminicidios, de los cuales solo se han castigado con una sentencia penal apenas dos casos, informó el Centro de Derechos Humanos «Tlachinollan» quien insistió que la pandemia del Covid-19 ha recrudecido la violencia contra las mujeres y que incluso ahora han pasado de ser víctimas a ser acusadas penalmente.
A través de un video en redes sociales, Tlachinollan anunció la segunda etapa de su campaña «Mar de Agravios Montaña de Quebrantos» «para denunciar todas las barreras que afrontan víctimas de violencia, víctimas de feminicidio, lejos de que encuentren justicia, ahora ellas están siendo procesadas de manera injusta y por eso lo estamos denunciando», aseveró el abogado, Vidulfo Rosales Sierra.
En su intervención el director de Tlachinollan, Abel Barrera Hernández reiteró que la violencia contra las mujeres en esa región «es muy preocupante porque a pesar de las alertas de género que hay en Guerrero, hay deficiencias que persisten, hay inercias y hábitos que no se han podido desarraigar en la Fiscalía General del Estado (FGE), su gran deficiencia es la atención a las víctimas, no hay una infraestructura idónea con personal especializado; uno de los retos en esta región es desarraigar la corrupción en la Montaña, donde la justicia está al mejor postor».
La abogada, Neil Arias Vitinio dio a conocer que del 2014 al 2020 tienen documentados 72 feminicidios y le han dado acompañamiento a las familias de las víctimas; pero desde el inicio de la pandemia en marzo del año pasado al mes de julio de este año se tienen documentados 25 feminicidios y que se ha disparado la violencia contra las mujeres en la Montaña.
Neil Arias explicó que por ejemplo de los 72 feminicidios cometidos del 2014 al 2020, recién se dio una sentencia condenatoria a uno de los asesinos de la señora, Florencia Sánchez asesinada el 24 de agosto del 2014 en la comunidad de Loma Tuza, municipio de Acatepec.
Indicó que este caso fue juzgado en el sistema penal tradicional y tuvieron que pasar 7 años para que uno de los asesinos de esa señora indígena fuera sentenciado a 27 años de prisión y que ahora han apelado a esa sentencia, «el Tribunal Superior de Justicia debe poner atención en este caso histórico, porque luego en las salas penales es donde se absuelve o se modifica la sentencia a los delincuentes».
Ponderó que de los 72 casos documentados, sólo uno ha recibido justicia en el sistema penal tradicional y con el nuevo sistema penal acusatorio de juicios orales, se ha sentenciado otro caso de feminicidio y uno más sigue en proceso, «pero que exhibe el nivel de impunidad y de falta de justicia en los asesinatos de mujeres en la Montaña».
La abogada informó que desde que inició la pandemia en marzo del 2020 a agosto de este año se tienen documentados 30 casos de delitos de carácter sexual «estamos hablando que se trata de menores de 18 años; tenemos 180 casos de violencia familiar y doméstica, 100 casos de violencia económica, «seguimos insistiendo que las mujeres sufren por ser pobres, por ser indígenas y por ser mujeres, han sufrido criminalización por denunciar violencia en el hogar, es grave que las instituciones de administración de justicia y ahora están siendo acusadas de delitos que se les fabrican».
En esta video conferencia, se dieron testimonios de la señora, Angélica de la comunidad de Yucunduta, municipio de Metlatónoc quien explicó que el año pasado sus suegros y su esposo la agredieron físicamente, «me corrieron de mi casa, por ello recurrí a interponer una denuncia por violencia intrafamiliar».
Abundó que «después mis suegros y mi esposo acusaron de haber robado cadenas de oro, ahora me quieren encerrar para quitarme a mis hijos, me han discriminado por ser pobre, un juez ya me quitó la custodia de mis hijos y es grave que han avanzado tres denuncias penales en mi contra y la denuncia por violencia intrafamiliar no avance».
Agustina de la comunidad de San Nicolás Zoyatlan, municipio de Xalpatlahuac denunció que sus suegros le quitaron a sus hijos por una denuncia que interpusieron, «se le formularon imputación de un delito que no cometió y estuvo arrestada 36 horas, son víctimas de violencia y han pasado a ser denunciadas penalmente».
Rosales Sierra, denunció que en el sistema de justicia en la región de la Montaña, «las audiencias en los juzgados se estén difiriendo, no se hace uso de la tecnología de manera virtual, se ha dejado libres a abusadores sexuales y en esta contingencia se están vulnerando los derechos de las mujeres indígenas que han sido víctimas de violencia».