Texto: Jesús Saavedra
Fotografía: Internet
Chilpancingo, Gro., 25 de septiembre de 2019.- La Coordinación Alemana por los Derechos en México aseveró que a cinco años de la desaparición de 43 estudiantes de Ayotzinapa en Iguala, aún queda por aclarar y deslindar responsabilidades por el uso de fusiles de asalto G36 que se utilizaron en el ataque de la noche de 26 y madrugada del 27 de septiembre en contra de los normalistas en los trágicos acontecimientos ocurridos en esa ciudad de la zona Norte de Guerrero.
En las horas previas al quinto aniversario de la desaparición de los 43 estudiantes, la Coordinación Alemana fijó una postura en torno a esos hechos y recordó que esa noche también fueron asesinadas 6 personas, «el paradero de los jóvenes sigue sin aclararse; para las familias, sus compañeros, la sociedad mexicana y para amplios sectores de la comunidad internacional esto es inaceptable» aseveró, Carola Hausotter de esa organización no gubernamental.
A través de un comunicado Carola Hausotter hizo una reseña del estado que guarda el caso y de la decisión de él gobierno de Andrés Manuel López Obrador de crear una Comisión para la Verdad y la Justicia en el caso Ayotzinapa y de los encuentros que ha sostenido con los padres de esos muchachos desaparecidos.
Señaló que la Coordinación Alemana respalda la decisión de la Fiscalía General de la República (FGR) «de reabrir las investigaciones y de procesar a los anteriores investigadores; ha sido probado que éstos se involucraron en manipulaciones del caso».
Lamentó que a cinco años de esta desaparición forzada hayan sido liberados ya 77 implicados en las investigaciones, entre ellos Gildardo López Astudillo «El Cabo Gil» uno de los principales lugartenientes del grupo criminal Guerreros Unidos (GU).
Por ello aseveró que a cinco años de este caso, «la voluntad política no es suficiente por si sola; Ayotzinapa sigue siendo un caso ejemplar para la impunidad sistemática y las otras más de 40 mil víctimas de desaparición forzada en México», indicó Carola Hausotter, quien sostuvo que para que se esclarezca el caso es necesaria y urgente la asistencia internacional al gobierno federal.
Carola Hausotter, subrayó que a cinco años de esos trágicos acontecimientos también el gobierno Alemán tiene responsabilidad pues permitió que la empresa Heckler&Coch vendiera a México y en particular al gobierno de Guerrero fusiles de asalto G36 que fueron «entregados de manera irregular».
Recordó que varios de esos fusiles fueron utilizados durante los ataques a balazos la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre del 2014, «fueron empleados durante el ataque; la empresa Heckler&Coch fue condenada en febrero del 2019 a una multa millonaria».
No obstante, aseveró que «no pudo demostrarse la culpabilidad de los principales responsables y el papel de los funcionarios alemanes en la operación no fue suficientemente aclarado; con esto el rastro de impunidad llega hasta Alemania», agregó.
De 2006 a 2009 la empresa Heckler&Coch (considerada la mayor productora de armas de infantería en el mundo) vendió a México y a varios gobiernos estatales 4 mil 500 rifles de asalto G36, con un valor de 4.1 millones de euros; de esa cifra mil 924 rifles de asalto se vendieron al gobierno de Guerrero que en ese momento encabezaba, Zeferino Torreblanca Galindo.
Esos casi 2 mil rifles de asalto fueron entregados a diversas corporaciones policiales de la entidad y después de los hechos del 26 y 27 de septiembre del 2019, se comprobó que al menos 36 fusiles G36 se utilizaron para agredir en diversos momentos a los normalistas en Iguala.
La normatividad de Alemania impide a empresas como Heckler&Coch de vender armas a Estados o naciones que se consideren existan violaciones a los derechos humanos, para evitar que accedan a armas que utilicen en contra de la población.
En aquel momento en el 2006, Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Chihuahua fueron modificados sus estatus de problemas en materia de Derechos humanos en el informe final que presentó la compañía Heckler&Coch que presentó al ministerio de Exteriores de su país y que a la postre le valió la aprobación para la venta de esos fusiles a México y a Guerrero en particular.
Tras los hechos de Iguala el gobierno Alemán inició una investigación por esta venta irregular de armas, lo cual fue sancionado con una multa millonaria y la sanción a varios directivos de esa empresa, aunque en México o en Guerrero no se hayan deslindado responsabilidades por la compra de ese armamento.