Texto: Luis Daniel Nava
Fotografía: Archivo
Chilapa, Gro., 24 de septiembre de 2021.- En la víspera del séptimo aniversario de la masacre y desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa, el Centro Regional de Defensa de Derechos Humanos, José María Morelos y Pavón (Centro Morelos) exigió al presidente de México Andrés Manuel López Obrador cumplir su promesa de dar a conocer la verdad del caso, saber el paradero de los estudiantes e identificar a los responsables de ese delito.
Y le cuestionó ¿Cuantas madres y padres de nuestros 43 compañeros normalistas van a morir sin llegar a conocer el paradero de sus hijos?
El Centro Morelos difundió un comunicado a propósito de los siete años de impunidad de los hechos de Iguala la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre de 2014. En el texto también hace un repaso de las últimas acciones del gobierno federal actual que contradicen su respaldo para los familiares de las víctimas.
“Se exige que el presidente de la República cumpla su palabra y no solo este dando tiempo para que su periodo de gobierno termine sin concretarse la investigación del caso. Nos queda claro que el grupo delincuencial llamado Guerreros Unidos no pudo por sí mismo llevar a cabo la desaparición de los 43 estudiantes, el asesinato de otros tres y alrededor de 20 lesionados, así como el asesinato de otros civiles”.
“Justicia es identificar, juzgar y castigar a los responsables intelectuales y materiales, ya sean policías federales o militares”.
El organismo señala que contradictoriamente el mandatario ha manifestado su intención de terminar con las normales rurales del país y que su gobierno hasta podría utilizar el accidente del pasado 17 de septiembre en la carretera de cuota hacía Tixtla donde perdieron la vida dos personas.
“Se ha iniciado una campaña en contra de la escuela exigiendo sea cerrada, obviamente esa campaña puede dar sustento para el gobierno de la 4T concretice sus planes, mientras que sigue sin entenderse por qué hasta ahora no se haya esclarecido el paradero de nuestros compañeros desaparecidos”.
También apunta a la decisión de desaparecer la Oficina Especial para el Caso Iguala, creada el 18 de diciembre del 2014 y de incorporar a la Guardia Nacional al Ejército.
“Dicha Oficina debiera permanecer hasta dar con el paradero de los normalistas. Por otro lado, se aprobó el articulo 21 constitucional para incorporar a la Guardia Nacional al Ejército, concretando con esto la militarización de la seguridad pública, olvidando que es la institución que más quejas acumula por violaciones graves a los derechos humanos”.
“Consideramos que estamos en un punto de quiebre donde se deben implementar verdaderas acciones de presión ya que estamos a la mitad del sexenio y pese a la buena voluntad del ejecutivo, esta no se ha traducido en acciones contundentes”, manifiesta el organismo.