Texto: Jesús Saavedra
Chilpancingo, Gro., 06 de octubre de 2021.- Familiares y víctimas de violaciones graves a los derechos humanos, acordaron pedir formalmente a la gobernadora electa, Evelyn Salgado Pineda, que cree un mecanismo extraordinario para que desapariciones forzadas, asesinatos y agresiones desde el estado no queden impunes y sean castigadas.
Lo anterior durante el foro “La incansable lucha del pueblo de Guerrero por la justicia y contra la impunidad”, que se organizó en el marco del 8 aniversario del asesinato de la dirigente de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS) Rocío Mesino Mesino y el 4 aniversario del crimen de Ranferi Hernández Acevedo y que se realizó en las oficinas de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (Ceteg).
El dirigente de la Ceteg, Freddy Gutiérrez Mayo, dijo que se debe alzar “la voz contra crímenes de estado, contra las violaciones a los derechos humanos, contra las desapariciones forzadas, no podemos quedarnos callados ante asesinatos como los de Ranferi y de Rocío”.
Doña Tita Radilla, de la Asociación de Familiares de Desaparecidos en México (Afadem) coincidió que desde el movimiento social y la búsqueda de justicia, “debemos de alzar la voz, hemos levantado la voz hace casi 50 años en la búsqueda de nuestros familiares desaparecidos en la guerra sucia, en su mayoría somos personas mayores con enfermedades pero seguimos en la lucha, a pesar de los golpes y del intento del gobierno por callarnos seguimos en esta búsqueda interminable”.
Señaló que en esa búsqueda de sus familiares, “los queremos en las condiciones en las que se encuentren, hemos hecho de todo sin que haya resultados; ha sido difícil esta búsqueda de nuestros familiares en medio del dolor y la desesperación, no haya ningún desaparecido más en este país”.
Nicomedes Fuentes García ex guerrillero y ex integrante de la Comisión de la Verdad de la Guerra Sucia, dijo que se debe de trabajar en “la justicia, la memoria, la no repetición de esas tragedias en el país” y consideró que debe haber más voluntad política para que se esclarezcan crímenes de lesa humanidad.
El director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan”, Abel Barrera Hernández, recordó que en México a la fecha “no se ha castigado a ningún servidor público que haya sido acusado de haber cometido graves violaciones a derechos humanos, eso sigue intocable, gobernadores siguen defendiendo intereses macrodelincuenciales en Guerrero”.
Señaló que quienes han hecho los cambios en el país, “son los movimientos de familias, campesinos, madres, no va a pasar nada con este nuevo gobierno, los cambios se dan desde la lucha del movimiento social”.
Por ello consideró que era necesario que en Guerrero “se requiere crear un mecanismo extraordinario para castigar delitos graves, una Fiscalía especial a atender casos graves que se avoque a investigaciones de defensores, periodistas, activistas, con apoyo de expertos de la ONU, no podemos esperar este cambio de gobierno y sin tener ninguna propuesta, crímenes de luchadores sociales, no esperemos que desde arriba construyan debemos de proponerlo nosotros” y se aprobó esa propuesta.
En el foro participaron familiares del ex fundador del PRD, Ranferi Hernández Acevedo; de la dirigente de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS) Rocío Mesino Mesino, ambos asesinados y sin que a la fecha se haya castigado a los responsables. También del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a La Parota; la viuda de Armando Chavarría, Marta Obeso; del periodista asesinado, Leodegario Aguilera Lucas y de presos políticos, del Colectivo Los Olvidados de Ayotzinapa, quienes se sumaron a esta propuesta de exigencia al gobierno de Evelyn Salgado Pineda.