*CDHEG niega atención a la queja interpuesta por agraviado, se deslinda y la turna a la comisión nacional.
Texto y Fotografías: Fabiola Ramos
Acapulco Gro., 06 de febrero del 2022.- El magistrado Julio Lorenzo Jáureugui García del Poder Judicial, quien fuera anteriormente de Derechos Humanos, es acusado por el comerciante acapulqueño Policarpio Pineda Baltazar, de violentar sus derechos al notificarle a destiempo sobre una audiencia donde presentaría su defensa de un juicio administrativo que sigue en esa instancia.
Sobre esta irregularidad también se vio involucrada la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Guerrero (CDHEG), Cecilia Narciso Gaytán quien se negó a dar seguimiento a la queja interpuesta por el afectado y a emitir la recomendación contra el magistrado Jáuregui García.
Con referencia a dicho juicio, la segunda secretaría de acuerdos, le notificó el día 2 de febrero a las 17:30 horas de su comparecencia que se llevaría a cabo al día siguiente a las 11:00 horas, esto ocurre previo a que el agraviado acudió a esa instancia una semana antes y no le fue informado en tiempo y forma, por lo que a destiempo no pudo presentar sus alegatos en su defensa; por lo que hace un llamado al Presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) para que atienda este tipo de irregularidades que atentan contra los derechos de las personas abusando de su ignorancia.
Por otro lado, Pineda Baltazar dijo que con fecha 14 de julio de 2020, solicitó una cita ante el TSJ para presentar su inconformidad y documentos probatorios asignandole una cita para el 28 de agosto del mismo año; sin embargo, el magistrado involucrado en su informe al Tribunal Superior omite este hecho.
Bajo ese contexto, el comerciante interpuso una queja formal ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) donde expone que es víctima de abuso de un magistrado del TSJ quien teniendo conocimiento de que el agraviado no sabe leer ni escribir, ordenó la notificación para la audiencia a escasas horas de que esta se llevara a cabo.
Ante este hecho, el llamado que se hace es dirigido hacia el Presidente del Tribunal Superior de Justicia, Raymundo Casarrubias Vázquez para que, conforme a su responsabilidad, erradique viejas prácticas que atentan contra los derechos de quienes buscan justicia, como el caso de Pineda Baltazar, que en evidente situación de vulnerabilidad se le ha entorpecido su proceso de defensa y acceso a la justicia.