Texto: Jesús Saavedra
Fotografía: Archivo
Chilpancingo, Gro., 10 de febrero de 2022.- El Colectivo Nacional de Sobrevivientes en el Caso Ayotzinapa denunciaron que un juez federal del Estado de México los amedrentó y les exigió que informaran de sus domicilios e identidad cuando intentaban rendir testimonio en contra de presuntos responsables de la desaparición forzada de 43 normalistas en Iguala en septiembre del 2014.
Este jueves los integrantes de este Comité dirigieron un escrito al presidente, Andrés Manuel López Obrador; al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea.
En el escrito explican que forman parte de una organización de la sociedad civil que está integrada por sobrevivientes de los hechos del 26 y 27 de septiembre de 2014 en la ciudad de Iguala, Guerrero, «que derivó en el asesinato de tres de nuestros compañeros y la desaparición de 43 de ellos por elementos de las fuerzas de seguridad municipal, estatal y federal. Por este motivo, somos los más interesados en obtener justicia y verdad lo cual consta en las carpetas de investigación en poder de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa (UEILCA)».
Indicaron que este jueves fueron testigos de «un acontecimiento que no abona en el acceso a la justicia, sino todo lo contrario, los integrantes de este Colectivo nos presentamos ante el titular del Juzgado Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México, Enrique Beltrán Santes, con la finalidad de testificar y ratificar nuestras declaraciones, ya presentadas ante la UEILCA».
Denunciaron que en la diligencia el Juez Enrique Beltrán Santes «y la parte acusada amedrentó, señaló y exigió a las víctimas presentar públicamente, tanto a Ministerios Públicos, abogados defensores de los imputados en el caso (actores materiales e intelectuales de la desaparición de nuestros 43 compañeros y de los hechos ocurridos en Iguala, Guerrero) sus identificaciones oficiales (INE), mostrar rostros y voz no distorsionada para que pudieran ser tomadas en cuenta sus declaraciones».
Los integrantes del Colectivo aseveraron que la actitud del juez y los abogados de los acusados «violan los convenios internacionales de derechos humanos y los mecanismos de protección a víctimas, ratificados por el Estado Mexicano, como el de identidad reservada que guardan todas las víctimas declarantes de este hecho y cualquier hecho similar, incluso en secuestros, que no es delito menor, pero es un paso para llegar a la desaparición forzada, y principalmente exponiéndonos a represalias futuras por los implicados».
Señalaron que esa situación, «nos demuestra la poca sensibilidad que tienen los sistemas judiciales en México con la protección a víctimas, pues el procesado cuenta con debido proceso, pero no la víctima, pues el que se presente ante el Juez a exigir justicia crea duda, que debe ser sometida al escrutinio no solo del Juez, sino de los defensores, debiendo de acreditar no sólo identidad, sino domicilio; ya es bastante el comparecer ante un Juez a sercuestionados si somos o no sobrevivientes, sino ahora develar nuestro domicilio para que cualquier persona sepa dónde buscarnos para ser sujetos de represalias».
Por ello exigieron al «Estado Mexicano prestar las medidas necesarias para la protección a víctimas en el Caso Ayotzinapa, asimismo la intervención de los Organismos Internacionales de Derechos Humanos para vigilar las acciones sobre las víctimas», finalizaron.