Texto: Jesús Saavedra
Chilpancingo, Gro., 28 de marzo de 2022.- El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) presentó su tercer informe de trabajo, donde aseguró que el gobierno federal de Enrique Peña Nieto y del estado de Guerrero “simularon, manipularon, ocultaron y tergiversaron información” para que la verdad sobre el caso Ayotzinapa se “haya perdido desde un primer momento”.
Este lunes los integrantes del GIEI presentaron en la Ciudad de México su tercer informe de labores, como una instancia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de apoyo y asistencia jurídica a México en las investigaciones de la desaparición de los 43 normalistas en septiembre del 2014.
En el sexenio de Peña Nieto, el GIEI ya había trabajado con autoridades de nuestro país a petición de las madres y padres de los muchachos desaparecidos; en el 2020 ya con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador regresaron al país a incorporarse a la Comisión presidencial para la Verdad y la Justicia en el Caso Ayotzinapa.
De esta tercera asistencia presentaron este informe donde de manera contundente derriban la hipótesis de la “verdad histórica” del caso que sostuvo quien fuera titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Jesús Murillo Karam y que sostenía que los 43 muchachos fueron asesinados e incinerados en el basurero de Cocula.
Claudia Paz y Paz integrante del GIEI, dio a conocer en la conferencia que del 2020 a la fecha han avanzado en las investigaciones por tener acceso a “fuentes documentales del Cisen, Sedena, se han hecho importantísimos hallazgos desde la Unidad Especial de la FGR para este caso, ha sido posible por la voluntad y apertura de los archivos que fue ordenada por el presidente, por el acompañamiento de autoridades”.
Aunque acotó que hace falta “acceder a archivos de inteligencia, militares, falta que se entreguen otros documentos de inteligencia que hemos solicitado en reiteradas oportunidades por su importancia para el pleno esclarecimiento de los hechos, persiste muchas dificultades de acceso a la investigación, de judicialización de algunos casos”.
La comisionada dijo que han podido documentar que el 26 y 27 de septiembre del 2014 hubo un seguimiento de inteligencia a los normalistas de Ayotzinapa, “es histórico, documentar que había un seguimiento contrainsurgente a las actividades de los estudiantes, hay orden expresa de autoridades militares de dar seguimiento dos días antes del 26 de septiembre”.
Señaló que las autoridades federales y del gobierno del estado “contaban con información minuto a minuto de lo que estaba ocurriendo, los mismos estudiantes estaban infiltrados, había fachadas de estudiantes”.
Dijo que las autoridades Centro de Coordinación Guerrero que presidía el entonces gobernador, Ángel Aguirre Rivero “contaban de informaciones de siembra cultivo de amapola, producción de heroína y trasiego de autobuses, no era ninguna novedad y esa información se nos ocultó, autoridades sabían qué ocurría en el momento de detención y desaparición de los 43 estudiantes”.
Ángela Buitrago, fue más contundente y afirmó que de acuerdo a sus investigaciones hubo una acción de las autoridades “de simulación en el momento de los hechos, de la iniciación de la investigación en octubre, en el momento la investigación de PGR”.
La comisionada subrayó que sostienen “categóricamente que las autoridades ocultaron, cambiaron información, negaron conocimiento de los hechos para hacer creer que no conocían el paradero de los estudiantes, de su detención y desaparición, de la situación de violencia en Guerrero, en particular en Iguala”.
Reveló que ante la gravedad del asunto, se detuvieron y presentaron “como posibles responsables, crean y recrean toda una escena con el fin de calmar las cosas, desde ese primer momento la verdad se perdió, no se puede decir que no se pueda recuperar”.
Dijo que la PGR “construyó versiones a través de simulaciones de llamadas anónimas que nunca existieron, hay constancia de llamadas creadas de manera ficticia que se prestaron para esa simulación, bitácoras que se alteraron, se cambiaron el número de patrullas que intervinieron en los hechos, se destruyeron evidencias, hay actas de PGR falsas, el mayor caso de simulación es el acto de tortura contra varios supuestos responsables”.
Luego presentó videos y documentos, donde echa por tierra la versión que los 43 normalistas fueron asesinados e incinerados en el basurero de Cocula, pues recordó que esa versión oficial se presentó el 26 octubre 2014 “en una diligencia obtenida bajo tortura, el 27 octubre se adjuntan más versiones obtenidas bajo tortura, el 28 de octubre se realiza una operación Río San Juan (de donde obtienen bolsas con restos) era una operación ilegal”.
Indicó que hay evidencias que hubo una “intervención anterior a las diligencias del 27 de octubre, actores que no tenían competencia y rango en la investigación”.
Inclusive informó que antes de conocerse esa versión histórica, Murillo Karam y unas 12 personas (presuntamente Marinos) estuvieron en ese basurero desde las 6 de la mañana a las 11 de la mañana, “el acta que reporta el hallazgo de bolsas y restos en el río San Juan es falsa”.
Francisco Cox insistió que se “construyó una mentira desde las más altas esferas del poder”, recordó que 22 personas relacionadas con la desaparición forzada de esos muchachos han muerto, 20 de ellas asesinadas y 2 de muerte natural.
Pidió al Ejército que entregue la información certificada para poder judicializar carpetas de investigación y poder llamar a cuentas quienes hayan cometido un delito por omisión o acción en esta desaparición forzada.
Cox Vial fue lacónico también en afirmar que en sus investigaciones, “no hemos tenido ninguna noticia que puedan estar con vida los 43 estudiantes, las investigaciones dan de lugares y fosas, pero no en vida, resulta fundamental que las autoridades no creen falsas expectativas en los familiares de los 43″.
Informaron que en este informe entregaron 26 recomendaciones de acceso pleno a archivos militares, fortalecimiento de la investigación; procesos de búsqueda; investigación de torturas; apoyo a los familiares y la entrega de información a la Unidad Especial de la FGR y la Comisión de la Verdad en otras violaciones graves a derechos humanos.
Guillermo Fernández Maldonado Castro de la Oficina de Derechos Humanos ONU lamentó que aún haya “obstáculos estructurales que persisten en el estado mexicano para conocer lo ocurrido en septiembre del 2014, las secuelas de acciones, omisiones, encubrimientos, no se ha podido responder la pregunta más importante de dónde están los estudiantes, el estado mexicano tiene obligación de verdad, justicia y resarcimiento del daño, pero con perseverancia llegara a la verdad”.
Doña Cristina Bautista madre de un normalista desaparecido, agradeció el informe y que lo iban a analizar en el Comité, “que se investigue a todos los implicados, que den información necesaria y podamos llegar a la verdad” y anunció que este martes a las 11 de la mañana van a fijar una postura sobre este informe.