Texto: Bernardo Torres
Fotografías: Eric Chavelas Hernández
Chilpancingo, Gro. 06 noviembre 2019.- De aproximadamente tres mil maestros que se encuentran comisionados en áreas administrativas, 400 han sido por problemas de inseguridad, y de estos 390 han sido reubicados este año en otras escuelas frente a grupo, reveló el secretario de Educación Guerrero (SEG), Arturo Salgado Urióstegui.
Esto, debido a que con los nuevos lineamientos en materia educativa, todos los trabajadores con clave de docente deben estar frente a grupo y no en áreas administrativas como se vino haciendo años atrás, en que quienes pedían cambios de adscripción se comisionaban en oficinas de la Secretaría.
«Hoy ya la ley es muy clara, no podemos enviar a nadie, si alguien se jubila o renuncia en un área administrativa, es la plaza la tenemos que enviar a las escuelas, ahora cualquier plaza que tengamos que otorgar a algún compañero, debe estar en escuelas, no en oficinas y tenemos que ser muy puntuales en el cumplimiento de esa ley», indicó.
Los cambios de adscripción, explicó, son además un derecho de los trabajadores de la educación, por lo que cada año se abre un programa para dicho fin, siempre y cuando cumplan con una serie de requisitos, y este año fueron alrededor de mil 390 cambios.
Específicamente por problemas de inseguridad, dijo que han sido más de 400 los que se han solicitado a la secretaría, aunque no todos serán otorgados, pues no se pueden dejar escuelas sin la atención requerida «Hemos pedido a los directores y supervisores que nos ayuden, porque no podemos estar en una dinámica de cambios mes con mes».
Esta situación de los comisionados y docentes frente a grupo, expuso, está siendo vigilada estrictamente por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), con notificaciones de manera aleatoria, para que entreguen documentación que comprueben que están frente a grupo.
Señaló que la ASF está requiriendo a la SEG que todo el presupuesto destinado para el pago de maestras y maestros, los beneficiados deben estar en un centro de trabajo, no es persecución ni nada, sino una obligación de informar al Gobierno Federal de que se está haciendo buen uso del presupuesto.
«Yo les pediría a los compañeros a quienes se les está requiriendo esta información le entreguen, ya sean constancias de que están en determinado centro de trabajo, un horario de clases, su curp, todos sus documentos personales, todos estamos obligados a transparentar lo que estamos haciendo», puntualizó.